'La paz no ha sido posible por el narcotráfico': Gaviria

20 años después de la promulgación de la Constitución de 1991, el expresidente César Gaviria reflexiona sobre su valor y los temas pendientes.

Alejado de las lides políticas –por voluntad propia–, el expresidente César Gaviria vuelve al primer plano nacional con los 20 años de promulgación de la Constitución de 1991, que se conmemoran mañana 4 de julio. Fue él quien interpretando el querer popular en la denominada ‘séptima papeleta’, mientras era primer mandatario, convocó a una Asamblea Nacional Constituyente para darle un nuevo rumbo político y social a Colombia. Rumbo que, algunos dirán, se ha extraviado.

En entrevista con El Espectador, Gaviria recuerda aquella época aciaga que derivó en la Constituyente, habla del valor de la nueva Carta Política y los temas aún pendientes, responde a los inconformes y,  saliéndose de la línea de no hablar de política públicamente, da su opinión sobre el gobierno Santos.

¿Qué visión tiene usted de toda esa turbulencia que antecedió a la Constituyente del 91?

Había situaciones de orden público supremamente graves. Habían empezado las primeras grandes masacres de los paramilitares. Vivimos a lo largo del gobierno del presidente Barco un proceso de marchas campesinas armadas, con el Eln infiltrado en ellas, que culminó el día que secuestraron a Álvaro Gómez y con la muerte de un coronel y de muchos soldados. Los temas de la justicia realmente eran dramáticos. Ni el país ni el sistema judicial estaban preparados para el narcoterrorismo. La Fiscalía, que había sido aprobada formalmente en una reforma constitucional, no había salido. Nos tocó hacer algo casi inaudito: por decreto de Estado de Sitio creamos una jurisdicción de orden público a la que le atribuimos los temas de narcotráfico. Creamos jueces secretos, testigos secretos, eso era algo totalmente anormal desde el punto de vista institucional y que había que resolver porque eso tenía que ser un tema transitorio. Obviamente la violencia del narcoterrorismo, cuya máxima expresión fue la muerte, un mismo día, de Luis Carlos Galán, del magistrado Carlos Valencia y del director de la Policía en Antioquia, Valdemar Franklin Quintero, y después los atentados que vinieron y las bombas que estallaron a todo lo ancho de Colombia crearon un tema de ilegitimidad para las instituciones y un desafío gigantesco que fue el que dio origen a ese clima político tan excepcional que se dio y que permitió no solo que el presidente Barco decretara la contabilización de las papeletas, sino que hizo que por un acuerdo político que hicimos con todos los partidos, se pudiera convocar la Constituyente y que la Corte Suprema, entendiendo la gravedad del momento político que estábamos viviendo, aceptó el decreto, que yo expedí, lo declaró constitucional y de ahí partió el proceso.

Hay críticos que dicen que fue una Constituyente arrodillada a Pablo Escobar, recordando el escándalo de la negociación de la extradición…

No es sino mirar la lista de los constituyentes para saber que no fue así. El único semi-escándalo que hubo fue una cosa que evidentemente fue arreglada y que pretendió mostrar que un señor, que era constituyente y que pertenecía a las autodefensas del Magdalena Medio, iba a recibir plata para votar el no a la extradición. Eso es francamente ridículo, se buscaron a la persona más inadecuada para hacer ese montaje. Si se prohibió la extradición, creo que los constituyentes lo votaron así porque la inmensa mayoría de los colombianos, y eso está en las encuestas, la asociaban con el terrorismo y los llamados extraditables vendieron ese mensaje. En su momento, el Gobierno dijo que ese no era un tema constitucional, pero la Constituyente -en su sabiduría- lo decidió así y lo acatamos porque entendimos que ese era el momento político que el país vivía.

20 años después ¿cuál es su reflexión sobre el gran aporte de la  Constitución del 91 al país?


La Constitución de 1986 cumplió su papel, que fue preservar la unidad del país ante una autoridad presidencial muy débil y la casi desintegración nacional. Un siglo después, la idea central que empezamos a tramitar desde el gobierno del presidente Barco, en una reforma que yo como ministro der Gobierno pasé en primera vuelta, era una constitución que no se basara simplemente en el cumplimiento de la ley o en el ejercicio de la autoridad sino en proteger los derechos de los ciudadanos. De ahí surgió la tutela, la jurisdicción constitucional y todo lo que vino después.

Habló usted de una hoja de ruta para garantizar los derechos, pero hay quienes señalan que la Constitución del 91 es sólo un manual de buenas intenciones que no se puede cumplir, como en el caso del derecho a la salud y a la pronta justicia…


Empecemos por lo de la salud y la Ley 100. El cubrimiento del sistema de salud colombiano ha sido dramático; partimos creo que del 18% y hoy estamos por los lados del 90%, de manera que no podemos decir que no se ha cumplido. Es cierto, el sistema tiene muchos problemas que no son esencialmente de la Constitución y ni siquiera de la Ley 100. El problema es que los gobiernos no se han movido con la suficiente diligencia para solucionar problemas que se hubieran podido resolver por la vía legal e incluso por simple voluntad política. El tema del acceso a la justicia no se ha resuelto, es una tarea pendiente y por eso creo que ese debería ser el enfoque de la reforma que se plantea a la rama. Aún así, la tutela es precisamente acceso masivo de los ciudadanos a la justicia. Ahora, los problemas fundamentales de la justicia no tienen que ver con la Constitución, sobre todo en lo que tiene que ver con mejorar su eficacia.

¿En qué cree que tendría que cambiar aún la Constitución?

En los temas de control político y un estatuto de la oposición es mejorar dicho control político y que la gente tenga información para hacer debates y para juzgar. Acá hay una costumbre, cada vez peor, de que el Congreso ni siquiera discute el presupuesto y los informes de los ministros o del mismo presidente no tienen ningún tipo de vigilancia. La moción de censura, aunque no se puede decir que no  ha servido para nada, tampoco es que haya funcionado bien. Casos como estos hay muchos, lo cual no quiere decir que lo que hemos hecho esté mal, sino que aún hay cosas por hacer. La Fiscalía y la justicia constitucional ha funcionado bien y lo que no está funcionando bien es lo que hay que reformar. Y claro, no se puede pensar que todo tiene que ser cambiando la Constitución.

¿No produjo la Carta del 91 la politización de la justicia?

No lo veo así. El respeto a los derechos sociales y fundamentales son un tema político, y los fallos de la Corte Constitucional son para hacer cumplir esos derechos. Que el origen de la Corte sea como el que hemos visto es algo que no está siendo cuestionado hoy. Yo no he visto que la justicia se haya vuelto política. Se discuten los temas que falla la Corte Constitucional pero es que son para discutirlos y los ciudadanos tienen derecho. Ahora, los de la Corte Suprema hay que acatarlos y punto.

Unos dicen que la nueva Constitución debilitó el poder del presidente y otros que le dio mucho ¿usted que cree?


Recuerdo que el debate que hubo, particularmente con el expresidente Samper, era que habíamos debilitado el poder presidencial. Es cierto, hoy ese poder es muy inferior al que tenía la Constitución del 86 y todavía se puede avanzar más en quitarle. Ese es un debate legítimo. 

Claro que esas tesis puede ser rebatida con las muestra de poder presidencial durante el mandato Uribe…

La única tesis que se había planteado era que se le había quitado mucho poder al presidente y que muchas de las dificultades para gobernar radicaban en ello. Cuando el presidente Uribe llegó, demostró que el presidente tenía mucho poder y yo mismo me encargué de señalarle que las cosas que él quería hacer para mejorar la seguridad se podían hacer a través de estados de excepción, solo que después tenían que ir al Congreso para volverlas legislación permanente.

Unos dicen que la única manera de reformar a la justicia es con otra constituyente ¿será?


Se puede citar a constituyentes, esa es una de las cosas que hizo la Constitución del 91, validar dichos procesos, pero hay que tener en cuenta que esos son instrumentos no soluciones. El que crea que se debe citar a una constituyente, pues que diga cuáles son los artículos que hay que modificar y así se mira si tiene conveniencia o no. Eso sí, todo debe ser en los términos de la Constitución.

¿De todas maneras no sería ello un salto al vacío?

Lo que digo es que para analizar la idea no basta con decir que citen a una constituyente y ya. Que digan para qué y así uno puede mirar si se justifica o no. Ahora, no creo que sea necesaria.

¿Qué quedó mal en lo de la justicia que hace necesario plantear una reforma de fondo?


Los problemas que aún tiene la justicia son más de tipo legal y administrativo y hay que mirarlos sector por sector para ver cómo se hace pronta y cumplida. Puede ser necesario cambiar algunos artículos de la Constitución, aunque yo no creo. No veo la necesidad hacer grandes cambios para resolver los problemas de la justicia. Hay unos problemas por resolver que son más urgentes y que no tienen que ver con cambios en la Constitución. Por ejemplo, la reforma en materia de arbitramento tiene mucho sentido. Hay que usar más esa herramienta y hay otras formas de justicia que se pueden fortalecer sin que sea necesario tocar la Carta del 91.

¿Es necesario reformar la tutela?


Creo que la Corte Suprema debería revisar los argumentos de la Corte Constitucional antes de que esta falle. Entre otras cosas, ni las cortes se han puesto de acuerdo. Han avanzado un buen camino, puede ser que avancen hasta quedar no totalmente satisfechas, porque ahí hay intereses que son muy encontrados, pero es un problema cada vez menor.

La Constitución del 91 se concibió como una herramienta para alcanzar la paz ¿por qué 20 años después no se ha logrado?


Por el narcotráfico. En la medida en que la guerrilla se criminalizó y se dedicó al negocio de la droga, eso ha hecho muy difícil alcanzar la paz. Pero hay una cosa que nadie puede negar, como quiera que todos los sectores contestatarios de la sociedad colombiana participaron del proceso de la Asamblea Nacional Constituyente, hoy no tenemos sectores urbanos o sectores importantes que defiendan la lucha armada o la combinación de las formas de lucha. Eso desapareció. No hay nadie que participe en la vida social y pública de la nación que legitime ninguna forma de alzamiento armado. Los argumentos para ello desaparecieron y no creo que haya sectores serios de la vida colombiana que digan que los problemas del país pasan por una mala constitución.

¿Sigue teniendo la Constitución del 91 muchos enemigos?

No creo, y no se han visto. Hay discusiones legítimas y nunca van a desaparecer, como la de que si el poder presidencial es mucho o poquito. Puede que digan que hay muchas tareas pendientes desde el punto de vista institucional, pero en general la inmensa mayoría de los colombianos validan y reconocen la importancia de la Constitución y aceptan que hay muchas normas que han funcionado. Hasta hay cosas que en un comienzo fueron discusión y ya pasaron al olvido, como que seamos un país aconfesional, lo del divorcio o que no estemos en Estado de Sitio permanente. Ahora las discusiones vigentes tienen que ver, por ejemplo, con la reforma a las transferencias a las regiones, o sobre la tutela. Y son  discusiones legítimas.

¿Y son legítimas las más de 30 reformas que se le han hecho?

Hay muchas inocuas y otras inconvenientes, pero no creo la Constitución se haya desnaturalizado para nada. La reforma de 2003 que permitió organizar un poco los partidos fue buena y la Reforma Política que se aprobó a finales del pasado gobierno no me dejó satisfecho para nada. Lamentamos, por ejemplo, que no se hubiera aplicado de forma inmediata la silla vacía. Los cambios que se han introducido no son muy grandes y lo que creo es que hay muchos temas constitucionalizados. Todo el Estado, cada institución y sus funciones, está en la Constitución y cada vez que se va a cambiar una cosa en la administración pública, toca cambiarla. Eso no debería ser así. Por ejemplo, está el caso de la Comisión Nacional de Televisión, algo que nunca ha debido estar en la Constitución. Más allá de que sea buena o mala, ese no es un tema constitucional. El Estado se puede organizar desde el punto de vista administrativo con simples leyes.

¿El acto legislativo de sostenibilidad fiscal rompe la columna vertebral de la Constitución?

Entiendo que lo que se aprobó habla de un criterio que debe aplicar la Corte Constitucional y no creo que ella tenga problemas en aplicar dicho criterio. Otra cosa era quitarle  al alto tribunal la facultad de tomar ciertas decisiones y otra es señalar su criterio.

¿Qué significó para la carta del 91 la reelección de Álvaro Uribe?

Debemos acatar los fallos de la Corte Constitucional que dijo que una reelección era viable y la segunda no. Eso es lo que hay que hacer, aunque yo no tengo particular simpatía por la reelección. Ahora, si esa norma se va a quedar en la Constitución, y no creo que valga la pena abrir ese debate ahora, si deberíamos pensar en lo que el Partido Liberal propuso en el sentido de quitarle al presidente algunas facultades que le permiten intervenir en la elección de las personas que encabezan los órganos de control. Eso genera una concentración de poder inconveniente. Inevitablemente, un presidente que aspira a la reelección tiene mucho más poder  y tiene ventajas que son obvias. Por eso se debe garantizar que no abuse de ese poder.

¿Ha sido la reelección la reforma que más daño le ha hecho a la Constitución?

Sobre todo la segunda, porque a mí me parece que el mandato del presidente Uribe se sacrificó mucho en gobierno y administración en la búsqueda de esa reelección. Buena parte de los problemas que estamos viviendo hoy hacen relación con eso.

¿Se refiere a los escándalos de corrupción?

Sí, los problemas que han resultado por la falta de control y desbordamiento tienen mucho que ver con ese tema der buscar una segunda reelección. La búsqueda por cambiar una norma como esa en mitad del camino hizo mucho daño.

Por cierto, la nueva Constitución como que no sirvió en nada para acabar con la corrupción…


La Constitución no puede corregir el comportamiento humano, pero hubo normas que son muy útiles, como eliminar la inmunidad y pasar el juzgamiento de los congresistas  a la Corte Suprema. También lo de la pérdida de investidura, que creo se ha usado con mucha severidad o acabar con los auxilios parlamentarios. El acceso a la información y las licitaciones hoy son más transparentes y más públicas, no se hacen a puerta cerrada. Es probable que haya que hacer muchas más cosas pero no creo que para eso sea necesario meterse con la Constitución. Por ejemplo, en el tema de las obras públicas, hay que ejercer más control sobre los compromisos de las firmas, hay que mirar antes de abrir las licitaciones que las compañías cumplan con los requisitos y que tengan capacidad para realizar las obras. Las normas que se aprobaron para combatir la corrupción dentro de la Constitución fueron buenas, tal vez no suficientes, pero fueron buenas.

¿Debe haber doble instancia para el juzgamiento de congresistas?


Sí, esa es una norma del derecho conveniente que vale la pena discutir. Sin embargo, yo diría que la fórmula de que sea la Sala Penal de la Corte Suprema la que realice ese examen ha salido bien. Usualmente uno debe tener la tendencia a no cambiar lo que está funcionando, pero eso no debería ser incompatible con la determinación de una doble instancia.

Cuándo usted habla de regular subsidios ¿a qué se refiere? ¿Será porque aquí todo lo que tiene que ver con subsidios termina en escándalo?


Lo que digo es que hay que hacerlo con transparencia y eso lo están violando sistemáticamente. Los subsidios deben estar incluidos en el presupuesto y no se deben resolver al calor de las necesidades o de las plazas públicas. Falta control. No puede ser que haya muchas más personas con subsidio de salud que pobres y los subsidios no se tratan como un derecho de la gente sino como un favor político, lo cual hace mucho daño. Los subsidios de vivienda que estableció el presidente Samper cuando era ministro de Desarrollo, son una buena idea; los de educación también. Es una manera de que la plata no se quede en las instituciones sino que le llegue a la gente y así lo planteó la Constitución del 91.

¿El mal manejo del gasto y del otorgamiento de subsidios también obedece a la falta de control político del Congreso?


El gobierno tampoco es riguroso. La Constituyente del 91, en su sabiduría, decidió no meterse con la reforma del presidente Carlos Lleras que decía que la iniciativa del gasto era del Ejecutivo. Creo que eso era así, pero la idea es que las decisiones se tomaran cumpliendo unos parámetros en el Conpes y por la Secretaria Técnica de Planeación. Eso se ha abandonado y ahora las cosas se deciden al calor de las coyunturas políticas o económicas.

¿No cree que más allá de la tutela, ha faltado desarrollar otros mecanismos de participación ciudadana?

Sin duda, los sistemas de participación que se regularon en mi gobierno hay que mirarlos para ver cómo se hacen más eficaces, sin destruir la gobernabilidad.

¿Por qué 20 años después no ha sido posible sacar adelante el estatuto del trabajo?


Se han expedido muy pocas leyes estatutarias, no sé si alguna distinta de la de los mecanismos de participación ciudadana. Aquí tenemos una falla grande, sobre todo en los que tiene que ver con los derechos sociales, que deben tener leyes estatutarias que señalen cómo se ejercen. Allí hay un enorme vacío y muchos de los problemas de la salud tienen que ver con ello.

¿Será que por eso es que las cortes han terminado legislando con sus fallos?


Que el Ministerio de Salud no tenga un mecanismo al cual acudir para resolver sus diferencias con las EPS y éstas o sus usuarios tengan que acudir a un juez antes que al Ministerio, es un absurdo. Tiene que haber una autoridad que le diga al ciudadano: usted tiene razón o no la tiene y ponérselo por escrito. Eso no le quita al ciudadano el derecho de acudir a un juez, pero si una autoridad le dice que según las normas no tiene algún derecho, es muy probable que no vaya o es muy probable que la EPS le haga caso al Ministerio si en su concepto le dice al ciudadano que sí tiene derecho.

¿Entonces cuál es el trasfondo de la crisis en la salud?


Hay cosas que se pueden hacer sin meterse con la ley: que los hospitales de las EPS compitan con los demás. La idea era tener un sistema donde hubiera competencia, no donde las EPS crearan monopolios. No tengo particular simpatía con la integración vertical, pero creo que el principal problema es que dejaron que se volvieran pequeños monopolios y la constitución del 91 lo que buscaba era amparar el derecho a la competencia que tenían los ciudadanos. No hay que dejar que las empresas que prestan el servicio o que venden artículos de consumo hagan acuerdos de precios. Yo no creo que para eso se necesiten leyes, pero si se necesitan, hay que tramitarlas. Para ejercer control y decirle a las personas a qué tiene derecho, no es necesaria una ley. Si el POS se define con claridad, el Fosyga será un mecanismo de excepción y no la regla.

¿Cómo ha visto el gobierno Santos?

Ha sido un muy buen gobierno y está haciendo las cosas bien. Ha introducido rectificaciones muy importantes y necesarias, y en lo que a mí tiene que ver y en lo que tiene que ver con el Partido Liberal, nosotros no solamente nos sentimos cómodos sino que lo apoyamos y somos parte de él.

Por cierto, su hijo Simón será el próximo presidente de la Cámara…


No tengo mucho que opinar al respecto. Me alegra que sea presidente de la Cámara, pero él tiene su propia vida política y en ningún momento ha dependido de su papá ni creo que se vaya a poner en esa situación. Él ha hecho una carrera independiente y, desde el punto de vista personal, me alegra que llegue más joven que yo a tal dignidad.

¿Ve manos negras queriendo torpedear la labor del presidente Santos?


Para ser más preciso, creo que en este país sí hay unos sectores de ultraderecha que quieren obstaculizar y que ya pueden estar obstaculizando, por ejemplo, la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Yo no puedo interpretar al Presidente pero sí puedo decir que hay sectores de la derecha que se oponen a que esas nuevas normas se apliquen cabalmente en la sociedad colombiana.

Usted habló hace poco de la reunificación liberal ¿es posible?


Es posible, pero no creo que sea imprescindible ni totalmente necesario. Lo veo como una cosa conveniente, pero entiendo que en la agenda del presidente Santos no es un tema que tenga prelación. Ese es un proceso que va a ser largo, si es que se va a dar. No creo que haya grandes diferencias ideológicas entre los sectores que surgieron en el gobierno del presidente Uribe, pero no quiero entrar en ese tema porque eso es algo que tienen que juzgar Cambio Radical y el Partido de La U.

Claro que si el objetivo es que el liberalismo vuelva al poder, sin duda sería importante la reunificación…

Nosotros somos parte de un gobierno que, sentimos, cumple muy bien los objetivos del Partido Liberal.

O sea que para usted, el presidente Santos sí está gobernando con las ideas liberales…

Sin duda. No puedo decir que cada cosa que hace sea liberal, pero la Ley de Víctimas es de origen liberal, interpreta total y cabalmente lo que los liberales pensamos hoy y lo que históricamente hemos pensado

¿Cuándo va a volver a la política activa?


Espero que no, pero tampoco tengo un compromiso de nunca volverlo a hacer. En el momento que yo crea que pueda ser de utilidad o quwe puede ser muy necesario, lo consideraré.

¿Usted tiene Twitter?


No tengo. No vivo metido en las redes sociales y me informo de otra manera. Leo sistemáticamente noticias y creo en las noticias de los medios escritos. Veo poca televisión, oigo radio, pero fundamentalmente me informo por noticias escritas de Colombia y de todo el mundo.

¿Y qué opina de quienes han convertido Twitter en una tribuna política?

Cada cual lo puede hacer. Yo no lo hago, pero respeto a quien lo quiere hacer. No me parece que eso sea ilegítimo.