La pelea de reinsertados por dinero

Ayer fueron compañeros de armas en la guerrilla, hoy se combaten ante la justicia. Líos por manejo de Corporación Nuevo Arco Iris.

El 9 de abril de 1994, en Flor del Monte, departamento de Sucre, el grupo alzado en armas conocido como la Corriente de Renovación Socialista (CRS) se desmovilizó y firmó la paz con el gobierno Gaviria. En ese momento se suscribió un compromiso para que el Ejecutivo ayudara económicamente a los reinsertados. Hoy, 17 años después, al tiempo que algunos de sus exintegrantes se destacan en el mundo político, periodístico o institucional, otros sobreviven en distintas actividades, pero pugnan con los primeros en los estrados judiciales.

Cuando se dio el acuerdo de paz que, según la CRS, permitió la desmovilización de 865 combatientes, el gobierno se comprometió a ayudar con la financiación de programas de vivienda, educación, salud, seguridad y capacitación en actividades productivas. Sin embargo, en el interior del grupo se gestó una división y surgieron dos frentes políticos: la Corriente de Renovación Socialista propiamente dicha y el Movimiento de Integración Democrática. Por eso ambos acordaron repartirse la primera ayuda de $811 millones.

Según algunos de los excombatientes de la CRS, además de los beneficios jurídicos, se acordó un salario de $170 mil mensuales durante un año, un subsidio de vivienda de $2 millones y un auxilio de $4 millones de capital semilla para un proyecto productivo. Los recursos permanecieron congelados hasta que se desató el litigio interno y pudo liberarse el dinero. Entonces se suscribió un pacto de consolidación en 1997 y el Estado se comprometió a financiar programas de los desmovilizados aportando una suma superior a los $3.000 millones.

Pero faltaba una cuenta pendiente y el 15 de septiembre de 2003 el gobierno Uribe y los integrantes de la Corporación Nuevo Arco Iris, como empezó a denominarse a la antigua CRS, suscribieron un acta de punto final a través de la cual el Ministerio del Interior saldó los compromisos del Estado con los desmovilizados a través del pago de $2.847 millones. En el documento quedó constancia de que el Estado quedaba a paz y salvo por los compromisos surgidos en el acuerdo de paz suscrito entre la guerrilla y el Poder Ejecutivo.

Súbitamente, en diciembre de 2007, más de 20 desmovilizados otorgaron poder a un abogado que denunció a los directivos de la Corporación Nuevo Arco Iris por los presuntos delitos de abuso de confianza calificado y peculado por extensión. Su argumento radicó en que los integrantes de la junta directiva de la corporación se habían beneficiado de los dineros, desconociendo las necesidades de la mayoría de los reinsertados. Entre los hechos comentados, la denuncia incluyó la compra del Hotel Santa Mónica, ubicado en el centro de Bogotá.

El 22 de julio de 2008, un fiscal delegado señaló que el ente investigador no estaba llamado a realizar estudios sobre la conveniencia de inversiones en esta clase de entidades y que además no había señalamientos concretos sobre apoderamiento ilícito de recursos económicos. En consecuencia, se inhibió de comenzar un proceso penal. Pero los denunciantes apelaron la decisión y un fiscal delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá revocó la medida en abril de 2009 y ordenó investigar si se había cometido el abuso de confianza.

Desde entonces, los antiguos miembros de la CRS libran una pelea jurídica sin cuartel. Los denunciantes sostienen que mientras los directivos de la Corporación Nuevo Arco Iris “ostentan una vida llena de comodidades, la base de los desmovilizados afronta apremios”. Uno de los quejosos, Alejandro Suárez, reclamó que Édgar Ruiz, quien llegó a ser secretario privado de la Alcaldía de Bogotá, le propusiera recibir $30 millones a cambio de no aspirar a un puesto directivo en el movimiento. “Me agredió en mi dignidad”, dejó escrito.

Junto a Édgar Ruiz, también exgerente del Acueducto de Bogotá, la pelea está dirigida contra el escritor y periodista León Valencia Agudelo y el concejal del Partido Verde Antonio Eresmid Sanguino. Ambos han tenido que comparecer ante la Fiscalía para dar sus explicaciones. El primero lo hizo en septiembre de 2010 y manifestó que sólo ha manejado plata proveniente de la cooperación internacional y que los dineros de la reinserción fueron manejados por Antonio Sanguino y Antonio López Erazo.

Además, agregó que la sede de la corporación salió de un préstamo de la cooperativa Confiar y que la compra del Hotel Santa Mónica en 1998 nada tiene que ver con los dineros de la reinserción y tampoco él era directivo en esa época. Consultado por El Espectador, León Valencia observó que “se trata de una avivatada de un abogado y de un grupo de muchachos para lucrarse de un proceso que ya terminó, pero que se han realizado más de seis cotejos de sus cuentas sin que hayan encontrado ninguna irregularidad en las cuentas de la corporación.

A su vez el concejal Antonio Sanguino comentó a la Fiscalía, en diciembre de 2010, que los denunciantes sólo quieren plata así no tengan derecho a ella, así hayan recibido beneficios económicos del acuerdo de paz, tanto así que en su mayoría son funcionarios del DAS. Sanguino admitió que fue director ejecutivo de la corporación Nuevo Arco Iris entre 1996 y 2004, y presidente de la junta directiva entre 2004 y 2006, pero que nunca se han realizado malos manejos y sus dineros han tenido la revisión de los organismos del control.

En respuesta a los requerimientos de El Espectador, aseveró: “Ni un solo peso del dinero de la reinserción llegó a mis cuentas personales. Todos los gastos de la Corporación están debidamente soportados. Nos han interpuesto muchas tutelas y todas las hemos ganado. Todos los recursos han sido reinvertidos en programas sociales. Desde 2008 ya no pertenezco al organismo y estoy dedicado a mis actividades políticas. Puedo certificar el manejo pulcro que se les han dado siempre a los recursos de la corporación”.

Otra cosa creen los denunciantes que no ceden en su brega. Por ejemplo, Jáder Plaza, hoy funcionario del DAS, sostiene que los directivos de la Corporación Nuevo Arco Iris “se han apropiado de los recursos y los han desviado, y a los excombatientes no nos han dado completamente los recursos que se pactaron en el proceso de paz. Debieron consultarnos sobre cómo iban a invertir. Lo hicieron por su cuenta y eso se llama abuso de confianza. Para nosotros no hubo ni proyectos productivos ni beneficios de vivienda”.

Y como en otros tiempos, frente al Estado se mantienen a la ofensiva con sus excompañeros. Por eso le pidieron a la Procuraduría vigilancia especial al proceso y a la Dijín que facilite su apoyo técnico para realizar una auditoría a la contabilidad de la corporación. La pelea está al rojo vivo y a punta de cartas, derechos de petición y otros recursos buscan que cobre forma su denuncia. El concejal Sanguino se muestra confiado y dice que no hay nada y que la justicia les terminará dando la razón. La Fiscalía tiene la última palabra.

Aportes de la Corporación Nuevo Arco Iris

Desde hace una década la Corporación Nuevo Arco Iris ha desarrollado una importante labor académica y periodística que ha permitido comprender la realidad del conflicto armado en Colombia. De sus investigaciones surgió una de las vertientes del llamado escándalo de la parapolítica, con enormes repercusiones judiciales.

De igual modo, la corporación documentó el tema de la captura del Estado por redes de políticos regionales que se han movido en una delgada línea entre la legalidad y la corrupción. Simultáneamente, su director, León Valencia, ha escrito varios libros que le han permitido además ser columnista de varios medios de comunicación.

El último aporte de la Corporación Nuevo Aro Iris fue el libro La economía de los paramilitares, una investigación a fondo sobre las redes de corrupción, negocios y políticos que permitieron a esta expresión ilegal consolidar su poder. El chance, los cultivos de palma de aceite, las licitaciones y el paramilitarismo cooptando al Estado.

Un controvertido concejal de Bogotá

Nacido en Ocaña (Norte de Santander), pero criado en el departamento del Cesar, desde muy joven el hoy concejal Antonio Sanguino, después de promover paros y marchas campesinas, se vinculó a la lucha armada. Formó parte de la Corriente de Renovación Socialista, se graduó en sociología y luego se hizo político.

Llegó al Concejo con el Polo y ahora pertenece al Partido Verde. En los últimos tiempos figuró como denunciante del carrusel de la contratación en Bogotá, pero hace una semana el excongresista Germán Olano lo mencionó por sus relaciones con el exgerente del Acueducto, exsecretario de la Alcaldía y amigo de armas de Édgar Ruiz.

En la ola de denuncias de los últimos días se ha dicho que tiene vínculos con el hospital de Usme. Consultado sobre el tema, precisó que es amigo de la directora, que a través de ella promueve brigadas de salud en los barrios y que lo hace porque esa es su zona. Admite que busca recursos para que sea de segundo nivel.