La pelea por una curul

Ricardo Valencia, exrepresentante por Risaralda, contraataca al promotor de su muerte política.

El pasado 11 de febrero, cuatro días antes de que la Sala Plena del Consejo de Estado votara la pérdida de investidura del exrepresentante a la Cámara Noel Ricardo Valencia, en Risaralda ya se sabía el resultado, luego de que lo publicara el diario La Tarde, de Pereira. El 15 de febrero, con ponencia del magistrado Enrique Gil Botero, a Valencia le decretaron su muerte política por violación del régimen de inhabilidades.

De acuerdo con la providencia, el político risaraldense no podía aspirar a ser congresista en las elecciones del año pasado, porque para entonces su esposa, Luz Ensueño Betancurt, era alcaldesa del municipio de Dosquebradas (Risaralda). Sin embargo, este argumento, según él, no es válido y al respecto hay jurisprudencia que lo sustenta.

Por este motivo se ha enfrascado en una pelea por recuperar su puesto como parlamentario en medio de un proceso que, según él, ha estado viciado y con inconsistencias procesales. Pero su reclamo va más allá, pues denuncia con nombre propio a quienes supuestamente estuvieron detrás de su caída.

“Detrás de todo esto está Roberto Jiménez, el hermano de alias Macaco, quien en repetidas ocasiones dijo públicamente que a ese representante, refiriéndose a mí, ‘me lo llevo porque me lo llevo’. El otro tema que me preocupa es que el señor Asdrúal González, quien me demandó, hoy está trabajando en la Unidad de Trabajo Legislativo del representante que entró en mi reemplazo, el señor César Franco”, expresó el exrepresentante.

Pero más allá de eso, Valencia dice que para dar su pelea tiene argumentos y sustento legal, pues antes de inscribirse como candidato tuvo la misma duda sobre su posible inhabilidad. Para salir de ella le pidió al Consejo Nacional Electoral un concepto sobre su particular situación, y el organismo  le respondió que existía vasta jurisprudencia en casos similares, en los cuales se había fallado a favor de los demandados.

Este argumento lo motivó a seguir en carrera por una curul al Congreso. Pero la sorpresa llegó cuando, después de asumir como representante, demandaron su pérdida de investidura. Confiado en que el caso no prosperaría, asumió la defensa.

La demanda presentada por Asdrúal González Zuluaga invoca el numeral 5° del artículo 179 de la Constitución Política, el cual establece que está inhabilitado para ser congresista quien tuviera lazos de parentesco o afinidad con quienes ejerzan autoridad civil o política.

Su caso en el Consejo de Estado quedó en manos del magistrado Enrique Gil Botero, que dio la razón al demandante. Algo que no es claro para Valencia, quien considera que Gil incurrió en un posible fraude procesal y prevaricato por acción, ya que basó su fallo en sentencias que no eran aplicables a su caso e introdujo un cambio de jurisprudencia sin cumplir los requisitos legales.

Supuestas irregularidades

Valencia viene dando la pelea desde febrero, cuando le notificaron el fallo, pero la decisión parece inamovible. Pidió una aclaración, pero   le fue  negada, supuestamente porque no era abogadono. Además, quien respondió el recurso no fue la sala plena,  sino  el magistrado Gil, a título personal.

Ante esta situación acudió a la tutela, que presentó en abril y, curiosamente, no ha tenido respuesta, a pesar de sus reiteradas solicitudes para que el alto tribunal administrativo le dé trámite.

Parte de los argumentos del excongresista frente a las posibles irregularidades en su proceso los apoya en un comparativo entre apartes de la ponencia de Gil. En ella el magistrado  justificó la tesis de la inhabilidad con fragmentos de otra sentencia —2773 de diciembre de 2001—, de la que seleccionó extractos que a primera vista daban a entender que efectivamente Valencia estaba inhabilitado, por ser pariente de una autoridad civil. Sin embargo, en el cuadro que presentó Valencia, al leer completa la jurisprudencia que citó el magistrado, el sentido de la decisión indicaba lo contrario.

La defensa de Valencia aclaró que si bien su esposa fungía como autoridad administrativa de un municipio del departamento por el cual salió elegido congresista, su elección como legislador no queda en cuestión, en tanto su cónyuge no ejercía jurisdicción en todo el departamento.
 

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