La recta final en el Congreso

A tres semanas de concluir la legislatura, el gobierno Santos tiene al frente una apretada agenda para sacar avante cuatro de sus principales iniciativas, y al mismo tiempo demostrar que sigue manteniendo en el Congreso unas mayorías fundamentales para su proyecto administrativo.

En síntesis, el desafío es concretar la aprobación de la Ley de Víctimas, el paso de la reforma constitucional que modifica el régimen de regalías, el trámite de la ley de seguridad ciudadana y la última fase del llamado Estatuto Anticorrupción al que le faltan algunos ajustes.

Sobre la Ley de Víctimas, que ha sido bien recibida por la opinión pública y que ha despertado enorme expectativa en la sociedad colombiana, todo está previsto para que a mitad de semana concluya su etapa de conciliación antes de pasar a sanción presidencial. Aunque con toda seguridad vendrán las demandas ante la Corte Constitucional, el articulado plantea la reparación de las víctimas del conflicto armado a partir de 1985. Un instrumento jurídico que ha sido presentado como un gran avance hacia la búsqueda de la paz y el ingreso a la era del posconflicto.

A su vez, la reforma constitucional al régimen de regalías, aunque hasta el momento no ha tenido mayores percances en el Poder Legislativo, si se advierte una notoria oposición en las regiones. Precisamente, el fin de semana que acaba de pasar, en varias regiones del país se realizaron jornadas de protesta contra el acto legislativo que, en principio, modifica la forma en que actualmente se utilizan los recursos derivados de las regalías para darles un trato más eficaz, que de paso elimine la posibilidad de que se desvíen hacia fines distintos a la inversión en las regiones.

En cuanto a la ley de seguridad ciudadana, un articulado que ha tenido tantos defensores como detractores, su principal atractivo es que busca hacerle frente a uno de los dilemas mayores para las autoridades locales, en especial en las grandes ciudades. Se trata del robo de celulares, una práctica delincuencial que se ha venido incrementando y ante la cual fue necesario legislar para darle una respuesta más severa a quienes incurren en este delito, y al mismo tiempo conminar a las empresas de telefonía celular a contribuir con esta tarea.

Finalmente, en lo que se refiere al Estatuto Anticorrupción, esta semana entra a etapa de conciliación, pero se cree que saldrá bien librado porque se trata de uno de los proyectos bandera de la administración Santos. Cuanta con los votos necesarios para ser aprobado y sería uno de los puntales del Ejecutivo, que ha venido insistiendo en consolidar los frentes de trabajo contra la corrupción, como lo ha demostrado en su línea de trabajo con los organismos de control y su liderazgo en destapar escándalos como los de la salud, Fondelibertad y la Dirección Nacional de Estupefacientes.

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