La suspensión del alcalde Moreno

EL PROCURADOR GENERAL, ALEjandro Ordóñez, suspendió ayer por tres meses al alcalde de Bogotá, Samuel Moreno, como medida cautelar mientras se adelanta un juicio disciplinario en su contra.

Tal suspensión evitaría, según el Ministerio Público, que se eliminen pruebas que impidan la acción de control, aunque desde ya se sugiere, con bastante razón, que la decisión, más que preventiva —casi la totalidad de documentos se conocían por investigaciones anteriores a otros funcionarios— fue política: después de que la Corte Suprema ordenó la captura del senador Iván Moreno, la Procuraduría, si bien no perdió funciones, sí su protagonismo; uno que, por lo demás, supo bien cómo retomar con esta decisión. Sin embargo, por populares que sean las acciones contra el alcalde más impopular del país, la justicia no está para hacer política y más le vale al Ministerio Público jugar bien sus cartas, pues el reto que tiene por delante es importante: además de justificar la suspensión —una medida para muchos excesiva y que puede representar, en caso de que no esté debidamente sustentada, una enorme demanda para el Distrito—, debe probar uno de los delitos más resbalosos: omisión del deber. Prueba que no estaría de más que fuera contundente. Este es un proceso que pudo haber iniciado antes y no deja de ser incómodo que sólo lo haga cuando la figuración de la Procuraduría se vio reducida.

Pero más allá del estilo de corte politiquero del procurador Ordóñez —que le ha comenzado a pesar a su credibilidad—, lo cierto es que esta vez el ente de control se ha cuidado de no entrar en el debate sobre los límites de sus competencias. Aunque “irregularidades en la adjudicación de contratos” es una afirmación suficientemente amplia como para que todo pueda interpretarse, en los cargos señalados al alcalde Moreno se le investiga, no por haber hecho algo indebido, sino por no haber actuado ante todas las sospechas de corrupción en el caso concreto de tres frentes de obra. Éstos, sin embargo, estaban todos a cargo de los Nule, por lo que falta ver hasta dónde se extienden las pruebas. Por ahora, empero, el juego está del lado del Ministerio Público, y si el proceso en contra del alcalde Moreno concluye con cargos bien sustentados tanto espectáculo le será provechoso al procurador, por lo menos en el corto plazo.

Mientras tanto, queda por ver la reacción del Polo Democrático. No es cualquier golpe que el senador con la segunda mayor votación de sus listas esté siendo investigado por corrupción y que el alcalde de la capital, símbolo de su poder, sea retirado temporalmente de su cargo por negligente. Algo que no deja de ser especialmente duro para un partido de oposición cuyo capital político reside precisamente en su discurso de cambio y renovación honesta. Habría que esperar, en caso de que finalmente le toque proponer una terna al Polo, a quién nombre para contrarrestar la falta. Aunque lo más provechoso, además de lo más digno, sería que el partido pidiera públicamente la renuncia del alcalde, lo más probable, como lo ha hecho hasta ahora, es que se mantenga en su defensa. Una que, por lo demás, le terminará de costar y le hará perder, seguramente, la siguiente alcaldía.

A Bogotá, por su parte, le esperan unos meses difíciles, pues si la Procuraduría no logra destituir al alcalde Moreno, su sustituto estará sólo tres meses, para volver a cambiar tres antes de las elecciones regionales y dejar el puesto, al mes, al ganador. Nada bueno traería tanta inestabilidad y menos en tiempos electorales, en los que los recursos públicos son más propensos a utilizarse para fines indebidos. Esto sin mencionar que hay seis billones de pesos pendientes de asignar en sólo tres licitaciones.

 

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