La verdad que fue extraditada

Envío de 14 jefes 'paras' a EE.UU ha evitado esclarecer su responsabilidad en hechos criminales.

El 13 de mayo de 2008, el gobierno del presidente Álvaro Uribe, en un operativo relámpago, autorizó la extradición a Estados Unidos de los 14 principales jefes paramilitares que en ese momento estaban detenidos en distintas cárceles del país, en espera de ser procesados por la Ley de Justicia y Paz. Tres años después, lo que en su momento se criticó, hoy es una realidad: esa extradición afectó notoriamente la búsqueda de la verdad y hoy son pocos los avances en la lucha contra la impunidad a partir de la colaboración de los jefes ‘paras’.

A instancias del Centro Internacional para la Justicia Transicional, ayer se reunieron en Bogotá varios expertos para evaluar el impacto que ha tenido para la justicia colombiana esta extradición masiva, y la conclusión no es otra que un sentimiento de frustración por las dificultades que existen para que las víctimas puedan conocer de primera mano las versiones de los comandantes de las autodefensas sobre diversos hechos de violencia y la falta de claridad y formalización de procedimientos para acceder a las cárceles de Estados Unidos.

Michael Reed, director en Colombia del Centro Internacional para la Justicia Transicional, señaló, sin embargo, que los juicios y las condenas en Estados Unidos por narcotráfico no eximen a Colombia de seguir investigando sus violaciones a los derechos fundamentales. Por esa razón, es necesario persistir en escuchar sus explicaciones, dada la posición jerárquica que ostentaron en el aparato criminal, su responsabilidad en la comisión de crímenes y la información que poseen sobre financiadores y colaboradores políticos y militares.

El director del Centro de Justicia Transicional añadió que hoy el acceso a la información relacionada con los jefes paramilitares extraditados es sumamente restringido y su negativa a continuar con el proceso de confesión en versiones libres, limita las posibilidades que tienen las víctimas y la sociedad colombiana de conocer la verdad. Además, añadió que el plan de acceso a estos personajes aunque cobija a las autoridades colombianas, no contempla la participación de las víctimas o sus representantes legales.

Reed recomendó que en adelante debe establecerse una vía de comunicación formal entre las autoridades y las víctimas, al tiempo que la información relacionada con los procesos de los extraditados debería ser sistematizada para identificar los progresos y dificultades por ahondar o resolver. En este mismo orden de ideas, propuso que las transmisiones satelitales se amplíen a la participación de las partes, de la misma manera que se les debe garantizar a organismos como la Defensoría del Pueblo, su acceso a los expedientes.

De todas maneras, concluyó Michael Reed, en el caso de que los paramilitares extraditados no estén dispuestos a colaborar con las investigaciones por Derechos Humanos en Colombia, en el país sí debería quedar manifiesta esta intención, para que estos individuos sean procesados por el régimen penal norteamericano, que también prevé castigos graves a las violaciones de los Derechos Humanos que fueron cometidos en otras jurisdicciones.

A su vez, varias organizaciones no gubernamentales de Derechos Humanos hicieron pública una comunicación en la cual formularon la necesidad de que se cambie radicalmente la política que hoy existe para acceder a los jefes paramilitares extraditados. Las ONG expresaron que en tres años los defensores de las víctimas sólo han logrado entrevistarse con los procesados en cinco oportunidades, casi siempre acompañados de los exsenadores Piedad Córdoba y Rodrigo Lara. Además, fueron entrevistas rodeadas de muchas dificultades y falta de claridad.

La realidad actual muestra que mientras algunos fiscales colombianos acceden a los jefes paramilitares para lograr avances en algunos procesos, hay excomandantes que están totalmente marginados de la justicia colombiana. Es el caso de Rodrigo Tovar Pupo alias Jorge 40, de Hébert Veloza García, alias HH, o Hernán Giraldo Serna, alias El Patrón. En cambio hay otros de los extraditados que siguen suministrando información importante para judicializar algunos procesos, como ha ocurrido con el secuestro de Piedad Córdoba o el crimen del periodista Jaime Garzón.

A pesar de que imperan las críticas, el aspecto positivo, que quedó reflejado ayer en el encuentro promovido por el Centro Internacional para la Justicia Transicional, es que las ONG valoran la reciente decisión del Departamento de Justicia de Estados Unidos de concentrar a los extraditados en dos centros de detención en Miami y Virginia, lo cual puede facilitar el acceso de las víctimas y el de la justicia colombiana. Asimismo, esta decisión podría generar acuerdos presupuestales entre los dos gobiernos para que ambos apoyen la posibilidad de que las víctimas accedan a los testimonios.

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