Las batallas de Arias Cabrales

Enfrentamiento entre la justicia ordinaria y la militar terminó en condena. Justicia penal da la razón a la Procuraduría 21 años después.

Una larga guerra, con batallas a favor y en contra, han librado el general (r) Jesús Armando Arias Cabrales y las familias de los desaparecidos de la retoma del Palacio de Justicia en noviembre de 1985. La condena a 35 años de prisión que el pasado jueves le impuso en primera instancia un juez, parece el cierre de este largo capítulo judicial y del largo enfrentamiento entre la justicia ordinaria y la militar.

A sus 75 años, el alto oficial lleva casi la tercera parte de su vida dando explicaciones y defendiendo su actuación como comandante de la XIII Brigada del Ejército, durante la operación. Este mismo tiempo lleva la justicia buscando en las filas castrenses a los responsables de las desapariciones, muertes y torturas que se registraron tras la recuperación del Palacio, y Arias Cabrales es unos de los primeros señalados, por acción u omisión.

El expediente del general (r) Arias Cabrales, que suma miles de folios, comenzó poco después de la tragedia con la investigación preliminar de la justicia. Tres años después fue la Procuraduría General la que le abrió investigación disciplinaria al alto oficial, en junio de 1988. Sin desconocer la responsabilidad del grupo guerrillero, para el Ministerio Público, en cabeza de Alfonso Gómez Méndez, también existía culpa en las filas del Ejército por las muertes de varios rehenes, por el uso excesivo de la fuerza y especialmente por las desapariciones.

Declaraciones de testigos, grabaciones de los medios y las denuncias de los familiares de las víctimas impulsaron el proceso que centró su foco en el general, como comandante de la XIII Brigada del Ejército, y en el coronel Edilberto Sánchez, comandante de la sección de inteligencia de la Brigada. Bajo su tutela estaban las tropas que cometieron los crímenes.

José Plinio Moreno, procurador delegado para las Fuerzas Militares, dio el primer paso: el 27 de junio de 1989 dictó pliego de cargos contra los dos oficiales. Al general, por el uso desmesurado del poder de fuego para someter a los guerrilleros sin mitigar el riesgo para los rehenes, y al coronel por la desaparición de la guerrillera Irma Franco y las torturas a personas que salieron con vida del Palacio.

La defensa de los militares consistió en declararse ajenos a los hechos que les imputaban, en afirmar que desconocían la suerte de los desaparecidos y en justificar que para entonces fue necesaria la fuerza. En resumen, que tras la toma del Palacio ellos cumplieron con su deber de defender las instituciones.

A los cinco años de la toma, y en medio del escándalo nacional, el Procurador los sancionó disciplinariamente con la solicitud de separarlos de las FF.MM., mediante resolución 404 del 28 de septiembre de 1990. Fue la primera decisión que evidenció que la retoma fue más allá de una simple acción por defender la democracia. Que faltando a su deber, también delinquieron. Los oficiales presentaron recurso de reposición ante el mismo procurador, quien confirmó a través de resolución 438 del 24 de octubre de ese año. Fueron las primeras batallas perdidas.

Su revancha llegó cuatro años después ante los jueces militares. Tras la toma, comenzó la investigación penal para aclarar lo ocurrido en la operación. El proceso pasó de la justicia penal militar a la ordinaria. De allí compulsaron copias de nuevo a la militar para investigar al general, pues hubo “aparente indiferencia por la integridad de los rehenes cautivos… se entrevé que la muerte de algunos fue provocada directamente por la acción de las FF.MM.”, decía la resolución.

El juzgado especial de primera instancia del Comando de las FF.MM. asumió el caso, para decidir si llevaban al general Arias Cabrales y el coronel Sánchez Rubiano ante una corte marcial para ordenar su destitución. El 27 de junio de 1994, el general Luis Alberto Rodríguez, jefe del Estado Mayor y juez de primera instancia, no halló mérito y cesó todo proceso en su contra.

El caso pasó al Tribunal Superior Militar. Un mes después, los magistrados Emelina García, José Gabriel Bejarano, el mayor (r) Francisco Rodríguez y el almirante Álvaro Campos ratificaron la decisión. “Las circunstancias demuestran la falta de responsabilidad del general, porque obró en cumplimiento de orden obligatoria de autoridad competente”.

La guerra parecía en tablas y el alto oficial demandó la decisión de la Procuraduría ante el Consejo de Estado, que en febrero de 2005 le dio la razón al revocar la destitución y ordenar su reintegro al Ejército. Era recuperar su honor militar. “Mi misión fue la de rescatar a la justicia. Esto me confirma que tenía un deber y un compromiso con la vida institucional del país. Seguí creyendo en la justicia, tarde o temprano tenía que brillar”, dijo ese año a El Espectador.

La primera de las últimas batallas comenzó en septiembre de 2007, cuando la Fiscalía abrió investigación por desaparición forzada, como delito de lesa humanidad, contra él y el general Rafael Samudio por la desaparición de 11 personas en la retoma del Palacio.

Casi cuatro años después, la condena del pasado viernes es otra derrota para Arias Cabrales y un triunfo para las familias de los desaparecidos, que sienten algo de justicia, aunque no podrá ser completa hasta que no encuentren a sus seres queridos. Aún quedan dos instancias en las que se podría ratificar o no la condena.

Esta sentencia se suma a la del coronel Alfonso Plazas, condenado a 30 años por los mismos hechos, en el Palacio de Justicia.

 Desaparecidos del Palacio de Justicia

Cristina Guarín Cortés, de 27 años. Hacía un reemplazo como cajera de la cafetería.

Bernardo Beltrán. Mesero de la cafetería del Palacio.

Carlos Rodríguez, de 29 años. Administrador de la cafetería.

Luz Mary Portela León. Lavaba platos en la cafetería.

Héctor Jaime Beltrán, de 28 años. Mesero de la cafetería.

Gloria Anzola. Abogada de la Universidad Santo Tomás.

Irma Franco. Guerrillera del M19 y participó en la toma.

Lucy Amparo Oviedo. Iba a presentar una entrevista de trabajo.

Gloria Estella Lizarazo, de 31 años. Mesera de la cafetería.

David Suspes. Era el chef de la cafetería.

Norma Constanza Esguerra. Era proveedora de pastelería.