Las huellas de los muertos sin nombre

¿Cómo se logró la identificación de 10 mil cuerpos que se encontraban sepultados como N.N.? Informe presentado por el Gobierno revela que en Antioquia, Chocó, Córdoba y los Llanos Orientales fue donde más cuerpos hallaron.

El 28 de agosto de 1987, Cristóbal Triana salió para la Universidad Libre de Bogotá, donde estudiaba Economía. Entrada la tarde llamó a su novia, Yanett Bautista, a quien antes de colgar el teléfono le dijo: “Chao, mi flaquita”. Esta fue la última vez que Yanett oyó su voz. Desde ese día, hace 23 años, sigue esperando saber de su paradero porque, como ella misma afirma, “a él nunca se le encontró ni vivo ni muerto”. Desafortunadamente, Cristóbal no apareció en el informe que el Ministerio del Interior, la Registraduría General y Medicina Legal entregaron sobre los casi 10 mil cuerpos de personas que hasta el momento aparecían como N.N. y que pudieron ser identificados. Un drama que viven más de 50 mil familias que han padecido el dolor de la desaparición forzada en el país.

El pasado jueves, en las instalaciones del Ministerio del Interior y de Justicia, se reveló el primer informe del convenio interinstitucional 001 de 2010, que pudo establecer la identidad de 9.968 personas que se encontraban sepultadas bajo la tristemente celebre denominación de N.N. en algún cementerio del país.

Desde septiembre del año pasado, el Ministerio, Medicina Legal y la Registraduría iniciaron esta tarea. Durante cinco meses se procesaron 22.712 tarjetas dactilares de personas que habían sido asesinadas, “incluso había personas que habían muerto en la década de los 70”, dijo Jin Antoni Cotrino, director nacional de Registro Civil.

Los cartones dactilares de esos más de 22 mil N.N. se procesaron en el sistema de información de la Registraduría, se digitalizaron y se empezó a verificar cuáles estaban en las bases de datos. “De esos, 12.724 no pudieron ser identificadas pues no arrojaron ningún registro: algunos podrían ser menores de edad, otros nunca habían sacado cédula o eran extranjeros, y con otros fue imposible procesar las tarjetas necrodactilares porque estaban en malas condiciones”, explicó Cotrino.

Según el informe, 4.210 cuerpos pertenecen a menores de edad, mientras que 8.732 no arrojaron información alguna y tan sólo 450 pudieron ser cruzados con denuncias de desapariciones ante el Registro Único de Personas Desaparecidas de la Fiscalía General de la Nación. Sin embargo, tal y como lo dijo el ministro Germán Vargas Lleras: “¿Saben ustedes lo que significa para un país tener 57.854 de sus ciudadanos desaparecidos? Frente a esta cifra y ante el dolor, tan grande que los números no pueden reflejarlo, su identificación debe ser una prioridad del Estado, y sobre la importancia de ello tiene que sensibilizarse la opinión pública”.

Por su parte, el representante a la Cámara Iván Cepeda —quien ha venido denunciado la grave situación humanitaria en regiones como el Meta y el Guaviare, donde los casos de N.N. alcanzan los 2 mil cuerpos sin identificar— afirmó que “se requiere fortalecer las entidades que tienen que enfrentar este inmenso desafío, haciendo una alianza o un movimiento que involucre no sólo al Estado, sino a la sociedad, para sacar adelante esta tarea, que tiene dimensiones gigantescas”.

Para Cepeda, quien le ofreció una felicitación al Gobierno en esta materia, este paso debe servir para la reflexión y recordó la frase que expresó Ernesto Sábato cuando presentó el informe de la Comisión Nacional de Personas Desaparecidas en Argentina: “Hoy nos sentimos esbozando un futuro custodiado por la tragedia de tantos jóvenes, repitiéndonos nunca más”.

Para el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Cristian Salazar, este es un evento sin precedentes en Colombia y aunque se mostró gratamente sorprendido, hizo también una fuerte reflexión: “Hasta ahora estamos conociendo las dimensiones de la desaparición forzada en el país. Quiero aprovechar para pedir más, como se dice en alemán, cada buena cosa son tres, es decir, quiero recomendar que la Fuerza Pública se sume a esta voluntad de esclarecer las violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario”.

Según Salazar, se requiere mayor transparencia frente a los muertos en combate que son declarados como N.N. y estimó que entre 2004 y 2008 hubo más de 3 mil ciudadanos que fueron ejecutados extrajudicialmente, en su mayoría por miembros de la Fuerza Pública: “Estas personas después fueron presentadas como muertos en combate, pero antes fueron relacionadas como desaparecidos”, sostuvo.

“Nuestra oficina recomienda que se intensifiquen los resultados en esta materia. Creemos que es importante pedir el traslado a la justicia ordinaria de los casos sobre N.N. muertos en combate por parte de la Fuerza Pública. La otra recomendación tiene que ver con los muchos casos cerrados por la justicia penal militar sin adelantar una investigación suficiente. Recomendamos crear una comisión independiente que revise los casos cerrados, especialmente los presentados entre 2002 y 2006 en Antioquia y Meta”, enfatizó Salazar.

A su vez, Gloria Gómez, coordinadora de la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos (Asfaddes), sostuvo que se sienten satisfechos por los avances en esta materia que ha demostrado el gobierno de Juan Manuel Santos, pero que aún falta mucho camino por recorrer. “Ahora lo que queremos saber es si los cuerpos fueron encontrados, porque una cosa es que en el cruce de información se haya logrado identificar a estos N.N. y otra que se hayan ubicado los cuerpos de las personas, que es la tarea más difícil”, puntualizó.

Para Gómez, es evidente que lo que hizo falta durante muchos años para investigar estos casos fue voluntad política, pues según ella, las cifras lo demuestran: desde 1942 hasta antes de este informe se habían identificado 2.177 desaparecidos. Durante el gobierno de Álvaro Uribe sólo se estableció la identidad de seis personas y “el gobierno de Santos, en tan sólo cinco meses, da estos resultados. Definitivamente, la voluntad política es lo único que puede garantizar que se utilicen todos los instrumentos jurídicos que hay en Colombia para la lucha contra la desaparición forzada y también para lograr la plena identificación de los cuerpos N.N.”, indicó Gómez.

Por ahora empieza una nueva tarea: ubicar y entregar a los familiares los cuerpos de esos seres queridos para que los puedan llorar sobre el sepulcro y desentrañar el misterio de los restantes 40 mil casos de N.N. que aún no han podido descansar en paz, pues la sombra de la impunidad todavía esconde sus rostros.