Ley de Inteligencia es aprobada en primer debate

La comisión primera de Cámara aprobó el artículo que controla a los funcionarios del Estado frente a las labores de inteligencia.

La comisión primera de la Cámara aprobó en primer debate el proyecto de Ley de Inteligencia y Contrainteligencia.

La iniciativa "proteger al país de los posibles excesos" de los funcionarios encargados de la inteligencia estatal.

En el debate, el ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, defendió el proyecto, señalando que la inteligencia "no se puede vincular con cualquier propósito" porque solo puede aplicarse en defensa del Estado.

"Es un paso muy importante, un voto de confianza del Congreso a la posición del Gobierno sobre la necesidad de tener un marco jurídico para la actividad de inteligencia", dijo el ministro.

"El proyecto acota las funciones y controles para la recolección de la información de los organismos de inteligencia", aseguró.

Aún la plenaria de la Cámara y la comisión primera y plenaria del Senado deben aprobar el proyecto.

"Podremos realizar inteligencia contra delincuentes, vamos a depurar las bases de datos de inteligencia para que nadie este en esas bases por su orientación política, credo religioso o su pertenencia a cualquier organización legal como sindicatos, vamos a proteger a la población de los delincuentes y a proteger a los servidores públicos que trabajan en inteligencia", señaló.

El Ministro anunció para los próximos días una nueva reunión con los ponentes del proyecto y las cabezas de l organismos de inteligencia del Estado para profundizar en algunos aspectos técnicos.

Este proyecto, en su esencia, busca crear un marco jurídico integral que oriente, regule y limite la actividad de inteligencia y, remarcó que el gran propósito es proteger a todos los sectores de la sociedad.

La iniciativa propone criterios para excluir de los archivos de inteligencia a cualquier ciudadano que esté allí por pertenecer a un sindicato, a una organización de derechos humanos o a un partido político.

Esta medida busca que no se repitan seguimientos ilegales como los que se presentaron durante la administración de Álvaro Uribe (2002-2010), donde la Presidencia negó sistemáticamente ese espionaje ilegal, que habrían comenzado en 2004.

El escándalo “de las chuzadas“, estalló hace dos años y por el mismo decenas de funcionarios del DAS, entidad que depende de la Presidencia de la República, están actualmente detenidos y a la espera de ser juzgados.

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