Licor, gasolina y populismo

LA LISTA DE ACCIDENTES EL PASAdo fin de semana aumentó la presión social sobre el Legislativo y lo llevó a revivir la discusión sobre el castigo para los conductores ebrios,...

LA LISTA DE ACCIDENTES EL PASAdo fin de semana aumentó la presión social sobre el Legislativo y lo llevó a revivir la discusión sobre el castigo para los conductores ebrios, una discusión que había archivado el pasado 6 de abril cuando fueron rechazados por la plenaria del Senado dos cambios que se le pretendieron introducir a la Ley 599 de 2000: ocho a treinta días de arresto para quienes sean capturados manejando en estado de embriaguez y hasta 27 años de prisión para quienes causen muerte o lesión a otro por conducir borrachos —actualmente, por homicidio no doloso, la pena llega a 18 años—. Ambas medidas serán retomadas y discutidas en los días siguientes a Semana Santa, según lo anunciaron los voceros del Congreso. Las cifras ameritan la urgencia: en lo corrido del año ha muerto por la mezcla de gasolina y alcohol en promedio una persona cada día y se han inmovilizado, según la Policía, unos 14.000 vehículos en las vías del país. En agregados anuales se llega a los 40.000 heridos por accidentes que involucran a conductores ebrios.

La urgencia de retomar el tema no significa, sin embargo, tratarlo con afán. La gravedad del problema y su persistencia exigen normativas que puedan incluirse dentro de un proyecto comprensivo —con planes pedagógicos ininterrumpidos y vigilancia en el control— capaz de reversar la cultura permisiva con la conducción bajo estado de embriaguez. En este sentido, es interesante la intención de penalizar con días de cárcel a quien sea capturado conduciendo con tragos, así no haya estado involucrado en accidente alguno. El mensaje que envía tal medida es claro: mezclar licor y gasolina es todas las veces un delito en tanto constituye la decisión deliberada de aceptar ser un riesgo para los demás. Caso similar al de envenenar fuentes de agua así nadie beba de ellas; sólo hacerlo, haya o no víctimas, es atentar contra la sociedad. Algo que parece no ser muy claro para muchos, al punto que carece de rechazo social.

Con la ampliación de la pena hasta 27 años a quien cause muerte o lesión por conducir borracho, las ventajas son menos claras, pues ya de por sí los jueces —como en el caso de la buseta que se accidentó la semana pasada en la 116 con 19 en Bogotá— están interpretando como dolosa la imprudencia de manejar con licor. Esto implica hoy castigos que van de 18 a 40 años según el caso y la discreción del juez. La pena ya está y no parece haber necesidad de aumentarle, sino más bien hacer que se cumpla. Tiene poco sentido reglamentar sin necesidad casos específicos si el sistema quiere mantener la coherencia. Propósito general que, entre otras, incluye también la viabilidad de la aplicación de lo que se legisle.

Pensar cómo se van a hacer efectivas las medidas le corresponde también al Congreso. Claro, si lo que pretende es darle una solución real al problema y no satisfacer, en provecho propio, el clamor popular. Es fácil decidir que todo conductor ebrio pagará un par de días de cárcel. Más difícil es hacerlo cuando hay que tener en cuenta que la Fiscalía está colapsada, que no hay suficientes jueces de garantías y que las cárceles ya superan el  30% de hacinamiento. No se dice con esto que por restricciones no se deba legislar según lo correcto, sino que legislar correctamente supone reconocer las restricciones y ver la forma de resolverlas. La ampliación del derecho penal a la prevención y su función como garante es positiva, y lo sería mucho en el caso particular de que los colombianos asuman que manejar maquinaria pesada, como lo son los automóviles, bajo los efectos del alcohol o cualquier otra sustancia psicoactiva es, de suyo, un delito por negligencia. Pero no lograremos cambiar a través de la legislación la cultura si todo se sigue quedando en papel.

 

 

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