Lo que aún falta en el proceso de las 'chuzadas'

Corte Suprema de Justicia deberá decidir ahora la suerte judicial de Bernardo Moreno y María del Pilar Hurtado.

El escándalo de las chuzadas y seguimientos ilegales del DAS a líderes de la oposición, periodistas y magistrados de la Corte Suprema de Justicia que conmocionó al país desde 2009, tuvo ayer un momento crucial cuando un magistrado de Tribunal Superior de Bogotá decidió la suerte inmediata de dos de los protagonistas más determinantes del reprochable suceso: el exsecretario general de la Presidencia de la República, Bernardo Moreno, y la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado.

Después de una larga investigación, que a su paso ha dejado en prisión a varios altos funcionarios del DAS y al exdirector de la Unidad de Análisis Financiero (UIAF), Mario Aranguren, entre otros, la propia fiscal, Vivianne Morales, compareció ayer ante el magistrado Luis Fernando Ramírez para sindicar a Moreno y a Hurtado de graves delitos relacionados con el escándalo: concierto para delinquir agravado, violación ilícita de comunicaciones y abuso de funciones públicas.

En otras palabras, después de que el caso llevara a prisión a los jefes de inteligencia y contrainteligencia del DAS, Fernando Tabares y Jorge Lagos, así como a un puñado de detectives del organismo de inteligencia que constitucional y legalmente depende directamente de la Presidencia de la República, era evidente que tarde o temprano el expediente iba a llegar a dos de las cabezas del anterior gobierno. Por eso, la trascendencia de la decisión adoptada ayer no agota el debate sobre otras responsabilidades mayores.

Sin embargo, las medidas proferidas por el magistrado Ramírez suscitaron un debate adicional por la suerte adversa de los dos altos funcionarios, pues al tiempo que se dictó orden de captura internacional contra María del Pilar Hurtado, se negó la medida de aseguramiento, es decir, en este caso la cárcel, contra el exsecretario Moreno. Más allá del examen probatorio, esta fue una determinación basada en un concepto constitucional: Hurtado se asiló en otro país, lo cual de alguna manera es evadir a la justicia, mientras que Moreno ha comparecido cada que ha sido citado y no constituye un riesgo que siga en libertad, pero respondiendo a la justicia.

Ya en el análisis de las posturas asumidas por la Procuraduría y la Fiscalía, el magistrado Ramírez aceptó la tesis de que Hurtado “no destruyó la posibilidad de que las conductas punibles imputadas por la Fiscalía se siguieran cometiendo bajo su dominio y control”. En otras palabras, que no son aceptables sus argumentos en el sentido de que cuando se posesionó como directora del DAS no tenía conocimiento sobre el manejo de información de inteligencia. Por el contrario, Hurtado obró a sabiendas de que lo que se estaba haciendo no era correcto.

El magistrado Ramírez insistió una y otra vez que al Estado le resulta válido acopiar información, pero que no lo puede hacer de manera ilegal. Y eso fue lo que sucedió en el DAS. La obligación del gobierno, si tenía indicios de comportamientos ilegales de opositores, periodistas o magistrados, era acudir al poder judicial para que se realizaran las investigaciones correspondientes, y no hacer uso de los organismos de inteligencia, en este caso el DAS, para que desbordara sus funciones hasta incurrir en los delitos por los cuales hay varios presos.

La obligación del gobierno Santos ante la decisión adoptada ayer respecto a María del Pilar Hurtado es tramitar la orden de captura internacional ante el país vecino, pero la canciller María Ángela Holguín ya dejó claro que la prioridad es mantener las relaciones con Panamá, lo que quiere decir que si este país le concedió asilo territorial a la exdirectora del DAS, este debe ser respetado. Lo mismo tuvieron que hacer en su momento gobiernos de América Latina cuando Colombia asiló a líderes políticos como el actual presidente de Perú, Alan García, o el dirigente empresarial Pedro Carmona, quien en abril de 2002 fue por algunas horas presidente de Venezuela en desarrollo del fallido golpe de Estado contra el primer mandatario, Hugo Chávez.

En cuanto a Bernardo Moreno, aunque por ahora se salvó de un carcelazo, la decisión de ayer no lo absuelve. Lo que viene ahora es que la fiscal, Vivianne Morales, dispone de 30 días hábiles para presentar su escrito de acusación ante la Corte Suprema de Justicia, organismo que en últimas tendrá que decidir la suerte judicial, tanto del exsecretario general de la Presidencia, como de la misma Hurtado. Con la decisión de ayer se surtió una etapa fundamental en el desarrollo del escándalo, aunque aún falta que se resuelva la situación jurídica de otros altos personajes que han sido vinculados a distintos procesos.

En cuanto al expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, este tiene varias investigaciones preliminares en su contra en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes que acaba de cambiar a varios de sus representantes de instrucción. Cabe recordar que por vía de tutela, el Tribunal Superior de Bogotá dispuso que el juzgamiento del exmandatario por el escándalo del DAS, si llega a hacerse, deberá ser público y que cada interrogatorio tiene esta misma condición. En conclusión, aún falta mucha tela por cortar en desarrollo de uno de los escándalos más graves sucedidos en el país en los últimos tiempos.