Lo que encontró la Procuraduría sobre Liliana e Inocencio

Los otrora máximos directivos del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) fueron sancionados disciplinariamente por presuntas irregularidades relacionadas con la Fase III de Transmilenio.

Esta mañana el procurador general, Alejandro Ordóñez, puso orden en el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), a través de un fallo de 834 páginas –conocido por El Espectador- con el que destituyó e inhabilitó a nueve de 10 funcionarios y exfuncionarios de esa entidad, investigados por presuntas irregularidades relacionadas con la Fase III de Transmilenio.

Recordemos la lista: Liliana Pardo Gaona, con cuatro cargos, fue inhabilitada para ejercer cargos públicos por 18 años. Inocencio Meléndez, también con cuatro cargos, estará inhabilitado por 17 años. Aldemar Cortés (2 cargos), 16 años de inhabilidad. Luis Esteban Prada Bretón fue sancionado disciplinariamente con 2 cargos y 16 años de inhabilidad. Luis Eduardo Montenegro y Rafael Hernán Daza Castañeda: un único cargo y 14 años inhabilitados. Carmen Elena Lopera no podrá ejercer funciones públicas en 16 años y enfrenta 3 cargos. Marta Mercedes Castrillón, un cargo y 11 meses de inhabilidad. María Clemencia Cantini, 2 cargos y 14 años. Y Carmén Silgado, que fue absuelta.

La Procuraduría se tomó un año, cinco meses y 20 días para sancionarlos puntualmente por su actuación en cinco contratos para construir el sistema Transmilenio por la calle 26 y la carrera 10ª. Un expediente que se suma a otros abiertos por la Fiscalía y la Contraloría dentro de un escándalo que los medios bautizaron como el cartel de la contratación en el Distrito.

En concreto, la Procuraduría buscaba determinar si hubo o no entrega oportuna de los diseños al contratista, si se registraron demoras en la aprobación de los diseños por parte de las empresas de servicios públicos y retrasos en la adquisición y puesta a disposición de los predios. También, si se adoptaron oportunamente correctivos y multas o sanciones en virtud de los incumplimientos de los contratistas. Como ya es conocido, el ente de control además revisó las presuntas inconsistencias en el manejo de los anticipos de las obras y el incumplimiento de los deberes y funciones de los coordinadores de los trabajos.

En el caso de Liliana Pardo Gaona, exdirectora del IDU y hoy con detención domiciliaria por parte de la Fiscalía, la Procuraduría encontró que desconoció los principios y fines de la contratación estatal y la buena administración de los dineros públicos al suscribir el otrosí 2 del 16 de octubre de 2008, mediante el cual disminuyó los requisitos señalados en el contrato de obra principal 137 de 2007. Una conducta que está aunada a unos memorandos, a través de los cuales modificó los instrumentos de control del Manual de Interventoría, en contra de los intereses de la administración. Su accionar posibilitó que el contratista presentara los soportes de inversión en los informes mensuales subsiguientes a la fecha de los giros o hasta la elaboración del balance final.

En concepto de la Procuraduría, con su participación en la actividad contractual flexibilizó la entrega del anticipo a la Unión Temporal Transvial (del Grupo Nule) y disminuyó de manera notable los controles que el IDU y el interventor debían ejercer sobre la inversión y manejo del mismo.

En el caso del exdirector técnico legal, Inocencio Meléndez (hoy detenido), el ente de control encontró que posiblemente incurrió en falta disciplinaria al suscribir el mismo otrosí que su jefa, Liliana Pardo, mediante el cual se le entregaron a los Nule anticipos que luego no fueron legalizados.

Diseños, adiciones e imposición de multas son los otros cargos que están relacionados con estos dos exfuncionarios, hoy en el ojo del huracán y considerados por muchos como piezas claves del escándalo que sacude a la capital.