Lo que está por definirse en la ley de víctimas

El titulo del proyecto, el universo de víctimas, y la institucionalidad serán los principales temas que serán discutidos.

Mañana el Congreso de la República le dará las últimas puntadas a la ley de víctimas y restitución de tierras en lo que se conoce como la conciliación, la cual consiste en unificar los criterios y el texto que fue aprobado en una y otra corporación. A pesar de que la opinión pública presenció la aprobación del proyecto de ley, la semana pasada en Senado, como un triunfo total y sin reversa, mañana en el Capitolio Nacional se dará un duro pulso político por cuál versión del articulado se impondrá como ley. Estos son los puntos que deberán ser conciliados:

1. El título del proyecto. Desde su presentación hasta el tercer debate, la iniciativa estuvo bajo el título de  “medidas de atención, reparación integral y restitución de tierras a las víctimas de violaciones a los derechos humano e infracciones al derecho internacional humanitario y se dictan otras disposiciones”. Hoy, luego de un arduo debate que incluso amenazó con tirar al traste la iniciativa, le fue incluido al proyecto el concepto de conflicto armado. Esto cambió sustancialmente el título del mismo y  quedó de la siguiente manera: “por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones”. Más allá del título como tal, el debate se dará, como anteriormente sucedió, entre el expresidente Uribe y los ponentes de la iniciativa en torno al reconocimiento de que en Colombia se vive un conflicto armado interno.

2. La definición de víctima. El artículo tres, que define el universo de las víctimas, fue el que más cambios sufrió en el tránsito por el legislativo, incluso en el último debate. En Cámara se aprobó que los sujetos de esta ley eran aquellos que habían sufrido el menoscabo de sus derechos fundamentales por causa de las infracciones al Derecho Internacional Humanitario y dice: "se consideran víctimas, para los efectos de esta ley, aquellas personas que (…) hayan sufrido menoscabo en sus derechos fundamentales, por hechos ocurridos a partir de 1991, siempre que este menoscabo sea consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas Internacionales de Derechos Humanos".

Por su parte, el Senado, que incluyó que el marco de la ley es el conflicto armado interno, estableció el siguiente texto. "Se consideran víctimas, para los efectos de esta ley, aquellas personas (…) hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1º enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas Internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno". Producto del debate por la inclusión de lo que el expresidente Uribe había negado con vehemencia durante los dos periodos de gobierno, el Partido de la U, en Senado, incluyó un parágrafo que advierte  que el reconocimiento del conflicto no le da legitimidad alguna a los grupos armados ilegales, menos estatus de beligerancia, y resalta la labor ofensiva de la Fuerza Pública para poder atacar a los alteradores del orden público.

En este mismo artículo se encuentra la fecha de inicio de la aplicación de la ley. La Cámara de Representantes estableció que serán sujetos de reparación y restitución de tierras las víctimas que hayan sufrido victimización a partir del 1 de enero de 1991. El Senado definió que ese reconocimiento se hará a partir del 1 de enero de 1985, para las víctimas a reparar y 1991 para los predios a restituir. Sin embargo, la plenaria de Senado incluyó que quienes hayan sido víctimas en fechas anteriores tendrán derecho a las medidas de satisfacción, asistencia y derecho a la no repetición, más no a la compensación económica ni a la restitución de tierras.   

3. Entidad a cargo. Otro de los temas que tiene enormes diferencias entre el texto de Cámara y Senado es lo concerniente a la institucionalidad encargada de la aplicación de la ley. La Cámara designó a Acción Social, como entidad adscrita a Presidencia de la República, y la responsable de todas las herramientas de asistencia a las víctimas. Pero el Senado estableció que no sería así y ordenó la transformación de Acción Social en el Departamento Administrativo para la Inclusión y la Reparación, con autonomía y presupuesto propio.

De la misma manera, estableció la creación de una Unidad Administrativa Especial que se encargará de todo el trabajo de atención a las víctimas. Además, asumirá las funciones de la actual Comisión de Reparación y Reconciliación, una vez finalice su período de transición a finales de 2012. Otra de las entidades a las que el texto de Senado le da vida es al Centro para la Meemoria Histórica, el cual estará encargado de las medidas de satisfacción, es decir de todo aquello que corresponde al trabajo de verdad y memoria. El argumento de la Cámara para no haber aceptado esto fue el costo fiscal.
 
4. Sistema de justicia para tierras. El Senado creó una nueva rama de la  justicia para efectos de la restitución de tierras: los jueces agrarios, quienes  serán jueces de circuito que determinarán en primera y única instancia la restitución de tierras cuando no haya poseedores de buena fe. Se calcula que de las seis millones de hectáreas despojadas, cuatro están abandonadas. En las dos restantes, sí llegase a haber otro poseedor, los mismos jueces asumirán el caso y lo llevarán a los tribunales superiores. Habrá una especie de segunda instancia, o casación, ante la Corte Suprema de Justicia. 
 
5. Contrato de transacción. A través de este artículo se busca que quienes accedan a la reparación en el marco de esta ley firmen un contrato en el que renuncian a demandar al Estado. De esta forma se evitan las dobles reparaciones. El modelo indica que si las víctimas reciben el monto de la reparación administrativa, calculado inicialmente en $20 millones, no podrán demandar al Estado.
 
6. Víctimas de agentes de Estado. Cuando surjan las dudas sobre la calidad o veracidad de las víctimas de agentes de Estado, el Comité Ejecutivo de la Reparación, encabezado por el Presidente o su delegado, los ministros de Hacienda y del Interior y el director de Planeación Nacional, junto al director del Departamento Administrativo, como de la Unidad Administrativa Especial, son quienes decidirán si procede o no la reparación.

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