Lo sabía y no hizo nada

Nuevos detalles sobre las razones que motivaron el sonado pliego de cargos al hoy suspendido funcionario. Los testimonios de los empleados del IDU, que ratifican los constantes informes a Moreno, son la principal prueba.

El alcalde de Bogotá, Samuel Moreno Rojas, siempre estuvo al tanto de los problemas que se presentaban en tres importantes obras que se pusieron en marcha durante su administración. A pesar de ello, presuntamente no quiso tomar las acciones para evitar las irregularidades y los problemas que vivió la ciudad por culpa de trabajos que a la fecha siguen en “obra negra”.

Esta es la principal razón por la que el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, dictó un amplio pliego de cargos contra el mandatario distrital. El argumento del jefe del Ministerio Público, que se repite una y otra vez en el documento de 147 páginas, muestra punto por punto cómo en la administración se ventilaron todos los problemas, como retrasos e incumplimientos de los contratos de la calle 26 para la fase III de Transmilenio, la malla vial y obras de valorización.

A pesar de esto, parece que nunca fue un tema tan importante como para debatirlo en un consejo de gobierno, como quedó probado en las actas de reuniones, en las que no hay rastro sobre alguna preocupación del mandatario alrededor del problema. A juicio del procurador, esta es una prueba trascendental.

En el pliego de cargos muestra la omisión como un acto deliberado del alcalde y no como un simple descuido de su tarea. “Las pruebas permiten concluir contundentemente que, al parecer, el disciplinado actuó con voluntad para abstraerse del cumplimiento de sus deberes. No hay duda de que presuntamente infringió su deber funcional con la voluntad de no actuar frente a uno de los principales deberes de mandatario”, dijo el Procurador.

La investigación disciplinaria contra Moreno Rojas se abrió el 11 de noviembre del año pasado, justo dos días después de que la Procuraduría se entrevistó con Miguel Nule Velilla, en Panamá. El funcionario que habló con el polémico empresario regresó al país prácticamente con la decisión tomada de abrir la investigación preliminar.

Cuatro funcionarios del propio Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), entre ellos la exdirectora Liliana Pardo Gaona y el exjefe jurídico Inocencio Meléndez, declararon que cada decisión y cada acción se la daban a conocer al mandatario. Incluso, que cada 15 días había reuniones para hablar de los avances. Esto sirvió a la Procuraduría para concluir que desde mucho tiempo atrás eran evidentes los inconvenientes, que empeoraron por la falta de decisiones oportunas.

 “La situación fue evidente entre 2008 y 2009, tiempo en que el alcalde siempre estuvo informado. Conforme a las pruebas practicadas, no existe evidencia de que hubiese tomado medida tendiente a contrarrestar los efectos nocivos de este tipo de irregularidades en el IDU", señala el procurador Ordóñez.

Para el Ministerio Público resulta extraño que, pese a la existencia de denuncias desde esa época sobre las irregularidades en los contratos, “sólo a comienzos de 2010 se optó por emprender las acciones de intervención, ante reales inejecuciones y parálisis de las obras públicas”.

Dice que esta omisión en las obras generó significativos retrasos y un detrimento patrimonial para el Distrito.

“El alcalde afectó su deber infringiendo los principios de eficiencia y eficacia de la función pública... El grado de culpabilidad es a título de dolo, por incumplir sus deberes de vigilancia, control y aseguramiento de la construcción de las obras públicas... El reproche al disciplinado debe hacerse en la modalidad de falta grave”.