Los abusos de un juez

Jairo González, juez sexto de Justicia y Paz de la capital del Atlántico, había emitido una serie de fallos tendientes a entregar los derechos de posesión de predios en Barú y Montes de María.

Cuando el superintendente de Registro y Notariado Jorge Enrique Vélez advirtió que “donde ponía el dedo salía pus”, se le vino encima el mundo. Hoy las evidencias indican que se quedó corto. La prueba es lo que sucedió con el juez sexto de la jurisdicción de Justicia y Paz de Barranquilla, Jairo González Borrero, contra quien se interpuso denuncia por presunto prevaricato y abuso de autoridad. La acción fue impulsada por María Victoria Álvarez, directora de la oficina jurídica de la Superintendencia de Registro y Notariado.

Del despacho de González han salido extrañas sentencias reconociendo principios de posesión sobre tierras en las playas de Barú, Bolívar y los Montes de María. Al parecer se configuró en estas acciones el delito de abuso de la función pública. Uno de tales casos se presentó en Carmen de Bolívar. El 23 de febrero de 2011, el juez de Paz profirió sentencia otorgándole derechos de posesión sobre un predio en el barrio San Mateo a Julián Eusebio Castro. El problema radica en que los jueces de Justicia y Paz no tienen a su cargo funciones de notarios o de registradores.

Un mes después de la sentencia, el mismo juez González solicitó al registrador de Instrumentos Públicos del Carmen de Bolívar abrir la matrícula de posesión del inmueble para hacer efectivo el fallo en favor de Castro. Sin embargo, la registradora se negó por insubsistencias en la ejecutoria del fallo. González insistió en que se cumpliera la sentencia, pero la registradora volvió a negarse. El 28 de marzo, a través de abogado, Eusebio Castro interpuso recurso de reposición y apelación a la negativa de la registradora. Hoy el caso está en veremos.

Otro episodio ocurrió en septiembre de 2010, cuando el mismo juez otorgó derechos de posesión de un predio en Barú, jurisdicción de Cartagena, a Yudger Vargas Miranda. Bien sabido es que las tierras en está zona pueden llegar a ser las más costosas del país. Sin embargo González, violando sus funciones, entregó los 100.000 metros cuadrados. Un caso parecido al que sucedió el 6 de septiembre de 2010, cuando González repitió la operación con la finca Malena, del municipio de Mahate. Los derechos fueron entregadas por González a Oveida Chico Melendres.

Según la Ley 497 de 1999, la función de los jueces de Paz es interceder en los conflictos que se susciten en el marco de las relaciones comunitarias. Es decir que su papel es interceder como un tercero neutral cuando existan partes encontradas. En el primer caso, por ejemplo, no existe conflicto entre partes porque la sentencia fue proferida por solicitud del único interesado: Eusebio Castro, quien en su momento solicitó la inspección judicial para que se le reconozca como poseedor del inmueble en cuestión. Por esta razón, la Superintendencia de Notariado y Registro adelanta la acciones jurídicas y disciplinarias en contra de González.

En criterio de esta entidad, el juez sexto de Paz de Barranquilla Jairo González Borrero, al abrir folios de matrícula e inscribir declaraciones de posesión, pudo incurrir en abuso de autoridad, además de otras conductas relacionadas con un presunto prevaricato por acción. La denuncia fue firmada por la jefe de la Oficina Jurídica, María Victoria Álvarez, quien agregó que lo que debe establecerse es cómo las providencias fueron contrarias a la ley y la Constitución.

Para el superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez, se han detectado muchas irregularidades en procesos notariales en relación con la entrega de bienes, y su despacho está dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias para aclarar cada caso. Lo que hoy sorprende a la Superintendencia, y fue la razón para formular la denuncia, es que un juez de Paz esté interviniendo en esta clase de asuntos por fuera de su competencia.

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