Los ataques a las elecciones

EL ESCÁNDALO DURANTE Y DESPUÉS de la elección legislativa de marzo del año pasado fue enorme por el caos que se presentó en la entrega de resultados por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

El gobierno del presidente Uribe fue implacable en sus críticas al registrador, Carlos Ariel Sánchez, con quien vivía entonces una tensa disputa nacida del proceso de referendo para una segunda reelección. Hasta de alicoramiento fue acusado, con la distribución de las fotos de un mesero con vasos de whisky en su despacho de Corferias en las horas del conteo. No pocos medios, y nos incluimos, exigimos responsabilidades del registrador y de la empresa encargada de la logística de preconteo, Une Telecomunicaciones, cuyo contrato fue cuestionado y revisado hasta el más mínimo detalle. Ante la gravedad de los hechos, se anunciaron “exhaustivas investigaciones”.

Días después, los primeros resultados permitieron comprobar que no había sido incompetencia de la Registraduría y la concesionaria sino que el colapso de la plataforma tecnológica se había producido por una serie de ataques sistemáticos a la página de internet. “Querían hacerla indisponible y por eso lanzaron miles de requisiciones a la página para infartarla”, dijo entonces el vicepresidente de gestión operativa de Une, Juan Guillermo Vélez. Fueron cerca de un millón y medio de ataques ese 14 de marzo de 2010, se supo. A los pocos días, el CTI de la Fiscalía informó que ya había identificado algunas de las direcciones IP desde donde se había lanzado el ataque, sin dar mayores detalles. Según informaba Lasillavacia.com en un análisis de la época, el 21 de mayo de 2010 el entonces ministro de Defensa, Gabriel Silva, dijo a los medios que los ataques probablemente venían de países vecinos.

Pasó un año desde esas declaraciones y nada nuevo se había vuelto a saber de la investigación, iniciada por la demanda que el registrador nacional, Carlos Ariel Sánchez, interpuso tres días después de los hechos. Como en las posteriores elecciones presidenciales el sistema no falló, sino antes bien entregó los resultados en tiempo récord –a pesar de que también se documentaron 300.000 intentos de ataque, algo inusual–, el asunto perdió interés en la agenda noticiosa. Hasta el domingo pasado, cuando un informe de El Espectador reveló que la Fiscalía estaba decidida a archivar el caso, en el cual ya está determinado que los mayores ataques de aquel 14 de marzo provinieron de las IP del Ejército Nacional en el Ministerio de Defensa Nacional, del DAS —siempre el DAS— y, los que más daño hicieron, de la Policía Nacional.

Resulta muy inconveniente que hoy, cuando estamos ad portas de unas elecciones regionales en octubre próximo, en las cuales las tendencias políticas en boga en aquel momento estarán en un pulso de poder con las que comandan la política de hoy, sigamos sin saber qué fue lo que en verdad sucedió aquel día. Ayer, en sendas entrevistas con Caracol Radio y con La FM, el registrador Sánchez contó que en los días posteriores a la elección, agentes de la Dijín allanaron sus oficinas y se llevaron los equipos que habían sufrido el ataque. Para Sánchez, todo indica que había un propósito macabro en este ataque, que presumiblemente buscaba que no se pudieran entregar los resultados de Congreso para, así, generar un vacío democrático que impidiera realizar las elecciones presidenciales.

Puede sonar apresurada, aun cuando no inviable, la tesis del registrador nacional, que de acusado ha pasado a acusador. De cualquier manera, es gravísimo lo que sucedió y, más todavía, que se pretendiera discretamente cerrar la investigación. El país requiere una explicación clara de por qué, o si, desde entidades de seguridad del Estado se pretendió entorpecer el tranquilo desarrollo de las elecciones, base primera de nuestra democracia. Estaremos pendientes.

 

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