Los cabos sueltos del caso AIS

Esta semana, un juez de garantías deberá decidir si acepta medidas de aseguramiento contra exfuncionarios del Ministerio de Agricultura. ¿Están todos lo que son y son todos los que están? Crece la polémica.

El escándalo de Agro Ingreso Seguro (AIS), denunciado a mediados de 2009, tuvo como sustento la indebida adjudicación de los subsidios del programa —creado para atenuar el impacto de los tratados de libre comercio en la agricultura colombiana— a unos cuantas familias y empresarios del sector. Diecinueve meses después, el país sigue sin saber quiénes fueron los responsables de esta apropiación irregular de recursos públicos y a dónde fueron a parar esos dineros.

Esta semana, en dos jornadas, el fiscal 60 de la Unidad Anticorrupción imputó cargos y solicitó medidas de aseguramiento contra cuatro de los implicados. Pero la sensación que predomina en los círculos allegados al proceso es que el ente investigador sólo está rasguñando en la periferia y, en algunos casos, buscando que el juez de garantías prive de la libertad a quienes no tenían poder de decisión en el controvertido programa ni tampoco tuvieron dominio del hecho.

Es el caso de dos directores técnicos del Ministerio de Agricultura, que por estampar su firma en un documento, cuyo contenido no proyectaron ni tuvieron participación en materia de acción contractual, hoy están a las puertas de un carcelazo.  Se trata de la exdirectora de comercio y financiamiento Camila Reyes del Toro y del exdirector de desarrollo rural Javier Romero Mercado. Sin función jurídica ni capacidad de decisión en AIS, hoy están en el ojo del huracán.

El origen del problema fue el convenio 078 de agosto de 2006, cuando el ministerio de Agricultura, a la hora de poner en marcha el programa AIS decidió hacerlo a través de un convenio de cooperación técnica y científica con el Instituto Interamericano de Cooperación para el Desarrollo de la Agricultura (IICA). Una estrategia que se repitió hasta 2009 y que fue la instancia que elaboró directamente los términos de referencia de las convocatorias públicas de riego y drenaje.

Con un equipo completo de asesores y expertos, desde su sede en la Universidad Nacional, esta dirección de AIS fijó los lineamientos generales del programa. Aún así, cuando el escándalo empezó a abrirse paso, el IICA expidió una declaración reconociendo que asumió la operación de la convocatoria de riego y drenaje, pero que la fijación de las reglas (términos de referencia) fue realizada directa y autónomamente por el Ministerio de Agricultura.

En otras palabras, que los requisitos, las condiciones y los criterios de calificación para acceder a los apoyos económicos fueron respetados por el IICA pero la decisión fue del Ministerio de Agricultura. Quizá por eso ninguno de los profesionales y contratistas que hicieron parte del IICA, en cuanto al convenio específico de AIS, está hoy vinculado a cualquier investigación. En su defecto, hay siete exfuncionarios del ministerio.

El primero es el exviceministro Juan Camilo Salazar Rueda, a quien no se le cuestiona su tiempo en la dirección de AIS. Está en el banquillo de los acusados porque entre enero de 2008 y agosto de 2010, como viceministro, participó en el proceso. Su defensa ha dicho que se trataba de contratos legales, de un tipo especial previsto en la ley por ser de ciencia y tecnología. Está por verse si sus argumentos son válidos o si fue responsable de otorgar los millonarios subsidios.

También un juez de garantías tendrá que resolver la situación de los exjefes jurídicos del Ministerio de Agricultura Tulia Eugenia Méndez y Óskar August Schroeder, quienes también esgrimen argumentos similares a los del viceministro Salazar. Pero de alguna manera, por su responsabilidad en el ámbito jurídico, tienen la obligación de explicar por qué no se adoptaron los mecanismos del blindaje necesario para evitar que los recursos de AIS se entregaran sin suficientes controles y reservas.

En cuanto a Javier Romero, su dolor de cabeza es su firma en el acuerdo 055 de 2008, que determinó los términos de referencia entre el Ministerio de Agricultura y el IICA para el programa de riego y drenaje. Él se ha defendido diciendo que su función nunca fue tramitar o aprobar estas instancias, que como servidor público cumplió el deber de respaldar el estilo microgerencial del ministerio, pero que su apoyo técnico no puede interpretarse como asignación de recursos.

De igual manera, en el caso de la exdirectora de comercio y financiamiento Camila Reyes de Toro, su defensa ha dicho que nunca hizo parte de comité administrativo alguno para seleccionar o calificar proyectos; y que específicamente en el tema de riego y drenaje, el convenio que se firmó con el IICA no incluyó a su despacho. Por eso no tenía disponibilidad material ni jurídica para asignar recursos públicos. Además, salió del ministerio antes de que se asignaran los apoyos.

En desarrollo de la audiencia de imputación de cargos, Reyes insistió a través de su abogado que su revisión a documentos fue informal y tan sólo representó una lectura atenta del tema porque carecía de competencia para decidir u ordenar cualquier acción contractual que comprometiera al Ministerio de Agricultura. Algo parecido a lo que argumenta Romero, quien dice que nunca elaboró documentos y que como ingeniero no tenía ninguna competencia jurídica.

Por los mismos hechos, la Procuraduría adelanta una investigación disciplinaria que también está a punto de fallarse. Pero en la Fiscalía, el dilema está centrado en que persiste en el argumento de que los exfuncionarios del ministerio representan un peligro para la sociedad y deben ser encarcelados. Aún oficialmente no se le han imputado cargos a Romero, al exsecretario general Juan David Ortega y al exdirector del Incoder Rodolfo Campo Soto.

A punto de que se tomen las primeras decisiones judiciales respecto al escándalo de AIS, existe la sensación de que el objeto de las pesquisas, que no puede ser otro que saber quiénes entregaron los subsidios de manera irregular, se está yendo por las ramas. Y que los verdaderos responsables permanecen a salvo. Cuando las miradas buscan al entonces ministro Andrés Felipe Arias, gestor y defensor de AIS, vuelve a quedar claro que su fuero deja su caso en las únicas manos de la fiscal Viviane Morales.

El relanzamiento del programa

El Gobierno relanzará mañana el programa Agro Ingreso Seguro, que fue sometido a grandes reformas y ajustes por el  escándalo de hace dos años.  El ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Juan Camilo Restrepo Salazar, anunció que el renovado programa de apoyo al sector agrícola colombiano tendrá nueva identificación y ajuste en las prioridades en la atención a los productores del campo.

Añadió que sin ser excluyente con la agricultura empresarial, el nuevo Agro Ingreso Seguro hará énfasis en los pequeños y medianos agricultores, en especial los asociados, en los pequeños y medianos distritos de riego y drenaje, así como en la provisión de bienes públicos.

Igualmente, indicó que tendrá el acompañamiento de la Universidad Nacional, proveerá a los beneficiarios líneas de crédito en condiciones favorables y contará con mecanismos de apoyo, con cara a los Tratados de Libre Comercio en favor del sector lechero.

 

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