Los computadores de 'Reyes' y la farcpolítica

LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA profirió esta semana un auto inhibitorio a favor del excongresista Wilson Borja tras declarar ilegal cualquier prueba procedente de los llamados computadores de Reyes.

A pesar de la controversia que produjo y del razonado deseo general de que así como se han perseguido los nexos del paramilitarismo con la política se desvelen por igual las innobles alianzas de ésta con la guerrilla, nada de sorprendente tuvo en realidad el fallo: se desatendió el debido proceso y quienes recolectaron las pruebas no tenían facultades de policía judicial. Los documentos podrán utilizarse para avanzar en otras investigaciones, pero no, en cuanto tales, como evidencia. Fallos idénticos se han proferido con anterioridad y la sensibilidad de este caso no tendría por qué hacerlo excepcional. La justicia, en este sentido, ha hecho bien en ser ciega.

¿Quiere esto decir que, como aseguró el expresidente Uribe, interpretando el sentir de muchos, “quedarán impunes quienes le colaboraban a Raúl Reyes”? Por supuesto que no. Por ejemplo, el caso más sonado de farcpolítica y sobre el cual tanto se ha dicho esta semana, el de la exsenadora Piedad Córdoba, se mantiene vivo en tanto la información de los computadores de Reyes sirvió de base a nuevas pesquisas y recolección de pruebas, mas no constituyó la prueba central en su contra. La defensa de la exsenadora ha interpuesto válidos recursos a su alcance, pero no será el argumento de la Corte en el caso Borja suficiente para desvirtuar las acusaciones. No ocurre lo mismo con otros que sí dependían de tales documentos y será labor de la justicia profundizar a partir de los mismos.

Y profundizar es importante. Porque la polémica decisión de la Corte, aun cuando esté sustentada jurídicamente, no puede significar lo que la sociedad está temiendo: que sirva para olvidar la necesidad de ir a fondo en las investigaciones de los nexos ilegales con la guerrilla. Ciertamente el valor procesal de los computadores de Reyes ha quedado desvirtuado —con razón, no huelga insistir—, mas no la información que en ellos había y que de hecho ha servido ya a propósitos militares y políticos nada despreciables. Los cuales, por lo demás, dejan sin piso los lamentos de estos días sobre la futilidad del éxito militar o el golpe a la moral que ha recibido la tropa con la decisión de la Corte.

¿Existe el doble rasero de que se acusa a nuestra justicia cuando de investigar los fenómenos de la parapolítica y la farcpolítica se trata? Aun cuando los resultados así parecieran indicarlo, resulta apresurado e injusto asegurarlo. Ciertamente, la parapolítica tenía como propósito cooptar al Estado; las guerrillas, por el contrario, quieren derrocarlo. Esa verdad incuestionable hace muy diferentes los dos fenómenos y uno menos difícil que el otro de ser investigado. Paradójicamente, el carácter decididamente oculto de la parapolítica ha hecho más fácil su persecución. La farcpolítica, por el contrario, se ha sabido camuflar con mayor efectividad.

No por esto puede nadie razonablemente sostener que en Caquetá, Putumayo, Nariño, Vaupés, Guaviare, Guainía, Arauca y Norte de Santander, por citar algunas de las zonas más visibles, no ha existido influencia de los grupos insurgentes en la política. Su filtración ha tenido menos altura, pero no por eso menos fuerza. Si en algo ha tenido razón el procurador Ordóñez ha sido en afirmar que “por los dos ojos hay que llorar”. Crimen es crimen. Y además es hoy transnacional.

En conclusión, en lugar de censurar a la Corte por un sesgo a todas luces improbable, lo que su discutida —pero en derecho— decisión de esta semana llama a debatir es si estamos frente a una criminalidad que se transforma a un ritmo que supera nuestra capacidad institucional para enfrentarla y, por tanto, es hora de revisar nuestro marco jurídico, que en casos como este parece pensado para otros tiempos. Que se abra la discusión, dejando por fuera los gritos ideológicos.

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