Los dientes contra la corrupción

¿Que pasaría si para el carrusel de la Salud, el de los contratos de Bogotá y el escándalo de AIS aplicaran normas como las de la nueva ley?

No dejan de sorprender los escándalos de corrupción que día a día surgen en el país, al punto que hay quienes señalan que un fenómeno de esta dimensión no tenía antecedentes. Ante este panorama, el Gobierno presentó ante el Congreso el estatuto anticorrupción, que anoche fue aprobado  en la plenaria de Cámara de Representantes. Sin embargo, aún no están claros los alcances de esta norma ni tampoco si puede convertirse realmente en un mecanismo efectivo para combatir la usurpación de los recursos públicos.

El Espectador planteó un panorama de eventual aplicación de esta norma ante los escándalos de corrupción que mayor impacto han generado en los últimos meses: las irregularidades en la entrega de subsidios del programa Agro Ingreso Seguro, el carrusel de la contratación en Bogotá y los sobrecostos e irregularidades en el sector salud.

Agro Ingreso Seguro

Si el fraude que se presentó con la entrega de subsidios de este programa por el cual ya han sido detenidos funcionarios del Ministerio de Agricultura se hubiera dado con el estatuto anticorrupción vigente, los particulares implicados en el fraude —quienes recibieron los subsidios y dividieron sus predios para acceder a más beneficios— habrían incurrido en el delito de fraude en la adquisición o recibo de subvenciones oficiales y sus condenas serían de entre cinco y nueve años, sin ningún tipo de reducción en la pena y bajo ningún motivo sería excarcelable.

En el caso de funcionarios públicos, se establecieron penas por fraude o subvenciones de seis a nueve años, lo que implica que al ser una condena superior a cuatro años tampoco será excarcelable.

Si existiera un acuerdo entre los funcionarios y los beneficiados con los subsidios para defraudar al Estado, se configuraría el delito de cohecho, y quien lo denunciara podría acceder a la suspensión de la condena siempre y cuado devuelva el dinero del subsidio, presente la denuncia contra el funcionario y sirva de testigo en el proceso.

Carrusel de la contratación

Este escándalo que tiene a los hermanos Moreno Rojas en aprietos, a Samuel por fuera de la Alcaldía y a Iván tras las rejas, no sólo afectaría a estos dirigentes políticos, sino también a los contratistas e intermediarios como: los primos Nule, Emilio Tapia y Julio Gómez.

En primer lugar aplicaría el principio de oportunidad y, en este caso, aplicaría el adagio popular de: “El que primero se arrodilla, primero se confiesa”. El estatuto contempla que, cuando existe una persona que ofrece plata y otra que la recibe, tanto el particular como el funcionario público, el que primero denuncie queda eximido de la sanción penal siempre y cuando devuelva todo el dinero, ponga la denuncia y sirva de testigo.

En conclusión, el que primero “eche al agua” a su cómplice recibirá beneficios jurídicos. Según explicó el coordinador ponente del estatuto, Germán Varón Cotrino, hasta el momento quienes delinquían se convertían en aliados y era casi imposible probar el delito. En el caso del carrusel de la contratación, las denuncias para evitar condenas harían más ágil el proceso.

Si hubiera condenas contra los hermanos Moreno Rojas, éstas no serían excarcelables y tampoco recibirían reducciones en sus penas. Para los contratistas aplicarían tipos penales como  el soborno, cohecho, concusión y hasta abuso de información privilegiada. Este último obedecería al acceso previo a los pliegos licitatorios para ganar estos millonarios contratos. Además se suspendería y cancelaría la personería jurídica de sus empresas.

Irregularidades en la salud

En este caso, según explicó Varón Cotrino, se configuran delitos más graves y con un número mayor de agravantes por tratarse de un bien jurídico que tiene como función proteger la vida de los ciudadanos.

En el estatuto anticorrupción se creó un capítulo especial para proteger los recursos de la salud y, a diferencia del carrusel de la contratación y de Agro Ingreso Seguro, en este caso sí existe un mecanismo de prevención de los delitos. En primera medida, se crea el Sistema Preventivo de Prácticas Riesgosas Financieras y de Atención en el Salud del Sistema General de Seguridad Social, lo que obliga a la Superintendencia a realizar una minuciosa inspección so pena de ser sancionados.

Con este mecanismo se podría prevenir lo sucedido con el sobrecosto en los medicamentos y la formulación de medicamentos a personas que no existen. Además, se establecen delitos como peculado por aplicación oficial de recursos de la salud, especulación de medicamentos y dispositivos médicos, agiotaje con medicamentos y dispositivos médicos, omisión de control en el sector salud. Ninguno de estos delitos es excarcelable y las sanciones van de cinco a quince años con aumentos en la pena por tratarse de dinero dirigido a preservar la vida de los ciudadanos.

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