Los lunares del Plan Nacional de Desarrollo

El PND, carta de navegación del gobierno de Juan Manuel Santos, ha despertado una serie de voces contradictoras que ya suenan en coro. Sus críticos argumentan que el proyecto no garantiza los recursos para desarrollar lo que propone y ven en éste una preocupante tendencia a otorgar facultades especiales al ejecutivo.

Mientras el Gobierno se come las uñas esperando a que el Congreso apruebe, en tiempo récord, el Plan Nacional de Desarrollo (PND), algunas bancadas han observado en él una serie de lunares que toman forma de constelación. El PND es la iniciativa fundamental para cualquier gobierno, ya que establece los lineamientos de las políticas públicas y la forma cómo estás han de ser llevadas a cabo. La premura de que este proyecto sea sancionado tiene una razón cronológica y es que de no ser aprobado en lo que queda de la semana, el proyecto se hundiría y tendría que ser sancionado a través de un decreto presidencial. Sin embargo, el Congreso de la República vive horas de angustia por causa de esta iniciativa, a la cual algunos parlamentarios le han visto la pata por la que cojea.

Política tributaría, una promesa incumplida

A pesar de que el entonces candidato a la presidencia Juan Manuel Santos prometió que al llegar al poder no crearía nuevos impuestos. El PND incluye una serie de nuevas tributaciones. Los artículos 21 y 22 incorporan el cobro de un nuevo impuesto predial y catastral, así como una serie de tasas urbanas que terminarían por ser pagadas por los ciudadanos. “Se generan nuevos gravámenes con cargo a la gente con menor capacidad de pago a través de impuestos indirectos como el predial que se aumenta ostensiblemente y una serie de contribuciones a nivel municipal y urbano. No se está recomponiendo la carga tributaría para que paguen los que más tienen sino que se está  profundizando el retraso tributario en contra de los más pobres” afirmó la presidenta del Polo Democrático, Clara López.  A su vez, el artículo 93 estipula el aumento progresivo del costo de la gasolina y los combustibles.  Para Camilo Sánchez, senador liberal, en el articulo 105 hay una reforma tributaría escondida.

Vivienda y medio ambiente

En los artículos del 107 al 111 y el 116 se trata todo cuanto concierne a la política de vivienda. En estos se encuentra que hay un incremento en el costo de la vivienda de interés social, así como una serie de disposiciones que le dejan abierta la puerta para la especulación dentro del negocio hipotecario. Por su parte, la bancada del Partido Verde, en voz de Félix Valera, sostiene que la iniciativa le imprime un amplio interés por la denominada locomotora de minería y los hidrocarburos, pero no contempla los recursos necesarios para equilibrar el desarrollo extractivo con políticas de protección ambiental. “El capitulo quinto del proyecto no garantiza la protección de ecosistemas frágiles y vitales como los humedales, así como establece facultades especiales para que el Ejecutivo realindere zonas de reserva forestal siempre que el gobierno esté interesado en algún proyecto extractivo. “Parece que este capítulo estuviera hecho por las empresas mineras”, explicó el senador del Partido Verde.

El desafío laboral

Una de las cuñas publicitarías de la campaña de Juan Manuel Santos rezaba  “más empleo mejor pagado”, así como también ha sido evidente que una de las condiciones de EE.UU. para destrabar el TLC con Colombia era el redireccionamiento de las políticas laborales y la garantía de los derechos de los trabajadores. Aún así, los artículos del 154 al 158 permiten que se contrate por días e incluso por horas y será  el Fosyga quien hará los aportes a parafiscales. “En un país donde la informalidad es rampante, generar empleo de esa manera va en contra de los derechos laborales”, sentenció Clara López.

Ley de Víctimas y Restitución de Tierras

A pesar de que el Gobierno ha anunciado que la ley de reparación de víctimas y restitución de tierras es una iniciativa histórica y fundamental para el mandato Santos, todo indica que el PND desmonta la intención de la propuesta. “El Plan Nacional de Desarrollo socaba cualquier posibilidad de reparación para las víctimas pues no trae ninguna alusión sustancial de cómo se va a garantizar esta ley. No hay mecanismos concretos para luchar contra la impunidad y los programas de tratamiento a la población desplazada continua, siendo eminentemente asistencialista, incluso el PND no establece los recursos para las víctimas”, expresó el representante Iván Cepeda. En cuanto al tema de tierras, los artículos 57 y del 186 al 188 sostienen que los baldíos y las zonas de reserva podrán  entrar al mercado de tierras y ser otorgadas a empresas y transnacionales a través de la decisión del ejecutivo.

Salud y Educación

Los artículos 129 al 142  estructuran los mecanismos que permiten una progresiva privatización de la red hospitalaria y la educación pública. “Hay una evidente  reducción de los recursos para la salud desfinanciándolos a favor de las EPS”, advirtió Clara López. Así como también se evidencia que el artículo 142 permite la entrada de recursos privados para el sostenimiento de las universidades públicas.

¿Más facultades especiales?

Uno de los argumentos más fuertes en contra del articulado del PND proviene de la bancada del Partido Liberal, quienes aseguran que en este proyecto el Gobierno ha incluido más de 40 artículos en los que se les otorga facultades extraordinarias al ejecutivo para que defina unilateralmente el tratamiento a un amplio número de temáticas.  Para el senador liberal Camilo Sánchez, quien es coordinador ponente del proyecto, “estoy a favor del Plan, pero no quiere decir que todo lo que diga el Gobierno es verdad revelada. Aquí se está legislando a través de artículos. Hay más de 45 otorgándole facultades al Gobierno. Lo que hay es un cúmulo de artículos ley que pretenden evitar los debates del Congreso. En esta iniciativa hay una excesiva centralización de los recursos y las decisiones a favor del ejecutivo”. Por su parte, el Senador Carlos Alberto Baena, del Movimiento de Renovación Absoluta –MIRA- , el PND no parece un plan de desarrollo sino un plan nacional de facultades. “El gobierno nacional está recibiendo muchísimas autorizaciones para desarrollar las materias contenidas en el plan. En estos términos se entiende que este plan termina permitiendo que el Gobierno se salte al Congreso para tomar decisiones sobre temas de trascendencia nacional”, sentenció.

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