Los Nule delinquieron

Aceptaron que cometieron peculado, pero rechazaron otros cuatro delitos. Su confesión fortalece sus denuncias contra exfuncionarios.

Miguel, Manuel y Guido Nule, así como Mauricio Galofre Amín (cuñado de Manuel), quienes llevan casi un año disparando acusaciones desde su trinchera en Miami en medio del escándalo del carrusel de la contratación de Bogotá, ayer hicieron un mea culpa ante un juez de garantías y confesaron que ellos también delinquieron.


En audiencia pública, Germán Pabón, fiscal segundo delegado Ante la Corte Suprema, les imputó el pasado jueves peculado por apropiación en concurso con fraude procesal, falsedad en documento privado, cohecho y concierto para delinquir. Ayer, en el reinicio de la audiencia, ellos aceptaron un delito: el de peculado, y reconocieron que sí participaron en la pérdida y el desvío de recursos públicos que les entregaron a modo de anticipo para desarrollar los contratos que les adjudicó el Distrito. Sin embargo, no aceptaron haberlo hecho con falsedad de documentos, fraude procesal ni cohecho, y mucho menos que las maniobras empresariales que utilizaron fueron un concierto para delinquir como lo quiere hacer ver la Fiscalía.


La diligencia comenzó el viernes casi a las 2:45 de la tarde. El juez empezó preguntando a los imputados si aceptaban o no los delitos en su contra. Todos dieron la misma respuesta: que aceptaban el peculado y rechazaban los otros cargos. Posteriormente, para corroborar que su decisión fue sin presiones, les preguntó si fueron bien asesorados, si tenían problemas mentales o si les habían ofrecido más del 50% de la rebaja de la pena. Los cuatro respondieron que su decisión había sido libre y consciente.


A renglón seguido, el fiscal procedió a solicitar la medida de aseguramiento contra los cuatro procesados, por la gravedad de los delitos. Pabón Gómez le solicitó al juez que a la hora de tomar la decisión considerara ordenar la reclusión de los Nule y Galofre en las celdas del búnker de la Fiscalía por motivos de seguridad. “Le solicito ordene el búnker como reclusión temporal, mientras se coordina con el Inpec su traslado a un sitio donde cuenten con las condiciones de seguridad”.


Justo el delito que aceptaron fue uno de los cargos en los que se apoyó el fiscal para justificar la medida de aseguramiento. Dijo que ellos, a través de sus empresas y con sus decisiones, desviaron el dinero de los anticipos que les entregó el Distrito para los contratos que les adjudicaron. Como evidencia para enviarlos a la cárcel mostró un informe del CTI en el que se evidencian los malos manejos de los anticipos y los informes de la Superintendencia de Sociedades en los que se demuestra que las empresas de los Nule no legalizaron los anticipos de las obras.


A estos informes sumó el reconocimiento que hicieron los propios procesados sobre las faltas. “Sí hubo irregularidades en el manejo de los anticipos que nosotros hicimos de varios subcontratos e hicimos inversiones con los anticipos”, dijo Miguel Nule en interrogatorio del 18 de diciembre de 2010. Por su parte, Manuel Nule indicó: “Yo estimo que $25 mil millones de los anticipos fueron utilizados para otros proyectos y no en la obra”.


En la audiencia, llamó la atención que, pese a que la Fiscalía tiene evidencias concretas sobre la falsedad en documentos y cohecho, como las declaraciones de los propios involucrados, ellos no aceptaron estos delitos. Ejemplos de la falsificación los relató Mauricio Galofre, en dos declaraciones que dio el 19 de diciembre del año pasado y el pasado mes de marzo, en las que dijo cómo alteraron documentos que presentaron al IDU como los de las empresas Tiasa S.A. y Condux S.A. Además, el caso de La Carena con la que, “por ejemplo, si tenía 10 millones de euros de estabilidad económica, poníamos que eran 100 millones. Eso se hacía en Colombia por orden de Miguel y mía. De igual forma, se alteraron los años de experiencia para que el IDU adjudicara los contratos 071 y 072”.


El cohecho también lo ratificaron en sus declaraciones al decir: “En el caso del contrato de la Fase III de Transmilenio fue distinto a los otros, porque fue a través de las dádivas que se le dieron a Inocencio Meléndez, las cuales fueron tramitadas a través de Carlos Arturo Gómez, conocido como Chon”.


La solicitud de medida de aseguramiento la apoyaron la Procuraduría y los abogados de las víctimas. El abogado de Serurexpo pidió que los aseguraran también por concierto para delinquir y expuso una carta que probaría cómo posiblemente se apropiaron de parte del anticipo para la compra de acero. El abogado de la Contraloría, a quien también aceptaron como víctima, se retiró del caso.


Los abogados de los procesados no se opusieron a la solicitud, a indicar que los Nule no solo llegaron a aceptar cargos, sino también las consecuencias. “Lo único que pedimos es que se tenga en cuenta su colaboración y se les brinde seguridad”, indicaron.


Los Nule son los principales protagonistas de carrusel de la contratación en Bogotá. Son 18 contratos asignados al grupo empresarial Nule, en los que la Fiscalía encontró supuestas irregularidades. La cifra de recursos desviados en sólo tres de ellos asciende a casi $54 mil millones, dinero del que aún no se tiene rastro.


Todos los delitos que les formularon encajan en una estrategia que supuestamente montó el grupo empresarial para acaparar varios contratos de obra y acceder a los anticipos. Ésta comenzaba con el supuesto pago de dádivas a funcionarios con incidencia en la adjudicación y luego, para cumplir los requisitos de las licitaciones, falsificaban documentos de experiencia y capacidad económica. Con el contrato accedían a los anticipos, que manejaban irregularmente.


Su confesión enreda más la situación de los exfuncionarios involucrados en la investigación, como la exdirectora del IDU Liliana Pardo, el exsubdirector de la entidad Inocencio Meléndez y el excontralor Miguel Ángel Moralesrrusi, quienes están con medida de aseguramiento por no evitar a tiempo que los Nule delinquieran. De igual manera, al congresista Iván Moreno y al excongresista Germán Olano, otros de los salpicados por el carrusel.


El escándalo se destapó por el incumplimiento de las obras de la Fase III de Transmilenio, que llevó a desnudar un esquema de corrupción en contratos en Bogotá y en varios departamentos del país. Todos los contratos en los que rondó el Grupo Nule están en la mira de las autoridades. En total, se estima que hoy cursan 14 investigaciones penales contra los polémicos empresarios.


Por esta razón, toda la información que pueden tener los Nule de políticos y funcionarios involucrados se ha convertido en su principal activo para negociar con la Fiscalía y la justicia, algo que esperan capitalizar antes del juicio por los delitos que no aceptaron. Los defensores de los polémicos empresarios indicaron que entregaron 500 pruebas de los delitos que se presentaron en los contratos de Bogotá y otras ciudades del país.


La audiencia se reanudará el  lunes a las 3:00 p.m., cuando  el juez del caso definirá si dicta o no la medida de aseguramiento. Los Nule pasarán el fin de semana en el búnker de la Fiscalía.

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