Los 'peros' del auge económico

Mientras la política de Seguridad Democrática trajo grandes oportunidades para el capital privado, se descuidó la seguridad ciudadana y aumentaron los delitos tecnológicos. Así concluye el Índice Global de Seguridad, de la firma Unisys.

A simple vista parecía una casa cualquiera en la localidad de Fontibón, en Bogotá. Su dueño era saludado cada mañana por los vecinos mientras salía a su rutina diaria, y los comerciantes del lugar señalaban que tenía un gran trabajo y un promisorio futuro. Pero la Policía tenía otro tipo de información. Por eso, cuando allanó su casa, encontró 2.304 tarjetas de crédito nacionales, 691 internacionales y 1.499 plásticos con banda magnética listos para utilizarse; según los investigadores de la Dijín, la casa era la fachada de una red que había cometido fraudes por $8.000 millones, que también había robado 182 cédulas de ciudadanía y clonaba tarjetas de países como España, Alemania, Canadá, Estados Unidos, Japón y Australia. El nombre del único detenido se perdió entre la reserva de la investigación.

Fue el final feliz de una de las 400 denuncias mensuales que las autoridades recibieron, en promedio, durante 2010. Una muestra de la evolución que el crimen organizado está teniendo en el país y que el año pasado le costó $3.000 millones a las instituciones comerciales y financieras. De hecho, en el Índice Global de Seguridad, publicado este mes por la multinacional informática Unisys, el principal temor de los colombianos ya no es que los secuestren durante un viaje por carretera o que los roben mientras caminan, sino que un día encuentren vacía su cuenta bancaria.

Según la investigación, elaborada por la consultora estadounidense Lieberman Research Group, Colombia es el país del mundo más preocupado por temas de seguridad. Un resultado bastante inquietante si se tiene en cuenta que es la primera vez que el país es consultado en esta medición que comenzó a elaborarse anualmente desde 2007. “Nos hemos vuelto una economía bastante representativa tanto para el mundo como para el sector tecnológico. Antes, los negocios informáticos multimillonarios eran escasísimos”, señala Yolanda Auza, gerente regional de Unisys.

El estudio fue realizado a 11.715 consumidores alrededor del mundo, a quienes se les preguntó por su percepción sobre la inminencia de un ataque a su territorio, a su información en internet, a sus datos bancarios o a su seguridad personal. Sobre una calificación de 300 puntos, los encuestados calificaron el robo de su información financiera, con 159 puntos,  como su principal preocupación, muy por encima de un ataque terrorista (145).

 Por países, Colombia ocupa el primer lugar, con 186 puntos, seguido de México y Brasil, cada uno con 180 (ver gráfico). “Es la primera vez que se incluye a América Latina, por eso se explica que sus tres principales economías ocupen los primeros lugares”, comenta Auza.  El fraude bancario, con 79%, es la principal preocupación de los encuestados colombianos, quienes ubicaron el robo de identidad en la segunda posición (73%); les siguen los ataques terroristas (72%) y el riesgo de una epidemia médica (65%).

Pero más allá de un simple ejercicio de percepción, estos resultados comprueban que, contrario a lo que se cree, Colombia continúa siendo un país plagado de riesgos para los negocios. Sobre todo después de ocho años de la política de  Seguridad Democrática, la cual, basada en la ayuda militar que Estados Unidos le ha venido girando al Gobierno desde 1999 con el Plan Colombia, combatió a los grupos al margen de la ley para atraer la inversión extranjera. De acuerdo con el Banco de la República, los flujos externos pasaron de  US$989 millones en al año 2000 a un pico de US$5.406 millones en 2007, y, posteriormente, debido a las consecuencias de la crisis financiera mundial, bajaron en 2010 a US$4.115 millones. El mayor receptor de fondos ha sido el sector petrolero, que tan sólo entre 2008 y 2010 realizó inversiones por US$4.789 millones.

Durante este periodo no sólo se instalaron grandes multinacionales para ampliar sus operaciones en sectores como el minero energético, el turismo, el sistema financiero y el agroindustrial, sino que uno de los que más ha brillado con luz propia es el tecnológico, que en años recientes ha visto inversiones por US$70 millones. De hecho, el auge le ha servido a las empresas colombianas para diversificar su portafolio de servicios y expandirse por la región.

Como Siesa, una empresa caleña que se especializa en el desarrollo de software y aplicaciones corporativas. Fundada en 1981, en sus principios se especializó en brindar soluciones a las pequeñas y medianas empresas; hoy tiene 10.400 clientes colombianos y 50 en el exterior gracias a su proceso de expansión regional que comenzó en el año 2000, cuando extendieron sus operaciones a Caracas. “Registramos el año pasado ventas por $27.000 millones. Actualmente tenemos el 15% del mercado de soluciones empresariales”, comenta Manuel Barreto, su consultor gerencial. Empresas como Crepes & Waffles, el diario El País de Cali, El Corral y Studio F funcionan con sistemas operativos creados por Siesa, que hoy en día proyecta inversiones por US$1,5 millones para hacer realidad su proyecto de internacionalización en Perú, Ecuador, Chile y Centroamérica.

Pero mientras el gobierno se esforzaba para brindarle las mejores oportunidades de crecimiento al capital privado, fue postergando otros temas de seguridad que, con el tiempo, se convirtieron en grandes problemas. “Se hicieron fuertes inversiones para garantizar el desplazamiento a las zonas rurales, proteger la propiedad privada en el campo y combatir la subversión. Pero se descuidó la seguridad ciudadana, que hoy en día es un lastre para las autoridades”, asegura Ricardo Esquivel, docente de Geoestrategia de la Universidad Javeriana, quien estima en $19 billones el presupuesto que el Estado destinará en 2011 para garantizar la seguridad en el territorio.

Ante la fuerte ofensiva lanzada contra el narcotráfico y los grupos armados ilegales, el crimen se reinventó y se desplazó a las ciudades. De ahí que la Policía haya redoblado esfuerzos para combatir los delitos informáticos (estima las pérdidas generadas en $100.000 millones) y que el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en conjunto con los operadores celulares, haya tomado acciones legales para impedir que el récord de 30.000 teléfonos móviles hurtados en 2010 sea superado.

“Al colombiano del común ya no le interesa que capturen capos o decomisen droga, quiere  que no le roben su celular, su dinero o su casa. Hay que cambiar el discurso de las autoridades y atacar directamente el tráfico de armas, que facilita los atracos”, señala el general retirado Luis Enrique Montenegro, consultor internacional en temas de seguridad. Por su parte, Esquivel recomienda tomar acciones de fondo: “Mientras no haya una verdadera política de fomento y generación de empleo, cualquier política de seguridad fracasará”.

Pero esta realidad también genera nuevas oportunidades. La firma Unisys espera no sólo que su informe trascienda a los espacios políticos y se vuelva un referente para las autoridades, también busca ampliar sus operaciones en el país. Concluye Auza: “Vemos un gran potencial para penetrar áreas como la seguridad metropolitana y la portuaria”.