Los Wayuu y el Estado

DENTRO DEL ORDEN CULTURAL wayuu se establece que los enfrentamientos derivados de los conflictos se libran sólo entre hombres, mientras las mujeres son mediadoras, interlocutoras y corredoras sin fronteras dentro de la guerra.

Atentar contra ellas hace que el enfrentamiento deje de ser honorable. Hoy hace siete años exactamente, con apoyo del Ejército Nacional y algunos miembros de la comunidad, un grupo de 40 paramilitares entró al territorio de Bahía Portete y torturó y asesinó a un hombre y a cuatro mujeres indígenas, de las cuales hoy todavía dos siguen desaparecidas. El homicidio de estas mujeres resultó, como era de esperarse, en que la comunidad le quitara competencia a la ley wayuu para juzgar estos hechos —rehusando la mediación de palabreros en compensación de los daños ocasionados— y aceptó que se iniciara un proceso judicial por la vía ordinaria. Este proceso de búsqueda de justicia ha sido liderado por varias mujeres sobrevivientes a la masacre, y a múltiples atentados durante los años siguientes.

No obstante, para ellas, las amenazas no son el mayor problema. En 2004, Acción Social, junto con el complejo minero El Cerrejón, funcionarios departamentales y el propio vicepresidente Francisco Santos, llegaron para acompañar un retorno de varios desplazados por el conflicto a Bahía Portete. Tal acción, sin embargo, no se consultó a la autoridad tradicional ni a los líderes de esta comunidad y se reubicaron a indígenas que no vivían en el territorio. Situación que aumentó las tensiones diarias de su comunidad, la cual, además, ha tenido que vivir, por razón del afán propagandístico del gobierno anterior, en un lugar donde no hay todavía, pese a los anuncios oficiales, control de la Fuerza Pública. Así, como lo ha recordado el Grupo de Memoria Histórica de la CNRR, el Estado se enfrenta ahora no sólo a la responsabilidad de hacer justicia con los familiares de las víctimas de la masacre, sino también a la de entregar el resguardo bajo las condiciones mínimas de seguridad; algo nada fácil dada la fuerte presencia de bandas criminales.

Para complicar las cosas, dentro de la ley wayuu, el plazo máximo para hacer justicia ya se venció. Mientras que para este pueblo son sólo tolerables cinco años de espera para aplicar justicia, la justicia ordinaria lleva siete años con el proceso sin haberlo concluido. La comunidad está cansada y el jefe de la autoridad tradicional les hizo saber el pasado 11 de marzo a los miembros de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía, en su primer encuentro con la comunidad, que ya perdieron toda confianza en el Estado: “Vienen las instituciones a hacerme promesas para que quedemos contentos, pero se van y no pasa nada, creen que me tendrán así contento hasta que muera”. Por fortuna, como ha sucedido ya varias veces en el país, las líderes que llevan el proceso no se quedarán quietas esperando respuesta del Estado, pues como ellas mismas lo dicen, están decididas a llegar hasta donde la justicia las escuche, incluso si esto significa llevar el caso a las Cortes Internacionales.

Si se logra vencer la impunidad para este caso, no se premiará a ninguna institución. El mérito es de las mujeres de Bahía Portete que con firmeza han enfrentado a sus victimarios. Al igual que a nosotros, los medios de comunicación, y a las instituciones, que no hemos podido comprender la profunda desestabilización cultural que ocasionó la masacre, ni la importancia de llevar a buen término los reclamos de los wayuu, encontrar a sus desaparecidas, y garantizar el retorno seguro a su territorio. Ya mucho les ha quitado el país a las comunidades indígenas. Es hora de comenzar a tomarse en serio las deudas pendientes.

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