“Los hechos que voy a narrar corresponden al desplazamiento masivo que sufrimos los moradores del corregimiento de Buenos Aires, jurisdicción de El Peñón, en el sur de Bolívar, en febrero de 2003 y enero de 2006...”. Así comienza su relato el campesino Pedro Moreno Redondo, miembro de la Asociación de Campesinos (Asocab), ante Acción Social en 2006.
En dos hojas escritas a mano, el desplazado relata lo que padecieron los habitantes de la región a manos de los paramilitares, que los desterraron de la hacienda Las Pavas, justo cuando tramitaban ante el Incoder la adjudicación de tierras abandonadas y que ellos trabajaban para su sustento.
En 2006, cuando regresaron luego de un desplazamiento, apareció Jesús Emilio Escobar Fernández (pariente del narcotraficante Pablo Escobar Gaviria), quien en el papel era el dueño de la tierra y fue la Fuerza Pública la que los desalojó por ser invasores de un predio privado.
Su pelea ha estado entre alegrías y tristezas, pues cada vez que alguna autoridad legalizaba su lucha y creían que al fin iban a ser propietarios de su terruño, otra con poder superior echaba al traste el esfuerzo. Ya pasó en el Incoder y en los juzgados del Departamento de Bolívar, donde inicialmente accedieron al proceso de extinción de dominio, pero en segunda instancia revocaron la decisión. En medio del litigio, Escobar Fernández vendió el predio, lo que complicó todo.
Pero los campesinos de Asocab persisten y, a pesar de varios desplazamientos, siguen con su intención de regresar. Este año, a comienzos de abril, reiniciaron su lucha con una nueva ocupación pacífica a Las Pavas y con un derecho de petición que presentaron el pasado lunes al ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, y al director del Incoder, Juan Manuel Ospina, en el que suplican por la extinción de dominio de Las Pavas. Están esperanzados en la política de restitución del Gobierno y en un comunicado del propio Ministerio que dicen que los van a apoyar.
No obstante, el propio Incoder, mediante resolución del 25 de mayo de 2010, cerró la puerta a cualquier proceso de extinción sobre los predios Las Pavas, Peñaloza y Si Dios Quiere, ya que para la autoridad agrícola tienen dueño y los están explotando. Actualmente las firmas Aportes San Isidro y C.I. Tequendama tienen cultivos de palma aceitera. Entre los propietarios están Eduardo y José Domingo Dávila Armenta, procesados por nexos con las Auc.
El Ministerio de Agricultura en su comunicado asevera que a pesar de retomar el caso para buscar una respuesta favorable a la comunidad campesina, “lamentablemente hay decisiones en firme que es imposible (legalmente hablando) deshacer”. En compensación, el ministro de Agricultura se comprometió a incluirlos en un plan de choque para brindarles una solución.
Según el relato de Moreno Redondo, la hacienda Las Pavas, que era propiedad de Jesús Emilio Escobar Fernández, fue abandonada en 1995. Debido a la pobreza, dos años después llegaron 127 familias a explotar dichas tierras y cultivaron yuca, maíz, frijol y arroz. Un año después nació la Asociación de Campesinos de Buenos Aires (Asocab). Los campesinos trabajaron la tierra y las autoridades alcanzaron a ver que ellos volvieron productivas varias hectáreas, lo cual, a la luz de la ley, les otorgaba prioridad para que el Gobierno les titulara.
Pero a comienzos de 2003 empezó el hostigamiento de los paramilitares. Ellos resistieron, hasta que llegó el ultimátum. Tuvieron que refugiarse en el corregimiento de Buenos Aires. Meses después regresaron y a partir de mayo de 2006 promovieron el proceso para que declararan la extinción de dominio de los predios y así ellos tuvieran la oportunidad de comprar.
Y justo cuando adelantaban el trámite, reapareció Escobar Fernández a reclamar la tierra y en 2007 la vendió a los cultivadores de palma, quienes dicen que compraron de buena fe. En noviembre de 2008, cuando las empresas Aportes San Isidro y C.I. Tequendama ya estaban posesionadas del predio, el Incoder expidió una resolución en la que ordenaba estudiar la extinción.
La lucha entre los empresarios y los campesinos hizo que en 2009 fueran desalojados de nuevo. A través de una tutela, los campesinos lograron que un juez ordenara que no los sacaran, mientras se resolvía el proceso de extinción. Pero la apelación de la tutela, por los actuales propietarios, revocó la decisión. En junio de ese año, con orden judicial, los sacaron de nuevo.
Hoy vuelven a su lucha y a la espera de que las autoridades analicen todo el proceso. Los empresarios reclaman que compraron los predios porque éstos no tenían restricción. Los campesinos insisten en que esas tierras deben ser para ellos y están a la espera de la última instancia de la tutela ante la Corte Constitucional. Hoy piden al Ministerio que proteja sus derechos como campesinos desplazados y que ordene la investigación contra los funcionarios que con sus acciones y omisiones no lo hicieron.