A más cárceles, más penas

EL PASADO 12 DE JULIO EL MINIS terio del Interior y la Corporación Andina de Fomento firmaron un convenio para la construcción de cinco centros penitenciarios y carcelarios en Colombia.

Además de dotar nuevas locaciones en Antioquia, Santander y el Eje Cafetero, el plan pretende construir tres instalaciones contiguas a la cárcel La Picota con el fin de trasladar allí a los reclusos de El Buen Pastor y La Modelo; con esto, de acuerdo con las declaraciones del ministro Germán Vargas Lleras, se crearán 25.000 nuevos cupos en el país. Noticia que se suma a una serie de eventos políticos que vuelven a situar a las prisiones en del debate nacional. Un panorama esperanzador si se tiene en cuenta que después de la sentencia T-153 de 1998 de la Corte Constitucional, que declaró un estado de cosas inconstitucional en el interior de las penitenciarías, poco o nada se oyó hablar de la inhumana situación de los reclusos.

Con la entrada del gobierno Santos, y bajo la batuta del Ministerio del Interior y de Justicia, puede verse cómo las tres ramas del poder público han tomado partido en esta discusión: el Congreso tramita en estos momentos la reforma al Código Penitenciario y Carcelario de 1993 con el fin de hacerlo acorde al derecho internacional y los tratados ratificados por Colombia; la Corte Constitucional profirió en marzo un auto que, si bien deniega el desacato de su decisión del 98, afirma que en los centros de reclusión subsiste una situación de violación sistemática de derechos fundamentales; y el Gobierno Nacional, por su parte, impulsa iniciativas como el nombramiento de la Comisión Asesora de Política Criminal y Penitenciaria, integrada por reconocidos expertos en la materia. Todo apuntando a una misma dirección: reducir los índices de hacinamiento, otorgar a los internos un trato digno, e integrar a los sectores de la academia para que sus consideraciones sean escuchadas.

Algo que obliga a observar con lupa el sistema penal y analizar qué, cómo y por cuánto tiempo se está castigando. De esta cara de la moneda pueden encontrarse reformas que, además de avanzar a pasos de gigante, siguen la tendencia clásica de aumentar los años de prisión. Como casos paradigmáticos están el nuevo Estatuto de Seguridad Ciudadana, la propuesta de acto legislativo para hacer la vida inviolable desde el momento de la concepción, o el proyecto que busca implementar la cadena perpetua para violadores de niños. Si bien estas reformas tienen una gran acogida dentro de la población, no es muy acertado pensar que la criminalidad puede resolverse con el aumento drástico de penas. Las medidas de este tipo, aunque populares, no son muy eficientes, presentan problemas constitucionales frente a la proporcionalidad del castigo e incrementan los niveles de hacinamiento carcelario. La solución más coherente, en esta línea de ideas, es enfocarse en la eficacia del sistema judicial como elemento disuasivo de la conducta criminal.

Sin duda, éste es un momento favorable para que el Gobierno se siente con calma a pensar sobre la coherencia que debe existir entre sistema punitivo y sistema penitenciario. ¿De qué sirve la construcción de nuevas prisiones si constantemente recibirán más personas por tiempos aún más prolongados? Las soluciones de infraestructura —necesarias, debido a los problemas que bien ha sabido interpretar el Gobierno— son temporales y deben ser complementadas desde otros puntos de vista que atiendan a distintas y menos simples conclusiones acerca de por qué persiste el crimen en Colombia. Alguien, sin duda, tiene que ceder en esta contienda.

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