México investiga sus fosas comunes

En el norte de México, los muertos que dejan el narcotráfico y el crimen organizado están comenzando a emerger desde la tierra.

El estupor fue generalizado cuando se informó del hallazgo de más de una docena de fosas comunes en el municipio de San Fernando, en el estado de Tamaulipas. Las autoridades iban por 116 cuerpos contados en estos lugares cuando se difundió otro triste descubrimiento: una nueva fosa común fue encontrada en el estado de Sinaloa, con los restos de 11 personas, dos de ellas mujeres.


La suma establece en 127 los cuerpos hallados, con evidentes señales de violencia y tortura. Pero los peritos continúan trabajando y es factible que aparezcan más restos y más familias llamando a las autoridades estatales para evaluar los registros y determinar si su ser querido desaparecido está dentro de los cadáveres.


Las averiguaciones también han venido de gobiernos extranjeros. El Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador hizo oficial un pedido de información sobre los cadáveres. En diciembre del año pasado un grupo de 50 inmigrantes fue raptado en la zona, entre quienes se encontraban varios salvadoreños de quienes hoy nadie parece saber dónde se encuentran. Los antecedentes no son los mejores: en agosto, 72 inmigrantes, centroamericanos en su mayoría, fueron masacrados en Tamaulipas.


El cartel de Los Zetas son los principales sospechosos de estos hechos y de ser los responsables del macabro abastecimiento de fosas comunes en la región, cercana a la frontera con Estados Unidos. Ellos, exmilitares que sucumbieron ante el poder del narcotráfico, sus disputas territoriales con el cartel de los hermanos Beltrán Leyva, su negocio de secuestro y extorsión de inmigrantes, son quienes reciben las principales acusaciones del gobierno y los testigos que han logrado salir con vida.