Mafia de salud, ante un juez

Sigue la búsqueda de los otros implicados en el proceso para dejarlos a órdenes de las autoridades. La cifra del fraude podría ascender a 4.5 billones de pesos.

Los cinco primeros detenidos, señalados de  supuestamente pertenecer a la red dedicada a defraudar al sector de la salud, cumplieron dos días de frente a un juez de control de garantías, quien ya legalizó sus capturas. Además, los supuestos implicados ya escucharon la imputación por los que serían llevados a juicio.

Los primeros procesados, pertenecientes a la red que el Presidente de la República calificó como “mafia”, son Claudia Patricia Rojas Puerta, que trabajaba desde el 2003 en el Ministerio de Protección Social y era la coordinadora de cobros y reclamaciones; Luis Andrés Ruiz Martínez, que hasta el año pasado fue el encargado de las bases de datos del Ministerio de Protección; Héctor Mauricio Durán Poveda, subgerente de cartera de la EPS Sánitas, y los particulares Édgar Isaías Medina Millán y John Carlos Lemus Rodríguez, quienes asesoraban a las EPS en los recobros.

La Fiscalía les formuló imputación por concierto para delinquir, prevaricato por acción, peculado por apropiación, cohecho y enriquecimiento ilícito. La magnitud de los delitos y la posibilidad de que entorpezcan la investigación fueron los principales argumentos de la Fiscalía para solicitar al juez que los enviara a prisión.

Aunque inicialmente se habló de seis detenidos, a uno de ellos lo tuvieron que dejar en libertad, ya que en su contra no existía orden de aprehensión. Se trata de Santiago Rafael Carrascal, contratista del Ministerio de Protección Social, quien fue detenido mientras destruía documentos aparentemente relacionados con el caso. A él lo procesarán por destrucción de información.

De acuerdo con la Fiscal General de la Nación, Viviane Morales, se solicitaron 25 órdenes de captura. Aún hay 20 personas, entre exfuncionarios, empleados de EPS, intermediarios y particulares, pendientes de ponerlos a buen recaudo de las autoridades. Sin embargo, indicaron que la investigación continuará hasta las “últimas consecuencias”.

La investigación, que se adelanta desde agosto del año pasado, cuenta con abundante material probatorio como documentos y varios archivos digitales recuperados por personal de la Dijín, de varios computadores del Ministerio de Protección y del Fosyga. También suman correos electrónicos en los que los miembros de la red de corrupción coordinaban el pago de recobros y las comisiones.

De igual manera, el propio general Óscar Naranjo, Director de la Policía, relató ayer que entre las últimas evidencias están los documentos que prueban que a cinco EPS les aprobaron 22 paquetes de recobros y de los que saldrían las comisiones para funcionarios e intermediarios. El total de la transacción era por casi $22 mil millones, de los cuales casi el 10% terminaba en el bolsillo de los miembros de la red delincuencial.

Se calcula que el robo al sistema de salud podría ascender casi a los cinco billones de pesos. El nombre de las EPS involucradas se ha manejado con cautela por los entes de control.

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