Mal hecha, mal remendada

La Constitución dejó sentadas las bases del sistema electoral de hoy.

Uno puede evaluar la Constitución de 1991 apelando a varios criterios. Uno de ellos es la garantía de los derechos de las personas. Sin duda, comparada con la Constitución de 1886, la del 91 ha dado lugar a una transformación positiva. Los derechos son poderes en manos de los ciudadanos y guía para el porvenir. No es vano el símil que sugiere que la Carta de derechos es nuestra carta de navegación. Sin embargo, el barco que salió de los astilleros de la Constituyente quedó mal hecho. Sigue a flote. No ha servido para realizar la trayectoria de cambio de la sociedad. Me refiero al sistema electoral y al Congreso.

El sistema electoral determina el sistema de partidos y son los partidos los que hacen funcionar al Congreso. El Congreso debería haber desarrollado el contenido progresista de la Constitución. Si no lo ha hecho es por causa de la misma Constitución, a cuenta de un diseño institucional desacertado. O, para decirlo en el lenguaje del teatro: si el papel que le hemos dado es el de Lady Macbeth, no le pidamos a Porcia que contenga su abyecta ambición.

Uno de los principales objetivos del cambio constitucional era hacer a la democracia más incluyente. El Frente Nacional sirvió para pacificar sectarismos, pero su legado fue el de una “democracia” excluyente. La tarea de los constituyentes era modificar las reglas de juego de la política para que nuevas fuerzas se incorporaran al sistema y para que se tramitaran grandes propuestas de cambio económico y social. Si éste es el rasero, la conclusión sólo puede ser una: la Constitución de 1991 quedó mal hecha y ha sido mal remendada.

Uno de los peores vicios de la dinámica política colombiana han sido las microempresas electorales. El diseño institucional de 1991  acendró la mecánica clientelista. Hasta el 2006, cuando se aplicaron las reglas de la reforma política de 2003, la mayoría de los senadores obtuvieron su curul a punta de residuos. Pocos tenían el mérito de haber entrado al Congreso con un número superior al  cuociente electoral. Este es un hecho que no habla mal de los políticos sino de las reglas que buscan organizar la competencia electoral.

Las grandes novedades de la reforma del 2003, el umbral y la cifra repartidora, fueron puestas en vigor gracias a un acuerdo que incluyó una institución que borra con el codo lo que se hizo con la mano. El voto preferente ha mantenido intacta la dinámica de personalización de la relación entre electores y elegidos. La feria de avales y la operación avispa fueron sustituidas por instituciones que, en teoría, deberían obligar a los partidos a actuar más concertadamente. Hasta cierto punto, este objetivo se ha logrado.

La competencia de todos contra todos, incluidos los del mismo partido, sigue siendo tan despiadada como antes. Aunque los esfuerzos de los candidatos terminan por sumarse a los del partido, el incentivo que tiene cada uno es lograr que los electores voten por ella o él. Si esta es la dinámica electoral, resulta ingenuo esperar que los elegidos abandonen la práctica de cultivar adhesiones personales, a despecho de objetivos colectivos y de una formulación más racional de políticas públicas.

A la necesidad de asignar recursos a la guerra interna y al proyecto de modernización neoliberal, se les puede achacar buena parte del déficit institucional en materia de justicia social. Pero no es menos cierto que la falta de disciplina de los partidos y el premio a las dinámicas personalistas en el trámite de las leyes y la asignación del gasto son obstáculos para la promoción del crecimiento y la búsqueda de la equidad.

La captura de rentas, esto es, la manipulación de regulaciones legales para obtener beneficios restringiendo la competencia y la productividad, así como la corrupción política y administrativa, son consecuencias perversas de este sistema. El activismo de la Corte Constitucional también lo es. Si la democracia funcionara como debería, no se recurriría tan frecuentemente a la intervención de la aristrocracia de la toga para enmendar la plana a los congresistas.

En materia de inclusión, no son los únicos defectos de la Constitución de 1991. Generosa con los derechos, la Constituyente fue tímida en materia de deberes. Le tembló la mano para introducir el voto obligatorio, institución que habría contribuido a corregir los altos niveles de abstención electoral. Baja participación electoral y dinámica partidista personalizada explican una legislación social y económica de exenciones y favoritismos y, también, de nulo contenido redistributivo. La desigualdad en Colombia tiene varias causas, pero una de ellas son sus instituciones políticas.

Si me pusieran a escoger, a cambio de la mitad de la jurispudencia de la Corte, aceptaría un código tributario claro y efectivo; una ley de presupuesto que los ciudadanos entendiéramos y fuese de fácil fiscalización y control; y un régimen de servicio y de contratación más transparente. La otra mitad seguirá siendo necesaria porque los derechos fundamentales no pueden quedar al vaivén de las mayorías. Con esta elección, echaría por la borda el fetichismo constitucional. Lo haría a cambio de un sistema de representación política que cumpliera la tarea de hacer de este país menos injusto de lo que es.

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