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hace 14 horas

"Me expongo más si me callo"

Lo absolvieron en el proceso disciplinario por la licitación del relleno de Doña Juana, pero argumenta que dejaron la duda que de por sí es deshonra.

El pasado 3 de mayo, cuando el abogado Benjamín Herrera fue notificado por la Procuraduría de su absolución por presunta falsedad en el proceso de licitación para el mantenimiento y operación del relleno sanitario Doña Juana, se quitó un peso de encima pero ratificó su decisión: “No vuelvo a pasar por un juzgado”. A sus 62 años, 41 de ellos dedicados al derecho y 26 como juez y magistrado, lo confirmó diciendo: “La muerte moral de la deshonra es peor que la muerte física y cuando se juzga sin fundamentos es mejor cortarse la coleta”.

“Me procesaron porque como integrante del Comité Asesor y Evaluador de la licitación, supuestamente no verifiqué la propuesta económica de la empresa ganadora y mentí afirmando que sí lo hice. Después me dijeron que sí verifiqué, pero que no evalué, que hubo descuido y negligencia, y al final me absolvieron por dudas. Eso es un remedo de debido proceso”. Lo dice sin alterarse y respaldado en una hoja de vida pública sin una sola amonestación y 28 años como catedrático universitario precisamente en el área de contratos.

Natural de Bogotá, pero criado en Chiscas (Boyacá), desde los 6 años, cuando quedó huérfano de madre, Benjamín Herrera Barbosa creció escuchando hablar de procesos judiciales. Su padre fue juez en Paz del Río, Cocuy, Socha, Sogamoso, Soatá y Duitama, y cuando llegó la hora de elegir profesión no dudó en emularlo. Se matriculó en la Universidad Externado, tres años estudió becado como mejor alumno, su director de tesis fue el recordado magistrado Manuel Gaona, y cuando se graduó se fue a trabajar a Granada (Meta).

Fueron cinco años como abogado en la Caja Agraria, en permanente contacto con su entorno favorito, la vida campesina, y dándole rienda a su condición de libre pensador, alentando el debate. Pero sabía que también debía crecer profesionalmente y en 1978 viajó a Navarra (España) a perfeccionar su formación en derecho civil. Volvió a los dos años y comenzó su derrotero como administrador de justicia. Fue juez en Saboyá, Tenza y Chiquinquirá y, entre 1985 y 1990, magistrado de la Sala Civil del Tribunal Superior de Tunja.

Sin palanca distinta al conocimiento que empezó a impartir en universidades, fue escogido magistrado del Tribunal de Bogotá, pero también surgió la opción del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y aceptó integrarlo. Ofició en la Sección Tercera entre 1990 y 2001 y muchas de sus ponencias aún son determinantes. Fue el magistrado que abrió el camino a reconocer la responsabilidad del Estado en la desaparición de personas en el Palacio de Justicia y lideró la recuperación para el Distrito de los terrenos donde hoy se erige la Biblioteca Virgilio Barco.

Logró la condena a la Nación por el atentado al edificio del DAS en 1989, pero propuso la absolución en el acto terrorista contra el avión de Avianca ese mismo año. Fueron diez años evaluando la conducta del Estado frente a los ciudadanos, los mismos que ocupó dictando clases en las universidades Externado, Rosario, Javeriana, Santo Tomás, Grancolombia o ESAP; o impartiendo seminarios en Pasto, Popayán, Cartagena o Bucaramanga, al tiempo que le dio forma a seis libros sobre derecho administrativo y contratación pública.

En 2001 le dijeron que promoviera su nombre para el Consejo de Estado, pero declinó con un argumento que hoy repite: “Soy un ave solitaria, no soy hombre de cocteles, nunca he votado en una elección, no tengo amigos políticos”. En cambio le ofrecieron ser procurador delegado para la Contratación Administrativa en la gestión de Edgardo Maya y ocupó el cargo hasta 2005. “No fue fácil. Con muchas presiones saqué adelante procesos, pero también perdí en segunda instancia. Por ejemplo, sancioné a Iván Moreno como alcalde de Bucaramanga y revocaron el fallo”.

En 2005, ya con pensión a bordo y pensando más en una casa que había levantado cerca a Granada (Meta), que luego vendió por presión de los violentos, lo llamó el entonces ministro de Transporte, Andrés Uriel Gallego, para que lo asesorara externamente en el complejo proceso de conciliación del caso Comsa. Lo hizo pero renunció pronto por un desacuerdo de intromisión política. Y de nuevo estaba fraguando su retiro cuando lo convencieron de que asesorara a la entonces directora del Acueducto de Bogotá, Miriam Martínez.

Atendió algunos pleitos en esta entidad y cuando Miriam Martínez fue promovida a la dirección de la Unidad Administrativa Especializada de Servicios Públicos (Uaesp) en 2009, aceptó acompañarla como asesor externo. “Desde el primer día el entorno fue tenso, de prejuicios, y cuando llegó la hora de la licitación del relleno sanitario Doña Juana fue aún más duro. Más de diez tutelas, todas ganadas. Presiones políticas, mediáticas, económicas y una audiencia peor que un ascenso al Éverest. He tenido la muerte cerca, pero nunca he sentido tanta hostilidad. Nos gritaban pícaros, bandidos, hp”.

Y luego agrega: “Era comprensible por los intereses económicos en juego y porque había un deber que cumplir ante una premura social y sanitaria. Pero lo que me sacudió hasta las entrañas fue que el Ministerio Público me elevara cargos y sugiriera que fui un mentiroso. Fui profesor del procurador Alejandro Ordóñez y me invitaba a su casa en Bucaramanga. Le recibí el cargo al delegado Francisco Salazar cuando Maya lo sacó de la Delegada para la Hacienda Pública, pero en la audiencia en que me procesó no me sostuvo la mirada. No pido amistad sino justicia”.

Conforme a su carácter, la defensa de Benjamín Herrera ante la Procuraduría fue altiva. Una y otra vez exigió que le mostraran las pruebas de su falta y destacó cómo la licitación estuvo rodeada de hechos oscuros. Al final lo absolvieron, pero su malestar está intacto: “Me duele que se haya sugerido que fui corrupto. No lesioné bien jurídico alguno pero me juzgaron sin proporcionalidad. Ni siquiera los periódicos fueron capaces de reconocer que fui absuelto. Aquí se está abriendo camino un ambiente de inseguridad jurídica donde el debido proceso es un sofisma. Y me expongo más sin me callo”.