Menores condenados y ahora candidatos

Minucioso resulta el derecho a ser elegido cuando de antecedentes penales se refiere, en especial para los adolecentes infractores.

La regulación general es que no podrá ser inscrito como candidato ni elegido presidente, congresista, gobernador, diputado, alcalde, concejal o edil “quien haya sido condenado por sentencia judicial, a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos…” (Ley 617 de 2000).

A la luz de la anterior regla general, resulta imperiosa la necesidad de examinar un caso en concreto: ¿Qué pasa si la condena por un delito común se impuso a un menor edad? Cuando sea mayor de edad, ¿tendrá perdidos sus derechos políticos, en especial el de ser elegido?

El derecho penal es resocializador, de allí que no exista en Colombia la pena de muerte; aspira el Estado a devolver al infractor, después de purgada la pena, al seno de la sociedad con todas las facultades y derechos propios del ciudadano colombiano, pero sin el derecho a ser elegido, por lo tanto ni ser inscrito siquiera.

El panorama resultaría desolador para quienes en su adolescencia fueron condenados. Sin embargo, la Ley 1098 de 2006 (Código de la Infancia y la Adolescencia) recoge en el bloque de constitucionalidad varios tratados o pactos internacionales suscritos por Colombia, preceptuando que la finalidad de la responsabilidad penal de los jóvenes adolescentes es la justicia restaurativa, la verdad y la reparación del daño, pero añade que “… en caso de conflicto normativo entre esta Ley y otras leyes, las autoridades judiciales deberán siempre privilegiar el interés superior del niño y orientarse por los principios de protección integral”.

¿Qué sucede con los antecedentes de los menores responsables? ¿Podrán esgrimirse como causal para negar un aval en cualquier partido político? ¿Serán motivo de inhabilidad para ser revisado por el Consejo Nacional Electoral conforme a la reforma política de 2009? ¿Podrán constituir una nulidad electoral?

La respuesta está en el Código de la Infancia y Adolescencia en su artículo 159 así: “Las sentencias proferidas en procesos por responsabilidad penal para adolescentes no tendrán el carácter de antecedente judicial”. Entonces, los ciudadanos colombianos que fueron sancionados en su adolescencia por infringir la ley penal conservan el derecho fundamental y político de ser elegidos y deben  gozar de especial protección, no sólo de las autoridades judiciales, como lo sería el Consejo de Estado, sino también de las autoridades administrativas, como lo es el Consejo Nacional Electoral, y las entidades de carácter privado, como lo son los partidos o movimientos políticos.

*Abogado especializado en derecho electoral y penal, Universidad del Rosario.

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