Militares, víctimas y el derecho a la defensa

La idea de que la defensa técnica de militares incluya eventual asistencia ante la Corte Penal Internacional genera polémica. Detractores y defensores de la norma exponen sus argumentos.

La justificación es garantizar el derecho a la defensa y debido proceso de los miembros de la Fuerza Pública. La oposición apunta a que no puede convertirse en una fórmula para defender a uniformados implicados en crímenes de lesa humanidad. La discusión de fondo pasa por uno de los interrogantes que causan más polémica en el escenario del conflicto armado en Colombia: ¿existe la guerra jurídica, como lo sostienen los defensores a ultranza de la Fuerza Pública?

Estos son algunos de los dilemas que ya empieza a provocar un proyecto de ley radicado hace pocos días en el Congreso para formalizar la creación del servicio de defensoría técnica de la Fuerza Pública. Se trata de una iniciativa encaminada a que los uniformados que sean sometidos a procesos penales puedan contar con un equipo de abogados de alto nivel. Con un tema adicional que ha desatado la controversia: que dicha defensa se haga extensiva a eventuales procesos ante la Corte Penal Internacional (CPI).

Y es este último aspecto el que suscita suspicacias, pues de admitirse la defensa técnica para conductas de conocimiento de la CPI, el Estado colombiano en la práctica estaría defendiendo a involucrados en casos de genocidio, crímenes de guerra o de lesa humanidad. El primero en formular sus reparos es el delegado de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, Cristian Salazar, quien lo considera “muy preocupante”.

Lo explica manifestando que se está partiendo de una inconsistencia, pues “el Estado está en la obligación de investigar y castigar los crímenes de derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario, y no tiene presentación que trate de ocultarlos”. Su comentario, expuesto durante una audiencia pública en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes el pasado miércoles 4 de mayo, llegó acompañado con un dato demoledor: “Entre 2004 y 2008 ha habido más de 3.000 casos de falsos positivos”.

En contraste, el ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, quien presentó el proyecto, que ya fue acumulado con otro sustentado por la hoy detenida congresista Lucero Cortés, sostiene que lo que se busca es atender un escenario real de muchos militares que “hoy enfrentan acusaciones de oro con una defensa de barro”. Y agregó, en tono convincente: “Queremos una justicia sin dados cargados, una justicia despolitizada. Y ese derecho a la defensa también aplica ante los tribunales internacionales”.

Los comentarios del ministro Rivera se enmarcan en la controversia que varios sectores han ventilado ante la opinión pública, en el sentido de que los militares limitan mucho su accionar por el temor a terminar implicados en procesos penales. Con un factor adicional que ha hecho carrera entre los defensores más radicales de la Fuerza Pública. Es un temor que se ve aumentado por la labor incisiva que desarrollan algunas organizaciones de Derechos Humanos, que empapelan a cualquier militar y dificultan su derecho a la defensa.

En respuesta a esta postura, el penalista Luis Guillermo Pérez, del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, quien apoya investigaciones en varios casos de crímenes de lesa humanidad, no sólo rechaza estos argumentos sino que considera que, por el contrario, la solidaridad de cuerpo que ha existido en las Fuerzas Militares para abordar muchos casos de derechos humanos “le ha hecho mucho daño a la verdad y a la justicia”. Sin mencionarlo, pero una crítica directa al comportamiento y resultados de la Justicia Penal Militar.

Y este es precisamente otro de los aspectos polémicos del proyecto de ley. El representante Iván Cepeda, citante a la audiencia, lo advirtió manifestando que la iniciativa plantea un concepto de fuero militar ilimitado que ya fue superado por la Constitución de 1991. Además, resaltó como yerros del proyecto que el abogado que defienda puede quedar inmerso en un conflicto de intereses al ser pagado por el Ministerio de Defensa, y su misma actuación podría limitar, por ejemplo, una sentencia anticipada para proteger a un oficial superior.

Cepeda insistió en que la defensa planteada en el proyecto rompe con la división de poderes al convertirse en juez y parte del proceso, al tiempo que vulnera el derecho a la igualdad, pues a la víctima la pone en condiciones de desventaja frente a los miembros de la Fuerza Pública. Y lo ilustró con un ejemplo: “Los oficiales tendrían abogados de altísimas calidades y las víctimas abogados de oficio”. Por último, el representante del Polo Democrático agregó que el proyecto tiene problemas de sostenibilidad fiscal.

En oposición, el director de la organización privada Defensoría Militar Integral (Demil), Jean Carlo Mejía, consideró que a pesar del proyecto de ley la defensa de los militares en los estrados judiciales sigue siendo restringida, pero puede ser una buena oportunidad para resolver el problema estructural de la Justicia Penal Militar. En esta misma línea, el analista Alfredo Rangel observó que a pesar de sus beneficios, la iniciativa no toca el problema de fondo: “La desarticulación de la Justicia Penal Militar y la abolición del fuero”.

En síntesis, se trata de un proyecto que promete una larga discusión y que ha sido justificado como la necesidad de fortalecer el artículo 29 de la Constitución Nacional, en el ámbito del debido proceso para los miembros de la Fuerza Pública. Un tema del que ha sido permanente promotor el expresidente Álvaro Uribe Vélez, que incluso fue de los primeros en ventilar la idea de organizar un sistema integral de defensa de los militares frente a lo que sectores cercanos a sus tesis han denominado “la guerra jurídica”.

El problema mayor es que con el paso del tiempo, lo que era asunto de soberanía colombiana, ha terminado por convertirse en un tema de la justicia internacional y cada día son más los casos de violación a los derechos humanos en Colombia que interesan al mundo. Y, según los entendidos, es necesario que se discutan aspectos como: justicia ordinaria vs. Justicia Penal Militar, y el papel de los sectores que acompañan la defensa o señalamiento de los militares en procesos penales.

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