Niegan libertad a excontralor y exfuncionarios del IDU por carrusel

En segunda instancia, un juez 18 de conocimiento de Bogotá determinó que deben permanecer detenidos.

Privados de su libertad deberán permanecer el excontralor Miguel Ángel Moralesrussi; la exdirectora del Instituto de Desarrollo Urbano, IDU, Liliana Pardo; así como el ex director técnico jurídico de la entidad Inocencio Meléndez, luego de que un juez 18 de conocimiento de Bogotá hubiera confirmado la medida de aseguramiento dictada en su contra por un operador de primer grado, por su suouesta responsabilidad en el carrusel de la contratación.

El operador jurídico desestimó los alegatos de la defensa y consideró que no hubo irregularidad alguna en la decisión de su par de primer grado, que derivó en el envío a prisión de los tres indiciados que, en el caso de Gaona, fue sustituida por la detención domiciliaria.

En su momento, el juez concluyó que los tres exfuncionarios sí pudieron ser responsables del detrimento patrimonial que sufrió el Distrito con esta defraudación, tienen medios suficientes para abandonar el país, eludiendo a la Justicia y que, por tanto, es previsible que no concurran a las audiencias del juicio que enfrentará por éste escándalo.

Según el fiscal segundo delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Germán Pabón, se intuye la responsabilidad penal de los exfuncionarios en las irregularidades de los contratos de más de 2 billones de pesos que fueron cedidos al controvertido grupo Nule sin que los contratistas hubieran cumplido con sus compromisos.

La exdirectora del IDU deberá responder ante un juez de la República por la presunta comisión de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación de terceros, prevaricato por omisión e interés indebido en la celebración de contratos.

A Meléndez Julio, por su parte, la Fiscalía le endilga los punibles de prevaricato por acción, interés indebido en celebración de contratos, concusión como autor, prevaricato por omisión y celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales.

Por su parte, al destituido jefe del ente de control fiscal capitalino se le endilgaron lo cargos de prevaricato por omisión y concusión, alrededor del cual, adelantó el fiscal, se argumenta su petición para que se le cobije con medida de aseguramiento.

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