Niegan libertad a exsecretario de Minagricultura

Un juez de Conocimiento de Bogotá confirmó, en segunda instancia, la medida de aseguramiento en contra de Juan David Ortega por AIS.

En prisión seguirá recluido el exsecretario del Ministerio de Agricultura Juan David Ortega, luego de que un juez con Funciones de Conocimiento de Bogotá se negara a las pretensiones de su defensor de revocar la media de aseguramiento impartida en su contra como presunto responsable del escándalo de Agro Ingreso Seguro, AIS.

Al exfuncionario se le atribuye no haber ejercido el suficiente control en la celebración del convenio de contratación directa establecido entre la cartera y el Instituto Interamericano Agropecuario, IICA, cuando la Ley obligaba a la entidad a recurrir a un proceso de selección objetiva, según lo sostuvo la Fiscalía.

Aparentemente, fue bajo estas condiciones irregulares que se firmaron tres contratos que suman 288.000 millones  de pesos del detrimento patrimonial que sufrió la Nación en medio de la ejecución de esta plataforma.

La cartera sostenía que el objeto del acuerdo era la cooperación  técnológica y científica, en cuyo caso, no habría sido objetable la legalidad del acuerdo, teniendo en cuenta que se trataba de un contratista de carácter multilateral, señaló en su momento la parte acusadora; sin embargo, agregó, el propósito central era la administración de recursos destinados a la publicidad de los programas de riego y dragado que ofrecía la plataforma financiera, lo que los obligaba a iniciar un proceso de selección objetiva y no a contratar directamente, como lo hicieron.

47.000, 100.000 y 147.000 millones más habrían costado las tres fases de ejecución del acuerdo
en el cual se originaron los hechos, que el organismo de control se ha atrevido a calificar como el más grave hecho de corrupción que ha golpeado a la agricultura colombiana en toda su historia.

El fiscal del caso, Martín Moreno San Juan, le endilga al exfuncionario responsabilidad en los cargos de peculado por apropiación  de terceros, contrato sin cumplimiento de los requisitos legales e interés ilícito en la celebración de contratos.

El organismo de control registró así, lo que a si juicio fueron las primeras irregularidades que se dieron en el marco de la implantación del programa, que pese a que buscaba incentivar el desarrollo de proyectos agropecuarios en favor de campesinos necesitados, terminó beneficiando a algunos prestantes hacendados del país.


 

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