Niegan libertad a exviceministro de Agricultura

La misma suerte correrán otros tres exfuncionarios de la cartera vinculados a AIS.

En prisión seguirá el exviceministro de Agricultura, Juan Camilo Salazar, luego de que un juez con funciones de control de garantías le negara la apelación a través de la cual buscaba que se revocara la medida de aseguramiento, o se le concediera la prisión domiciliaria.

La misma suerte correrán el ex asesor jurídico de la cartera Óskar Shroeder, la ex directora de Comercio y Financiamiento Camila Reyes del Toro y la ex jefe de la Oficina Jurídica Tulia Eugenia Méndez.

En audiencia celebrada el pasdo 11 de abril, el juez 33 de Control de Garantías dictó medida de aseguramiento en contra de los cuatro indiciados.

Según el fiscal del caso, Martín Moreno San Juan, el convenio celebrado entre el Ministerio y el Instituto de Cooperación Agropecuaria, IICA, debió ser el resultado de un proceso de selección objetiva y no de contratación directa, que fue la modalidad a la que acudió la cartera, en medio de la implementación de AIS.

Aunque el objeto del convenio, según la Cartera, era de cooperación tecnológica y científica, el ente acusador concluyó que lo que se buscaba era que el contratista administrara recursos para la publicidad de los programas de riego y dragados ofertados por esta plataforma a favor del desarrollo de proyectos agropecuarios para campesinos pobres; sin embrago, en varios casos ya documentados, fueron grandes terratenientes los que se quedaron con gran parte de los recursos.

El fiscal sostuvo que Salazar no podía ejercer una posición imparcial frente a la celebración del convenio, toda vez que hasta un día antes de su posesión como viceministro de Agricultura hizo las veces de contratista del IICA; de ahí que se le imputaran cargos por interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros.

Los argumentos expuestos por el acusador también intentan demostrar que él y su ex asesor Shroeder son responsables de que particulares se hayan hecho al control de unos 241.000 millones de pesos de la Nación asignados a AIS; este último también fue objeto de imputación por los punibles de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros.

A su turno, a Camila Reyes del Toro se le endilgan los cargos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación, ya que intervino en la etapa precontractual y no previno las irregularidades, que permitieron la apropiación de unos 47.000 millones de pesos provenientes del estado, por particulares.

En las mismas condiciones se habría causado el detrimento de 187.000 millones por la presunta actuación delictiva de la ex jefe de la oficina jurídica Tulia Méndez, que deberá responder por los cargos de contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros.
 

 

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