No más paros desbordados

La iniciativa, que no pudo ser votada ayer por falta de quórum en la Cámara, establece nuevas tipologías penales, incrementa condenas en algunos casos y reforma el Código de la Infancia.

En marzo pasado, el ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras, le pidió a la Cámara de Representantes agilizar el estudio y la aprobación del proyecto de seguridad ciudadana, iniciativa que le dará al Gobierno las herramientas para combatir a las llamadas bandas criminales y la delincuencia que hoy azota a varias ciudades en el territorio nacional. Sin embargo, ayer, cuando se esperaba que esa corporación cumpliera con la tarea de darle último debate, la sesión tuvo que ser levantada, ya que al momento de decidir sobre los impedimentos presentados por algunos parlamentarios no se contaba con la asistencia requerida.

Según señaló Carlos Alberto Zuluaga, presidente de la Cámara, existe el consenso para sacar la ley adelante y la discusión será retomada la próxima semana. No obstante, aún se escuchan voces críticas que consideran que en ella priman las medidas represivas por encima de los mecanismos pedagógicos y de resocialización. Y uno de los puntos que anuncia agitar el debate tiene que ver con la decisión del Gobierno de  penalizar los paros de transportadores y las protestas que atenten contra el bienestar general. El Espectador presenta algunos de los puntos claves y polémicos del proyecto.

Protección de los menores

Uno de los temas que ha generado mayor preocupación entre las autoridades y el Gobierno es el incremento de delitos protagonizados por menores de edad. En el marco de los cuales, por lo general, se encuentra un adulto incentivando la comisión de los crímenes. Por eso, el estatuto contempla que quienes incurran en esta práctica recibirán la máxima pena permitida dentro de la normatividad colombiana: de 30 a 60 años de prisión. Esta condena aplica incluso para quienes camuflan armas o estupefacientes en los niños.

Celulares y hasta iPad

El Gobierno busca ponerle coto al hurto de celulares, uno de los delitos que han disparado los índices de criminalidad en el país. El estatuto contempla la facultad para que la Comisión de Regulación de las Comunicaciones (CRC) cree un inventario de los celulares que hay en el país, sin importar si están o no en funcionamiento. La idea es que el equipo que sea reportado como robado se incluya en esta base de datos y no pueda activarse de forma alguna.

Para cortar de tajo el mercado negro de celulares robados, quienes manipulen las terminales móviles de comunicaciones tendrán condenas de 6 a 8 años, y de igual manera sucederá para quienes activen las líneas desde las mismas empresas de telefonía.

Menores delincuentes

Se eliminó el artículo que contemplaba que los menores que hubieran delinquido recuperaban su libertad a los 21 años, independiente de si habían cumplido la totalidad de su condena. Ahora no podrán salir de los centros de reclusión antes de pagar la pena y, en caso de los delitos de homicidio doloso, secuestro, extorsión y violación, la condena será de 5 a 10 años.

Mercado negro de armas

Se va a tipificar como delito el porte de armas sin salvoconducto, que hasta el momento es excarcelable. En la actualidad la única forma de procesar a un delincuente era capturarlo en flagrancia, ahora el porte ilegal de armas será argumento suficiente para ponerlo tras las rejas. Además, quien emplee de forma irresponsable un arma, con prácticas como realizar tiros al aire, recibirá una pena de 1 a 5 años.

Freno a los paros

Hace algunos meses un paro camionero paralizó Bogotá y al país. Por eso, por encima del derecho a la legítima protesta, se implementó en la ley un artículo con el cual los paros que se realicen en las vías y no cuenten con el aval de los mandatarios municipales o nacionales, incurrirán en delito y la condena será de 4 a 8 años para sus responsables.

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