Nuevas reglas para elecciones

La Corte Constitucional dio vía libre a la reforma política. Sin embargo, declaró inexequible la modificación del censo electoral.

Las elecciones regionales contarán con nuevas reglas de juego. Ocho meses después de que fuera aprobada la Ley Estatutaria de Reforma Política en el Congreso de la República y a sólo tres meses de los comicios, la Corte Constitucional dio la venia a esta iniciativa.

Con la decisión del alto tribunal se reglamenta, entre otras cosas, la participación de las mujeres en las listas que presenten los partidos para el Congreso, se establecen topes de financiación con recursos propios y de terceros de las campañas políticas, se reglamentan las causales de la doble militancia, se aclara la responsabilidad de los jefes de los partidos frente a la entrega de avales a candidatos que puedan tener algún tipo de relación con organizaciones al margen de la ley, se le pone fin a las ‘franquicias electorales’ de los partidos o movimientos que representan minorías, se abre la puerta para la realización de consultas interpartidistas para cargos uninominales de elección popular, y se cerró por completo la puerta para que los actuales congresistas renuncien a su cargo y se presenten para las regionales. Además, se dio vía libre a la financiación estatal previa.

Estos son algunos de los temas que acogió la reforma política, iniciativa que surgió como herramienta para blindar al Congreso de la influencia de grupos armados ilegales y evitar de este modo escándalos como el de la denominada parapolítica, en el marco de la cual llegó a estar vinculado a las investigaciones cerca del 40% de los parlamentarios y que tiene en la actualidad a más de 46 legisladores recluidos en la cárcel La Picota.

Pese a la magnitud de este escándalo y la evidente necesidad de blindar el Congreso, el trámite de la reforma no fue fácil. En 2007 fue radicada por primera vez y luego de un año de debate, cuando oficiaba como presidenta del Senado Nancy Patricia Gutiérrez, fue hundida por orden del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Un episodio que fue registrado como un ‘entierro de quinta’ por los medios de comunicación del país.

Meses después, el Gobierno radicó una nueva reforma constitucional que cumplió su trámite de forma satisfactoria y fue incluida la denominada ‘silla vacía’ para sancionar a los partidos y congresistas condenados por nexos con grupos armados ilegales. Con esta aprobación, el Gobierno presentó la reglamentación que ya fue declarada exequible por la Corte Constitucional, y plantea nuevas normas en el juego electoral.

El censo no cambió

La Corte Constitucional declaró inexequible un artículo con el cual se pretendía modificar el censo electoral y conformar uno nuevo compuesto por las personas que votaron en las elecciones a la Presidencia en 2010. Esta modificación fue la que más polémica generó desde diferente sectores políticos, en especial de oposición. El Polo Democrático había solicitado declarar la inexequibilidad de este artículo, al considerar que no respetaba el derecho de quienes planteaban la abstención como herramienta democrática, como lo hizo la colectividad para la segunda vuelta de las presidenciales.

Sin embargo, el motivo por el cual la Corte Constitucional declaró la inexequibilidad fue por irregularidades en el trámite. A juicio de la Corte, se violó el principio de consecutividad porque fue incluido como proposición y aprobado en el último debate.

Doble militancia ya es un hecho

Uno de los temas que fue reglamentado con la reforma política fue la prohibición de la doble militancia y se especificó en qué casos se incurre en esta irregularidad. Para probar que un candidato es militante de un partido es suficiente con una certificación de inscripción, que haya participado en elecciones como candidato o que haya ocupado cargos directivos. Quienes hayan sido elegidos en nombre de una organización política no pueden renunciar a ésta, de lo contrario perderán la curul.

Con tal consideración, se cierra la posibilidad de que Antanas Mockus sea candidato a la Alcaldía de Bogotá, pues fue aspirante a la Presidencia en nombre del Partido Verde.

Congresistas se quedan en el Congreso

Desde hace días se viene rumorando sobre la posibilidad de que congresistas renuncien a su cargo y se presenten como candidatos  a las elecciones regionales de octubre. En el sonajero estaban Alexánder López, Jorge Enrique Robledo, Dilian Francisca Toro y hasta Armando Benedetti. Sin embargo, la Corte Constitucional hizo claridad en que cualquier funcionario público que aspirara a cargos de elección popular debe renunciar por lo menos con un año de anticipación, de acuerdo con el régimen de inhabilidades e incompatibilidades, medida que también se aplicará para los congresistas, con lo cual quedan sin opción en esta materia los actuales parlamentarios.

Mujeres, un 30%

La Corte Constitucional declaró ajustada a la Constitución la participación mínima del 30% de mujeres en las listas electorales con el fin de garantizar la equidad de género en la participación política sin discriminación.

El magistrado Henao dijo que, de acuerdo con esta norma, en adelante las listas de corporaciones públicas deberán tener obligatoriamente un mínimo de 30% de mujeres.

La campaña “Más Mujeres, Más Política” ha criticado el hecho de que Colombia ocupe el puesto 110 entre 134 países en el tema de participación política de la mujer, siendo el último lugar en América Latina.

En 2007, por ejemplo, la participación de las mujeres en la elección de mandatarios regionales y locales no superó el 10%, lo cual refleja la brecha entre la participación de género.

Jefes de partidos

En la reglamentación de la reforma política se le quitó un importante peso de encima a los presidentes de los partidos políticos, quienes, de acuerdo con el texto original, tenían directa responsabilidad sobre la entrega de avales a candidatos que resultaran involucrados con grupos ilegales.

La Corte Constitucional dejó en manos de los estatutos de las colectividades las sanciones para sus jefes políticos, aunque si resultara evidente la complicidad del presidente del partido con el funcionario condenado, sería objeto de sanción judicial.

Esta medida busca que los avales se entreguen de forma responsable para así evitar escándalos como el de la parapolítica.

Franquicias políticas

Aunque en la reforma política se trató de evitar que los partidos políticos que representan a las minorías se siguiera convirtiendo en ‘franquicias’ en cuyas listas se inscribían candidatos que poco o nada tenían que ver con la representación política de negritudes e indígenas, la Corte Constitucional declaró inexequible este artículo, porque se no se realizaron las consultas a las que obliga la ley.

Esta iniciativa también planteaba que sólo podrían presentar candidatos para las circunscripciones especiales los partidos políticos con personería jurídica y las organizaciones sociales avaladas por el Ministerio del Interior y Justicia.

Vía libre a consultas interpartidistas

En la reforma política se incluyó un mecanismo para que los partidos escojan en coalición y por voto popular a sus candidatos.

Se trata de las consultas interpartidistas, por medio de las cuales, cuando cada partido tenga un candidato y desee presentar una sola carta para la elección de cargos uninominales, se podrá apelar a la decisión del electorado.

Del mismo modo, los partidos que hagan estas alianzas tendrán que asumir la responsabilidad conjunta por la gestión del ganador de la consulta en caso de que resulte elegido. Además, tienen que aceptar el resultado de las urnas. Por este motivo, incurrirán en delito de doble militancia quienes apoyen a un candidato diferente al que obtuvo la mayor votación en la consulta interpartidista.

Financiación

Este punto también fue respaldado por la Corte Constitucional, que avaló la posibilidad de que los partidos políticos reciban hasta 80% del anticipo de financiación estatal para las campañas.

Este dinero no será, bajo ningún motivo, entregado directamente a los candidatos. Señala la norma que el dinero será entregado a los partidos y éstos serán los encargados de distribuirlo entre los candidatos equitativamente, basados en una fórmula planteada de acuerdo con los resultados de la pasada elección para el cargo al que están aspirando y con base en la reposición de votos que haya sido asignada en ese momento por el Consejo Nacional Electoral.