Por mantener una alianza con el bloque Tolima de las Autodefensas fue condenado a nueve años de cárcel el expresidente del Congreso, Luis Humberto Gómez Gallo, por decisión de la Corte Suprema de Justicia.
El condenado también deberá pagar una sanción pecuniaria de más de 5.800 millones de pesos, equivalentes a la suma de 11 mil salarios mínimos mensuales vigentes.
La Sala Penal del alto Tribunal consideró probado el hecho de que el dirigente conservador haya acudido al poder de influencia del bloque Tolima de las Autodefensa Unidas de Colombia (AUC) para asegurarse una curul en el legislativo.
La Corporación determinó que las reuniones en las que estuvo presente Gómez Gallo, sumado a testimonios como el del desmovilizado Róbinson Javier Guilombo demuestran que el apoyo de esa estructura armada ilegal era una de las armas con las que contó el exsenador en su campaña electoral.
El exparlamentario había recuperado su libertad transitoriamente, luego de que desmovilizados se retractaran ante la Fiscalía de sus versiones iniciales, en las que lo incriminaban con el paramilitarismo; sin embargo, la Corte Suprema lo recapturó, tras emitir una jurisprudencia que le permitía retomar la competencia para seguirlo investigando, luego de que el ente acusador hubiera archivado la investigación.
La Sala Penal el 22 de enero de 2010 emitió una nueva orden de captura contra Gómez Gallo, controvirtiendo así los argumentos que había tenido el fiscal del caso para archivar el proceso, y considerando que los testimonios de retractación de los exparamilitares carecían de veracidad.
Se trata de la pena más alta proferida en contra de un parlamentario por vínculos con el paramilitarismo, al lado de la de Jorge Araújo Castro que, en uno como en otro caso habían renunciado a su investidura para evitar que fuera la Corte Suprema la que adelantara la investigación en su contra, y que se vieron forzados a seguir respondiendo penalmente ante ese mismo Tribunal, que determinó que si podía continuar con la competencia para juzgar a parlamentarios que hubieran renunciado al fuero siendo objeto de indagación relacionadas con el ejercicio de sus funciones.