Odisea por la salud

Su caso es uno entre los millones de colombianos que, a través de acciones judiciales, reclamansu derecho a servicios médicos y buscan sobrevivir en medio de la crisis del sistema de salud.

Millones de colombianos van de hospital en hospital y de juzgado en juzgado, tutela en mano, para reclamar sus derechos a la salud. Pero aun con las tutelas que ordenan el suministro de medicamentos, tratamientos y demás servicios médicos,  la tramitología y las trabas de las Entidades Promotoras de Salud  y centros médicos hacen del ejercicio de sus derechos una odisea, y convierten a los pacientes en víctimas de la profunda crisis que vive actualmente el sistema de salud.

El 28 de febrero de 2006, un día después de nacida, Karen Sofía Velásquez empezó a vomitar lo que comía, a presentar diarrea, desnutrición y falta de movilidad. Esa fue la primera vez que su madre, Sandra Ardila, la cargó hasta el Hospital San Rafael de Cáqueza, sin saber que iniciaba una odisea por los derechos a la salud de su hija. Odisea que aún no termina.

El pediatra Carlos Herrera, que aún trabaja en el hospital, le dijo que no se preocupara, que los síntomas de Karen eran normales. Y en esas pasó un año en que Ardila llevó a su hija repetidas veces al centro médico para escuchar lo mismo: “Es normal, es normal...”.

En una de tantas visitas, Ardila se topó con Jaime Contreras, un pediatra que atendía los fines de semana, quien le informó que su hija estaba en un lamentable estado de abandono. A Karen le colocaron una sonda por la nariz, la mandaron a urgencias y le hicieron un TAC. Y los resultados lo confrimaron: a partir del citomegalovirus y la toxoplasmosis que padecía, Karen desarrollaba una parálisis cerebral espástica, microcefalia, epilepsia... una serie de diagnósticos que para Sandra, quien apenas cursó hasta cuarto de primaria, eran  incomprensibles.

El pediatra remitió a Karen a los especialistas del Instituto Roosevelt, adonde a partir de entonces la lleva su madre todos los días desde Cáqueza. Así comenzó oficialmente su travesía en busca de medicamentos, tratamientos, terapias y demás servicios que la EPS-S Cafam no podía suministrarle por no estar incluidos en el POS.

El primer episodio de su odisea se inició cuando le ordenaron a Karen un examen de carga viral para citomegalovirus, que la EPS le negó. Entonces acudió a un juez de Cáqueza e interpuso la primera de las seis tutelas que ha tramitado hasta hoy, con la cual el juez ordenó suministrar el examen. Pero, aun con tutela en mano, no fue tan fácil. La remitieron al Hospital Cardiovascular, del Cardiovascular al Virrey Solis y del Virrey Solis a otros.

Ardila, que andaba en bus alimentándo a su hija mediante una sonda, se desesperó. Informó a funcionarios de la Secretaría de Salud que iba a volver a llamar al juez. Y le respondieron, según ella, “que para qué llamaba al juez, si el juez no iba a curar a mi hija”.

Pero al día siguiente sí le hicieron el examen a Karen, en uno de los hospitales donde antes se lo habían negado. Cuenta Ardila que ese día descubrió dos herramientas: la tutela, que es su única alternativa para mantener viva a Karen, y la palabra “juez”, que “mágicamente hace mover a los médicos”.

No tardó en volver a acudir a ambas. Cuando Karen llegaba a dos años de vida presentó pérdida auditiva severa en el oído izquierdo y requería un audífono que también le negaron en su EPS. Entonces el 21 de julio de 2008 Ardila volvió a interponer una tutela y la ganó.

Una tarde, mientras esperaba bus a la salida del Instituto Roosevelt, con su cartapacio de documentos bajo un brazo y su hija en el otro, un transeúnte le recomendó a Ardila acudir a la Fundación Acción 13, donde le facilitarían los procedimientos de acciones judiciales.

Así lo hizo y allí se enteró de que existía la tutela integral, la cual interpuso el 20 de octubre de 2010, para reclamar el acceso de su hija a los múltiples medicamentos y procedimientos que requiere (incluido el transporte que ahora la lleva desde su casa hasta el Instituto Roosevelt). Y aunque ganó la tutela, el 1° de junio de 2011 interpuso otra para reclamar el servicio de enfermería que, según ella, “debería entenderse entre los requerimientos ordenados en la tutela integral, aunque la EPS alegó que no estaba especificado”.

Entre tanto, la salud de Karen empeoró, a comienzos de 2011 convulsionó y tuvieron que reanimarla. Duró 16 días hospitalizada y en la EPS le prometieron que cuando saliera tendría el servicio de enfermera.

“Pero han pasado seis meses y nada, por eso estoy pendiente del fallo que saldrá próximamente, de una tutela que puse para reclamar de nuevo una enfermera. Algunos piensan que uso la tutela para evadir mis responsabilidades, la verdad es que sola no puedo cargar la niña, mi esposo trabaja en el campo y si viene a cuidarla quedamos en la ruina. A mi otro hijo de cinco años tuve que mandarlo a un pueblo porque no le puedo prestar atención”, asegura Ardila.

Sentada junto a su hija, con un montón de papeles regados en su cama, Ardila tiene un insólito gesto de satisfacción, aunque las tutelas la han puesto a ir y venir entre juzgados y hospitales diariamente: “Si no fuera por las tutelas, imagínese”. Pero cuando habla del futuro su gesto cambia, porque el último doctor, el que operará a Karen de las caderas próximamente, le hizo entender que peses a sus esfuerzos, su odisea apenas comienza.

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