ONG piden reunión con juez Baltasar Garzón

Dicen ser familiares de víctimas que piden un encuentro con el nuevo asesor de la OEA en Colombia.

Comunidades y ONG colombianas le pidieron este lunes aljuez español Baltazar Garzón una reunión para exponerle la situación de violencia en el país y enterarse del papel que desempeñará el jurista como asesor en el proceso de paz, bajo los auspicios de la OEA.

“Nos dirigimos a usted en su calidad de asesor de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz (MAPP) en Colombia de la Organización de Estados Americanos (OEA), para solicitar a la mayor brevedad posible una reunión en la que nos precise su papel y conozca de manera directa nuestras inquietudes y preocupaciones”, señala una carta dirigida al jurista español.

Garzón dijo este lunes en Bogotá que su objetivo como asesor de la OEA en Colombia será ayudar a superar las dificultades del proceso de paz para caminar hacia la “reconciliación” y una “paz justa”. Según dijo, “estamos en la mitad del camino, volver atrás es imposible”, haciendo énfasis en la Ley de Justicia y Paz.

Los firmantes de la misiva se identifican como habitantes “en zonas de conflicto armado interno” o “desplazados internamente” y denunciaron que algunos de ellos han sido “despojados por la violencia paramilitar consentida, apoyada y orquestada por militares de alto nivel”.

Señor Garzón, dice la carta: “este lunes se nos mata con exclusión, se nos mata con hambre, se nos mata con balas, se nos criminaliza con la persecución judicial, por todo esto no creemos que estemos en una transición democrática”. Insisten en lamentar que se sigue “observando, padeciendo, viviendo los nefastos resultados de lo que se quiso vender como paz, pero que en realidad ha sido el desarrollo de una fase de una guerra prolongada con la pacificación forzosa”.

La confrontación, aseguran, llevó a la “militarización” de territorios por parte de la fuerza pública, de agentes de seguridad y de paramilitares, “en medio de operaciones de las guerrillas”. Lamentaron, igualmente, que sus propuestas, “siempre humanitarias”, son “estigmatizadas y perseguidas”.

Quienes suscriben la carta a Garzón consideran que en Colombia se vive “el desborde de los códigos del derecho humanitario” porque, subrayan, se padecen “las afecciones directas de las partes en el conflicto”. Denuncian, además, que fueron “desconocidos y excluidos” por el argentino Sergio Caramagna, exjefe de la MAPP-OEA. Según las víctimas, Caramagna “desconoció” cada una de sus preocupaciones “respecto a la simulación de desmovilización y rearme inmediato de grupos paramilitares”.

Confían en que el nuevo papel de Garzón en Colombia “posibilite la protección de los derechos de las víctimas y se allane con esta intervención un aporte hacia una paz verdadera y sostenible, sustentable y viable con democracia”.

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