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hace 1 hora

ONG solicitan a la CPI que abra caso sobre crímenes en Colombia

Manifestaron que se debe juzgar la responsabilidad individual de altos mandatarios, militares y empresarios en crímenes contra la humanidad.

Un grupo de organizaciones no gubernamentales (ONG) de Colombia solicitó al presidente de la Corte Penal Internacional (CPI), el surcoreano Sang-Hyun Song, que investigue y lleve a juicio a los responsables de crímenes contra la humanidad que se han cometido en este país.

La petición es central en una carta a Sang-Hyun firmada por 29 ONG sociales de diferentes regiones del país que buscaron reunirse con él en Bogotá, adonde viajó el lunes por la noche para una visita oficial de dos días que terminará hoy.

En su primera jornada en esta ciudad, Sang-Hyun se entrevistó con el gobernante del país, Juan Manuel Santos, y firmó con él un acuerdo en virtud del cual Colombia acogerá en sus cárceles a condenados por la CPI.

"Colombia debe pasar de ser un apartado de informes, de examen, de la CPI, a ser parte de un caso", consideraron los responsables del mensaje, que fue divulgado hoy en esta ciudad por la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (CIJP).

En este contexto, dijeron que "ineludiblemente urge juzgar la responsabilidad individual de altos mandatarios, militares, empresarios, pues es evidente su responsabilidad en crímenes contra la humanidad".

Además, añadieron, "ha sido evidente la incapacidad, la inacción del aparato judicial en Colombia" para investigar y castigar a los responsables de crímenes contra la humanidad a manos de paramilitares.

En la comunicación se resalta que "nada de fondo sobre el paramilitarismo de los últimos 25 años ha sido sancionado" en este país, con excepción de actuaciones de la Corte Constitucional o de la investigación de nexos de políticos con paramilitares seguida por la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Según subrayaron las ONG, el 99,9 por ciento de sus denuncias sobre crímenes "se encuentra en la absoluta impunidad", mientras que algunos testigos han sido asesinados y otros han debido viajar al exilio.

Pero lo más grave es el hecho de que los victimarios han "influenciado" a la Fiscalía con el inicio de una "persecución judicial, acusando sin fundamentos fácticos a nosotros como responsables de crímenes contra la impunidad", agregaron los firmantes de la misiva.

"Un factor que ha contribuido a la impunidad es el recurrente mecanismo de protección de militares a través de la jurisdicción militar bajo la cual se pretende juzgar crímenes de lesa humanidad", continuaron, y apuntaron que "se simula una investigación y se evita la intervención de una jurisdicción que pueda ser independiente".

En el caso del paramilitarismo, las ONG recordaron que durante el Gobierno del ahora expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) se adoptó una normativa especial para el desarme de los más de 31.000 miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y que establece penas de no más de ocho años para responsables de crímenes atroces.

Dicha ley tiene alcance sobre unos 2.500 exparamilitares "responsables de más de 41.000 desapariciones forzadas, más de 2.000 masacres, y de 200.000 crímenes, desplazamientos forzados y más de 7 millones de hectáreas despojadas", precisaron luego.

Además, pasados ocho años, "los paramilitares siguen siendo una fatal realidad, hemos sido sus víctimas nuevamente", añadieron las ONG, entre ellas de pueblos de las minorías indígena y de afrodescendientes, y de campesinos.