Orden a las prisiones

Grupo de juristas buscaba que la corporación ordenara medidas para dar cumplimiento a una sentencia de 1998, en donde se declaraba que la situación en las cárceles era inconstitucional.

En el año de 1998, y a través de una sentencia de la Corte Constitucional, se declaró que las precarias situaciones en las que convivían los reclusos de las penitenciarías en Colombia iban en contra de la Constitución y, por ende, las reglas de juego en el Inpec debían ser cambiadas. El alto tribunal mencionaba el hacinamiento en el que se encontraban los presos, la mezcolanza que había entre sindicados y condenados, así como la carencia de personal especializado en los centros de reclusión.

Trece años después y según seis miembros del grupo de Derecho de Interés Público de la Universidad de los Andes, siete representantes de derechos humanos y 502 presos de la cárcel La Picota, la situación parece no haber cambiado. Y, aunque ese grupo de accionantes solicitó a la Corte Constitucional a través del Auto 041 que “ordene las medidas necesarias para darle cumplimiento a la sentencia del 98”, el alto tribunal negó esta solicitud considerando que la situación de los reclusos, aunque seguía siendo insuficiente, se había transformado.

Sin embargo, la corporación, además de constatar “la grave situación en la que se encuentran muchas personas privadas de libertad”, dio traslado del auto al presidente Juan Manuel Santos; al procurador general, Alejandro Ordóñez; al defensor del Pueblo, Wólmar Pérez; a la contralora general, Sandra Morelli; al ministro de Justicia, Germán Vargas, y al director del Inpec, general Gustavo Ricaurte, con el fin de que tomen las medidas correspondientes en el asunto.

La Corte no se detuvo ahí e indicó que han tenido noticias recientes sobre fallas estructurales en el sistema carcelario que vulneran los derechos fundamentales de los presos. Así, mencionan las “violaciones a los derechos de resocialización y de libertad de las personas recluidas” y la verificación de prácticas que afectan la intimidad y libertad de los visitantes.

“Se desconocen los derechos a la igualdad humana y a no estar sometidos a tratos crueles, inhumanos o degradantes al obligar a los reclusos o a las personas que los visitan a requisas degradantes, como desnudarlas, obligarlas a agacharse o hacer flexiones de piernas y mostrar sus partes íntimas a los guardias, así como tactos genitales o vaginales (...). Tampoco es razonable que se impida el ingreso de una mujer a la cárcel por el hecho de estar en el período de menstruación”, reiteró la Corte.

Según argumentaron los accionantes, “las cifras de hacinamiento actuales se asimilan a las existentes en el momento de declararse el estado de cosas inconstitucional”. Entonces, sostuvieron que desde 2008 la población carcelaria ha crecido de 67.338 a 74.718; una cifra preocupante si se considera que el miércoles pasado el Inpec acató la petición de mantener en las cárceles colombianas a presos de la Corte Penal Internacional, una situación que aumentaría la crisis.

Y, aunque reconocen que “ha habido una gran inversión en infraestructura carcelaria”, manifiestan que las soluciones propuestas están por debajo de las condiciones mínimas de protección de los derechos fundamentales. Ejemplo de esto es que la tasa de hacinamiento de 2008 a 2010 pasó de 25 a 41%, demostrando que, aunque se ha invertido en infraestructura, no se ha tenido en cuenta que “la población interna aumenta a grandes velocidades”.

Además, establecen que el Inpec no ha sido claro en la separación que se ha hecho entre sindicados y condenados —manifiestan que la prisión preventiva se ha convertido en la regla y no en la excepción—, y miembros de la Fuerza Pública y civiles. En esta última distinción la Corte precisa que, si la información sobre este tema existe, “se oculta y no permite ser conocida”.

Finalmente, el alto tribunal establece: “Las limitaciones presupuestales no excusan a las autoridades carcelarias de su obligación de velar por garantizar los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad”; entonces, la Corte, sin dictar orden alguna, jaló las orejas al Inpec sobre un grupo de la sociedad que podría estar siendo gravemente vulnerado.