Otro "carrusel", pero en la salud

Corrupción en el sistema de recobros de las EPS. Habría 25 personas involucradas, de las cuales han capturado a seis.

La corrupción, que por años ha carcomido por dentro el sector de la salud, ya está en la mira de las autoridades. Y como buenos médicos, en cabeza del presidente Juan Manuel Santos, la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría comenzaron lo que sería una profilaxis profunda al sistema para poner a buen recaudo a los involucrados en toda una “mafia”, que pudo haberse echado al bolsillo miles de millones de pesos.

Una investigación mancomunada de las “ías”, de la mano de la Dijín de la Policía, tiene en la mira a varios funcionarios del Ministerio de Protección Social, del Fondo de Solidaridad y Garantías (Fosyga), de varias EPS y algunos particulares, que a través de empresas fachadas, se prestaron para robar recursos del sistema. Por ahora, la Fiscalía tiene activas 25 órdenes de captura; la Contraloría, 50 auditorías programadas, y la Procuraduría, un proceso disciplinario en marcha.

Lo que reveló ayer el presidente Santos, según él, es sólo la punta del iceberg de un gran carrusel que desde hace cinco años estaba dedicado a desfalcar la salud colombiana. El caso parece de tal magnitud, que fue el propio mandatario quien, junto a los representantes de los organismos de control, le contó al país de esta red dedicada a negociar con los recobros al sistema de salud y a sacar comisiones. “Al igual que se anunció el golpe a una organización internacional con la muerte de Osama, de la misma manera queremos anunciar un golpe a la corrupción, que a veces hace más daño que el terrorismo”, indicó.

El fraude descubierto durante la investigación, que inicialmente tomó como muestra el 10% de los recobros al sistema de salud, demostró que casi $30 mil millones se han desviado a las arcas de los integrantes de esta mafia. Sin embargo, en palabras del presidente Santos, este sería un fraude que podría alcanzar varios billones de pesos. “Escogimos al sector salud, donde sabíamos que había una verdadera mafia robando recursos de este importante sector. Lo que se ha hecho ha sido una labor eficiente y eficaz”, agregó.

Según el mandatario, durante el proceso penal, fiscal y disciplinario hallaron varias modalidades de desangrar el sistema. Una de ellas consistía en autorizar los pago a las EPS que habían sido retenidos y luego se repartían comisiones que oscilaban entre el 2 y el 6 por ciento del valor pagado. A esto se suman otras modalidades que consistían en otorgar beneficios a nombre de personas que ya estaban fallecidas; sobrecostos en procedimientos y medicamentos; personas que ganaban tutelas y nunca recibían el dinero y pacientes que recibían beneficios por diferentes canales.

“Ya sabemos de muchas modalidades que se están usando para robarse la plata de la salud de los colombianos. Seremos implacables en castigar a los responsables, sea quien sea. Sabemos que esto va a llegar muy lejos. Lo importante es la lucha coordinada de todos frente a este flagelo de la corrupción, que vamos a seguir combatiendo hasta ver a los responsables a buen recaudo”, dijo el presidente.

Según la fiscal general de la Nación, Viviane Morales, hace un mes y medio descubrieron la red de corrupción, en la que participan funcionarios del Ministerio de Protección, personal del Fondo de Seguridad y Garantías (Fosyga), representantes de algunas EPS y algunos particulares, que usaban empresas fachadas. Al tener identificados a varios de los presuntos responsables, se tramitaron las órdenes de captura ante el juez 32 municipal de Bogotá. A los 25 involucrados (de los que ya hay seis detenidos) los pretenden llevar a juicio por delitos como concierto para delinquir, prevaricato por acción, peculado por apropiación, cohecho y enriquecimiento ilícito. “Este es el primer eslabón de la cadena en el marco de una investigación que se está adelantando en un tiempo récord”, agregó la fiscal Morales.

Por su parte, la contralora Sandra Morelli Rico habló de dos indagaciones preliminares relacionadas con el caso y otra investigación sobre los sobrecostos o desviación de recursos, donde podría existir el delito de peculado. Para ahondar en la investigación, se realizarán 50 auditorías ordinarias en diferentes entidades de salud del país.

Martha Castañeda, procuradora general (e), indicó que adelanta la investigación disciplinaria alrededor de irregularidades como los pagos indebidos, trámites sin ajuste a las normas, pagos ordenados por tutelas falsas, cobro de facturas por medicamentos con valores superiores y recobros de cuentas presentadas por personas fallecidas o cuya cédula no corresponde.

“En marzo llegó la queja de los hechos de trámite de recobros de EPS ante el Fosyga y el procurador dispuso la indagación preliminar para verificar los hechos. Se resolvió acumular la información y se dispuso la práctica de pruebas adicionales… Queremos, a nombre de la Procuraduría, conminar a que se constituya una fuerza especial de acción conjunta para enfrentar actos de corrupción más relevantes”, agregó la Procuradora (e).

El general Óscar Naranjo, director de la Policía, indicó que la investigación comenzó en agosto del año pasado. “Felicitamos a los que han dado información puntual alrededor de la corrupción. Hay colombianos que han dado información. La Policía espera que este primer resultado signifique confianza. Quiero notificar a los corruptos del sector público y privado que seguiremos trabajando”, anotó.

Primeros detenidos

La fiscal general de la Nación, Viviane Morales, indicó que de las 25 personas presuntamente involucradas en la red de corrupción de la salud van seis detenidos. Se trata de Luis Andrés Ruiz, Édgar Millán, John Carlos Lamus, Mauricio Durán Poveda, Luis Martínez y Claudia Patricia Rojas, coordinadora de Análisis y Recobro del Fosyga de la Dirección de Financiamiento del Ministerio de Protección, que sería la funcionaria de más alto nivel detenida hasta el momento. Contra estas personas se formulará imputación.

También existiría orden de captura contra Luisa Fernanda Bellini y María de los Ángeles Pascuali, ambas exfuncionarias del Fosyga. La EPS Sánitas aclaró que Durán es subgerente de cartera y no  representante legal de esa entidad. Afirmó que no ha pagado dinero por trámites ante el Fosyga ni el Minprotección.

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