Percepciones de paz y derechos humanos

Nadie ha ganado la guerra. El conflicto armado está presente y no se ha podido ni se puede resolver.

Esa es la principal conclusión de la primera encuesta nacional en temas de derechos humanos y paz, realizada por el Centro Nacional de Consultoría con el apoyo de Medios para la Paz, el Cinep, la Campaña Nacional e Internacional “Por el derecho a defender los derechos humanos en Colombia” y el programa Somos Defensores, apoyados por Oxfam y la Embajada Británica.

Para este estudio se realizaron 610 encuestas, del 11 al 22 de marzo, a hombres y mujeres mayores de 18 años. Personas de los estratos 1 al 6, de las principales ciudades del país: Bogotá, Cali, Pasto, Medellín, Barranquilla, Cúcuta y Villavicencio.

La encuesta revela que el 88% de los colombianos encuestados considera que aún estamos en un conflicto armado y que sus causas son mucho más estructurales y tienen por lo tanto que ver más con la pobreza, la violación de los derechos humanos y el reclutamiento de jóvenes por diferentes grupos armados. El 36% identifica a la guerrilla como el principal victimario y el 71% cree que los campesinos son las mayores víctimas del conflicto.

Por otro lado, el 72% de los encuestados reconocen que hoy tanto las víctimas como las ONG de derechos humanos se han hecho más visibles. De igual manera, el 43% cree que es peligroso trabajar en el país como defensor de derechos humanos. Y el 97% considera justo que las víctimas reclamen sus derechos.

A la vez, el 76% de los encuestados se sienten desorientados frente a las acciones específicas que pueden desempeñar para contribuir a la construcción de la paz y la defensa de los derechos humanos en el país. Y el 82% no hacen nada concreto, pero hablan del tema con los amigos y se informan en los medios.

La encuesta encontró que el 43% cree que las interceptaciones ilegales  tienen justificación. En este sentido, las justifican para prevenir actos violentos o corrupción de funcionarios públicos.

También, que el 25% de los encuestados está de acuerdo con hacer justicia por su propia cuenta, para defender su familia y sus intereses, mientras que el 46% cree que esta labor le corresponde a la autoridad.