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hace 1 hora

Piden cárcel para exviceministro y tres implicados en AIS

El fiscal sostuvo que se trata de un acto de solidaridad con campesinos pobres que vieron frustradas sus esperanzas.

Por las anomalías presentadas en el caso Agro Ingreso Seguro, el fiscal Martín Moreno pidió cárcel para el exviceministro de Agricultura Juan Camilo Salazar, así como contra cuatro exfuncionarios del Ministerio de Agricultura.

El representante del ente acusador sostuvo que Juan Camilo Salazar no podía ejercer una posición imparcial frente a la celebración del convenio con el Instituto Interamericano de Cooperación Agropecuaria, IICA, toda vez que hasta un día antes de su posesión como viceministro de Agricultura hizo las veces de contratista de esa entidad; de ahí que se le imputaran cargos por interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros.

Aparentemente, él y su exasesor jurídico Óskar Shroeder son responsables de que particulares se hayan hecho al control de unos 241.000 millones de pesos de la Nación asignados a esta plataforma; este último exfuncionario también fue objeto de imputación por los punibles de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros.

En su condición de exdirectora financiera y de comercio de Minagricultura, a Camila Reyes del Toro se le endilgan los cargos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación, ya que intervino en la etapa precontractual y no previno las irregularidades, que permitieron la apropiación de unos 47.000 millones de pesos provenientes del estado, por particulares.

En las mismas condiciones se habría causado el detrimento de 187.000 millones por la presunta actuación delictiva de la exjefe de la oficina jurídica Tulia Méndez, que deberá responder por los cargos de contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros.

Al parecer, los exdirectivos protagonizaron actuaciones irregulares que habrían llevado a que hubiesen terminado en otras manos miles de millones de pesos destinados a reactivar el agro, pero incentivando el retorno de campesinos desplazados y familias desfavorecidas a las zonas rurales.

Aparentemente, fue frecuente que algunas de las familias más adineradas dedicadas a este tipo de actividades se quedaran con algunos de los subsidios no reembolsables creados por el Gobierno para aliviar la crisis social generada en algunos sectores, principalmente, a causa del desplazamiento forzado, tanto así, que algunos de los beneficiados, que no requerían de ese tipo de colaboración, ya conciliaron con el Ejecutivo una fórmula para devolver estos recursos.

Según la Fiscalía, los exfuncionarios de Minagricultura y el Incoder pudieron haber ejercido un decisivo papel en la entrega de más de 4.500 millones de pesos a algunas de las familias más prestantes del país, a través de esta plataforma.

La audiencia de imputación de cargos en contra de varios funcionarios de mediana jerarquía presuntamente involucrados el escándalo de Agro Ingreso seguro, AIS, se inició sin la presencia del exsecretario general del Ministerio de Agricultura Juan David Ortega Arroyave, el exdirector de Desarrollo Rural Javier Enrique Romero y del exgerente general del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder, Rodolfo José Campo Soto.