Pliego de cargos contra gobernador de San Andrés

Para el Ministerio Público, los investigados pueden ser responsables de falta disciplinaria por incrementar injustificadamente su patrimonio.

La Procuraduría General de la Nación, formuló pliego de cargos a Álvaro Archbold Núñez, José Antonio Rodríguez Robles, y Pedro Clavel Gallardo Forbes, en su condición de gobernadores del departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, en 2007, marzo de 2008, y desde el primero de enero de 2008, respectivamente, por ordenar el pago y percibir remuneración oficial excediendo los límites señalados por el Gobierno Nacional.

Para el Ministerio Público, los investigados pueden ser responsables de falta disciplinaria por incrementar injustificadamente su patrimonio y por ordenar el pago y percibir remuneración oficial en cuantía superior a la legalmente establecida, dcie el informe de prensa de la Procuraduría.

El procurador Segundo Delegado para la Vigilancia Administrativa, Fernando Brito Ruiz, explicó que con esta conducta los señores Álvaro Archbold Núñez, José Antonio Rodríguez Robles y Pedro Clavel Gallardo, pudieron haber violado la ley por cuanto fueron ellos mismos quienes se fijaron el salario mensual en monto que excedía el límite máximo salarial establecido por el Gobierno Nacional, con lo que pudieron haber incrementado injustificadamente su patrimonio.

El Departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, está clasificado en la categoría tercera por lo que el límite máximo salarial mensual que debió percibir el Gobernador en el 2007, fue de $6.419.033.

Sin embargo, de las pruebas recaudas se estableció que para esa época el cargo de gobernador tenía asignado un salario mensual de 9.265.288 pesos, el cual era superior al señalado en los decretos presidenciales, suma que se incrementó en los años posteriores con desconocimiento de las disposiciones normativas.

El Ministerio Público consideró que tal conducta se encuentra prohibida en el ordenamiento jurídico, en la medida en que no les está permitido a los servidores públicos ordenar el pago o percibir remuneración por cuantía superior a la legal, así como tampoco incrementar injustificadamente su patrimonio ni el de terceros.