Politécnico Altablanca, el centro de la disputa

Miembros de la comunidad de Usaquén mantienen una pugna con la administración local para que lo devuelvan, ya que desde enero es la sede del colegio General Santander.

Desde el 1 de diciembre de 2010, la comunidad de Usaquén no pudo regresar al Politécnico Altablanca a sus reuniones periódicas ni a recibir ninguna capacitación. El espacio, creado para la formación  técnica, incluido en el Plan de Desarrollo Local a través de voto popular y que abrió sus puertas desde 2006, se convirtió en la sede del colegio General Santander desde este año.

Aunque la alcaldía local dispuso un predio en la carrera séptima con 153 para que sean trasladas allí las operaciones del Politécnico, los líderes comunales de Usaquén siguen pidiendo que se les entregue el espacio o uno en iguales condiciones puesto que el que propone la alcaldía carece de condiciones para los discapacitados.
El motivo del conflicto apareció  el 24 de mayo de 2008. Ese día un sismo golpeó con fuerza las instalaciones del colegio General Santander ubicado hasta entonces en la carrera sexta con calle 119. Los daños ocasionados obligaron a la Secretaría de Educación a trasladar el colegio hacia un predio en la calle 153 con carrera sexta. Pero el contrato de arriendo terminó el año pasado y según el alcalde encargado de Usaquén, Carlos Quintana, en la zona no había ningún lugar adecuado para reubicar una vez más a los estudiantes y por eso la alcaldía ofreció a ese gabinete, las instalaciones para convertirlas en su nueva sede.

La comunidad asegura que no está en contra de la reubicación de los estudiantes, pero insiste en que no es justo que sean desplazados del lugar que hasta menos de un año poco les pertenecía. Alphonso Rippe es uno de los líderes locales. Denuncia que la alcaldía nunca concertó con la comunidad el traslado de la institución y que el alcalde, Juan Pablo Camacho, sólo se reunió con los usuarios del Politécnico para informar la decisión tomada. A su versión se une la de Luis Eduardo López, una de las personas en situación de discapacidad quien se ha visto favorecido con los programas ofrecidos allí.
Pero López no es el único. La  comunidad advierte que en el año cerca de 20 mil personas resultan beneficiadas con el centro. Además muchas organizaciones que no tienen sede, como las dos juntas de acción comunal realizan en las instalaciones sus reuniones.

El dilema es complicado. Aunque Quintana reconoce las demandas de la comunidad, señala que el Politécnico estaba subutilizado y que mientras éste recibía cerca de 50 personas diarias, el colegio alberga hoy a 2.000 niños que representa un beneficio también para sus familias.

Según Rippe hay varios predios adecuados para el colegio pero el traslado estaría relacionado con el interés de la alcaldía local de construir su nueva sede en el lugar golpeado en 2008 por el sismo. Quintana reconoce que sí han pensado en la construcción pero recalca que detrás de las acusaciones de la comunidad se esconde el interés de algunos líderes que tenían su fortín político en el centro de formación.  
 
Por ahora  la comunidad no se resigna a perder el espacio y sigue luchando para llegar a un común acuerdo en el que tanto los estudiantes como los habitantes del sector salgan bien librados. Sin embargo, ante su petición Quintana es determinante: “Deben entender que sobre los derechos de los adultos priman los de los niños y la educación”. La comunidad sin embargo, se niega a abandonar el lugar que se había convertido en “la cada de participación de Usaquén”.