Por ahora, sólo impunidad

Un fiscal concluyó que los crímenes no fueron perpetrados por su condición de periodistas. Ni mucho menos por ser de El Espectador. Las familias de los comunicadores llevan el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Ayer (domingo) se cumplieron 20 años del asesinato, en la calle de La Reina del municipio de Segovia (Antioquia), de los periodistas de El Espectador Julio Daniel Chaparro y Jorge Enrique Torres. Y como estaba anunciado, la única noticia es que por ahora sólo puede hablarse de impunidad. La única versión judicial es que los comunicadores fueron asesinados por supuestos milicianos de la guerrilla del Eln, que al parecer los confundieron con personas de inteligencia militar.

El hijo mayor del periodista asesinado, Daniel Chaparro Díaz, quien viene adelantando una campaña en favor de la verdad en este caso, comentó que lo único que se concretó ayer al cumplirse los 20 años del crimen de su padre y de Jorge Torres es que “se formalizó la impunidad que ya estaba archivada en la Fiscalía General de la Nación”. De paso recordó que desde junio de 2000 el expediente ha permanecido en el despacho del fiscal Gustavo Adolfo Reyes, sin avances.

Paradójicamente, el pasado martes 12 de abril, Gustavo Reyes, fiscal sexto especializado de la Unidad de Derechos Humanos, quien además tiene a su cargo otras investigaciones por crímenes o acciones violentas en contra de periodistas, se pronunció para expedir una resolución inhibitoria en el expediente por los crímenes de los comunicadores Chaparro y Torres, con un razonamiento simplista: los presuntos investigados ya están muertos.

En su providencia recorre brevemente el historial de este penoso proceso, recordando que en su momento (agosto de 1993), fueron vinculados a la investigación Joaquín Lezcano Ortiz y Ramiro Alonso Madrid, supuestos milicianos del Eln, señalados por un tercero de haber participado en los crímenes. Asimismo, refiere que meses después, en segunda instancia, a ambos personajes se les precluyó porque los testimonios en su contra no tenían mayor respaldo probatorio.

De igual modo, la providencia recoge el sentido de las declaraciones de varios individuos que aseguraron que a los periodistas los habían asesinado William de Jesús Castrillón Sánchez y Magda Cecilia Castellanos Ruiz, también vinculados al Eln. Supuestamente, estos dos individuos eran pareja y después del asesinato de los periodistas se ocultaron en la casa de una prima, donde al parecer destruyeron las fotos que había tomado el reportero gráfico Jorge Torres.

No obstante, los cuatro investigados tuvieron la misma suerte. A William Castrillón lo mataron en Zaragoza en febrero de 1999. A Ramiro Alonso Madrid lo asesinaron en Medellín en noviembre del mismo año. Magda Cecilia Castellanos murió a tiros en su apartamento de Bucaramanga a finales de 2000. Y Joaquín Lezcano tuvo el mismo destino en marzo de 2002. En síntesis, los cuatro investigados ya no lo pueden ser más porque están muertos. Esa es la conclusión del fiscal.

Una evidencia que refuerza con una tesis aún más simplista. Como Chaparro y Torres nunca se identificaron como periodistas, eso llevó a creer a los milicianos de la guerrilla que se trataba de agentes de inteligencia. Por lo cual, concluye el fiscal, el homicidio “no fue perpetrado por su condición de periodistas, ni mucho menos por serlo del diario El Espectador, como desde el mismo momento de los hechos se difundió en los medios de comunicación hablados y escritos”.

Sin embargo, la investigación en si misma fue muy deficiente. Si bien se recaudaron algunos testimonios alrededor de la hipótesis del doble crimen cometido por equivocación, nunca se buscó otra posible razón. Prevaleció esta línea de investigación que, como lo resaltó el fiscal Reyes, condujo a concluir que ese era el modus operandi de las milicias urbanas: “ejecutar personas desconocidas que llegaban sin justificar su presencia en la población, y más cuando eran vistas tomando fotos o notas”.

Cabe recordar que el 11 de noviembre de 1998, en el mismo municipio de Segovia se perpetró la más cruenta incursión del paramilitarismo de la época, con más de cuarenta víctimas. Y que precisamente el motivo de la presencia de los periodistas Daniel Chaparro y Jorge Torres en este municipio era desarrollar un reportaje sobre la forma como su gente trataba de sobrevivir a un entorno de violencia donde la  guerrilla y el paramilitarismo seguían protagonizando la violencia.

La petición de las familias de los periodistas y del gremio de los comunicadores es que se declare este doble homicidio como crímenes de lesa humanidad, basados en que hoy la masacre de Segovia tiene esta condición, así como el homicidio en la persona del director de El Espectador Guillermo Cano, asesinado en diciembre de 1986. En este último caso, la Fiscalía admitió que el magnicidio de Cano fue parte de una persecución sistemática contra este diario de Bogotá.

Por lo pronto, las familias Chaparro y Torres decidieron ayer (domingo) mismo llevar el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en procura de que se imponga la verdad sobre lo sucedido en Segovia hace 20 años. En cuanto a la decisión del fiscal Gustavo Reyes Leiva, ésta puede ser apelada, pero no hay mayor expectativa en este caso porque lo que se busca es que se exploren otros caminos en la investigación, ya que por ahora el crimen continúa en la total impunidad.

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