Por AIS, a interrogatorio 7 exfuncionarios de Minagricultura

Fiscalía también citó a uno de los contratistas de la plataforma que habría derivado en un millonario escándalo de corrupción.

A interrogatorio fueron citados siete exfuncionarios más del Ministerio de Agricultura y un contratista presuntamente vinculados al escándalo de Argo Ingreso Seguro, AIS, que ya tiene privados de su libertad a cinco exservidores públicos.

La diligencia tendrá lugar el próximo 25 de mayo, en el despacho de un delegado ante la Unidad Anticorrupción del ente acusador, que integra el grupo de investigadores a cargo de indagar los supuestos hechos de corrupción que rodearon la plataforma, destinada a promover el retorno de familias pobres a los campos, para el desarrollo de programas productivos, pero que terminó financiando macroproyectos de algunos hacendados adinerados.

El grupo de exfuncionarios, posesionados en sus cargos entre 2005 y 2009, lo integran la ex interventora de la Dirección de Comercio y Financiamiento, Amparo Mondragón Beltrán; la directora Operativa, Alba Sánchez Ríos; la asesora de Despacho Lorena Garnica de la Espriella; la funcionaria de Dirección Jurídica, Marcela Urueña; el exjefe de la Oficina Jurídica, Julio César Daza Hernández, Marcela Guevara; y hasta la ex secretaria Privada Andrea Juliana Silva Cortés.

Así mismo, deberá responder a interrogatorio preparado por este grupo de indagadores la excontratista de AIS Juan Carlos Guzmán.

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Para el fiscal del caso, Martín Moreno San Juan, se trata del golpe de corrupción  más letal que ha sufrido la agricultura colombiana en toda su historia, ya que concluyó en un detrimento del patrimonio público cercano a los 302.000 millones de pesos.

Además de que algunas de las donaciones no reembolsables que estaban dispuestas para los más necesitados terminaron en manos de agricultores adinerados, señala la investigación, el Ministerio terminó celebrando contratos irregularmente suscritos, en tanto que habría otorgado a dedo convenios que requerían de procesos de selección objetiva.

Por ejemplo, el contrato celebrado con el Instituto Interamericano de Cooperación Agropecuaria, IICA, no fue el resultado de una convocatoria a licitación pública como, según  el fiscal, lo exigía la Ley. 

A pesar de que el Ministerio indicaba que el objeto del convenio era la cooperación tecnológica y científica, para justificar la legalidad de la modalidad de contratación, sostiene el acusador, se le otorgaba al contratista la responsabilidad de administrar recursos para publicitar programas de riego y dragados, y de ahí la necesidad de convocar a concurso a varios oferentes.


 

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