Por contrato de $12.000 millones rinden cuentas directivos de Cámara

La Procuraduría indaga si el director administrativo y dos de sus colaboradores erraron al optar por la contratación directa.

Al haber optado por la contratación directa para celebrar un convenio por casi 12.000 millones de pesos entre la Cámara de Representantes y la sociedad Infotic S.A., el director administrativo de la entidad, Jairo Jaramillo Matiz, fue citado a rendir descargos por la Procuraduría General de la Nación.

El Ministerio Público incluyó en esta indagación disciplinaria al jefe de Dirección Jurídica de la célula legislativa Carlos Alberto Flórez Rojas, así como al gerente de la contratista, Orlando Patiño Silva.

El acuerdo contractual, que tenía por objeto la adecuación de una sistema informático para la Cámara, al parecer, se enmarcaba dentro de las condiciones que, según el régimen de Contratación Estatal, requieren de la convocatoria a un proceso licitatorio.

Adicionalmente, dice el ente de control, el estudio económico previo a la celebración del contrato no demuestra que la parte contratante haya acogido las recomendaciones iniciales formuladas por el organismo de control.

“Habrían facilitado, autorizado y validado la escogencia como contratista para ejecutar el objeto del mencionado bilateral a una sociedad de economía mixta que posiblemente no tenía la capacidad real ni de experiencia para desarrollar el mismo”, dice la procuraduría frente a la presunta actuación de Jaramillo y Flórez.

Además, al director administrativo de la Cámara se le atribuye haber autorizado la cancelación de una factura de venta a favor de Infotic in que hubiera cumplido con las obligaciones adquiridas mediante la firma del convenio administrativo.

La sociedad mixta que se hizo al contrato, dice la Procuraduría, posee una mayoría accionaria de propiedad del estado, por cuanto su gerente Orlando Patiño goza de la calidad de servidor público, que lo mantiene bajo el control disciplinario de organismos de control; de allí que se indague si incurrió en una falta al asumir este compromiso, cuando al parecer esta empresa no contaba con las condiciones técnicas ni jurídicas para ejecutar el convenio.