Preocupa control del Gobierno argentino sobre empresas privadas

Las empresas donde el gobierno aumentará su poder son del sector energético, servicios públicos, alimenticio y financiero.

Empresarios y legisladores manifestaron su preocupación este miércoles por la decisión del Gobierno argentino de ampliar su participación en los directorios de 32 grandes empresas que administraron fondos de pensión hasta 2008, cuando ese sistema pasó a la órbita estatal.

La inquietud surgió ante la decisión de la presidenta Cristina Kirchner de eliminar por decreto el tope máximo del 5% en la representación del Estado en los directorios de las empresas que administraban fondos de pensión (AFJP).

La Unión Industrial Argentina (UIA) expresó en una nota "su preocupación por la modificación efectuada, a través del dictado de un decreto de necesidad y urgencia, a las condiciones de control y dirección de las compañías privadas en las cuales el Estado nacional posee participación accionaria".

A partir de ahora, la participación de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) será proporcional al paquete accionario que posee en esas firmas.

La poderosa organización empresarial solicitó al Gobierno que revea la medida y reiteró que "dentro del marco jurídico y de control que todo Estado debe ejercer, la promoción de la actividad privada es una de las claves del progreso de nuestro país".

La diputada opositora Patricia Bullrich consideró que "una vez más nos encontramos frente a una nueva extorsión sobre las empresas por parte del Kirchnerismo" y advirtió que una mayor presencia estatal puede "tornarse peligroso y hasta obstaculizar el normal desenvolvimiento empresario".

"Dicha medida confirma que el objetivo del gobierno es controlar y extorsionar, para poder llegar a las elecciones de octubre, teniendo todo bajo su poder", insistió la legisladora.

En tanto, el titular del ANSES, Diego Bossio, justificó la medida oficial al sostener que "la representación del Estado en empresas privadas que tienen oferta pública es lo más justo, y significa defender los derechos de trabajadores y jubilados", a través de la red social Twitter.

"Es lógico que accionistas que son de la misma clase tengan los mismos derechos", dijo Alejandro Vanoli, presidente de la Comisión Nacional de Valores y afirmó que la ANSES "no sólo es un inversor, sino que representa los intereses de los jubilados y futuros jubilados".

La UIA advirtió que otro tema que genera incertidumbre es la solicitud de la central obrera de ocupar puestos en los directorios de las empresas a partir de la decisión oficial.

"Creemos que tenemos derecho a solicitar esto. De todas maneras, es una decisión que toma el (Poder) Ejecutivo", dijo Juan Carlos Schmid, dirigente de la Confederación General del Trabajo (CGT).

Grandes firmas habían sido propietarias de las Administradoras de Fondos de Jubilación y Pensión (AFJP), con un capital global de unos 26.000 millones de dólares, absorbido por el Estado por ley del Congreso.

Las empresas donde el gobierno aumentará su poder son del sector energético, servicios públicos, alimenticio y financiero, entre ellas la brasileña Petrobras Energía (11,84% del capital en manos estatales).

También figuran las españolas Gas Natural BAN (26,63%) y BBVA Banco Francés (7,50%) y la poderosa siderúrgica argentina Siderar (25,97%), entre otras.

El gobierno de Kirchner estatizó en 2008 los fondos de pensión afirmando que la administración privada había fracasado y perjudicado a millones de trabajadores.

Según datos de 2008, los 3,6 millones de contribuyentes que tenían bajo su órbita las AFJP habían perdido en promedio 17,46% de su capital en un año.

Las AFJP habían sido creadas por el gobierno de Carlos Menem (1989-99), en el marco de una ola de privatización que abarcó a casi todas las áreas del Estado.

Los gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007), fallecido en octubre pasado, y de su sucesora y esposa Cristina Kirchner, impulsaron la reestatización de empresas públicas.

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